Walter Ávila González

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 60 millones de pesos por concepto de daño moral a Víctor Hugo Pérez Cartes, estudiante secundario a la época de los hechos, que ocurrieron el 29 de octubre de 1973.

Según detalló el fallo, en aquella fecha la persona afectada fue detenida por efectivos militares, quienes lo trasladaron al Regimiento Membrillar y luego fue recluido en la cárcel de Isla Teja de Valdivia, recintos donde fue sometido a torturas y tratos inhumanos.

En ese contexto, en fallo unánime la Segunda Sala del tribunal de alzada valdiviano confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Civil de Valdivia el 9 de agosto de 2022, que descartó las excepciones de pago y prescripción opuestas por fisco.

Sentencia

En el oficio emanado de la Corte de Apelaciones, se detalló que las normas de rango constitucional imponen "un límite y un deber de actuación a los poderes públicos y, en especial, a los tribunales, en tanto estos no pueden interpretar las normas de Derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional de los Derechos Humanos, estatuto normativo reconocido por Chile, que consagra este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile".

El documento agregó que también se rechazó la excepción de reparación, alegada como excepción principal, fundada en que Víctor Pérez ya fue indemnizado con ocasión del otorgamiento de pensiones de reparación de la Ley N° 19.123 y sus sucesivas modificaciones, ya que ello "contradice la normativa internacional antes señalada y porque el derecho interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, de modo que la responsabilidad del Estado siempre queda sujeta a las reglas del Derecho".

60 millones de pesos deberá pagar el Estado de Chile a Víctor Pérez Cartes, quien era estudiante secundario en 1973.

Carabineros del Labocar Valdivia lanzó una nueva campaña informativa, esta vez para evitar la comercialización de juguetes falsificados y sin garantías para la manipulación segura de menores, todo en el contexto de la proximidad fiesta de Navidad. Al respecto, el jefe de Labocar Valdivia, capitán Daniel Rojas, aseguró que la adquisición de productos fraudulentos y de dudosa procedencia está normada como infracción al Artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial.

El oficial añadió que todos los productos y/o juguetes sin certificación "pueden ser peligrosos para la manipulación de los menores por mantener composiciones tóxicas, inflamables o piezas de tamaño inapropiado según la edad".

En ese sentido, Rojas explicó que adquirir estos juguetes y artículos en el comercio formal y establecido es una de las principales recomendaciones.

Entre las medidas importantes a considerar están la verificación de los rotulados, etiquetas y descripciones en español, parámetros de edad, información del fabricante, distribuidor, marca y origen de cada juguete, además de verificar que los productos y/o regalos no sean tóxicos.

Finalmente, el jefe del Labocar de Valdivia manifestó que "conocer aquellos productos que no son originales es fundamental, ya que comprar o vender objetos falsificados, es delito y la forma más fácil de reconocerlos pueden ser por sus empaques defectuosos, malas impresiones de logotipos e imágenes, además de la calidad".