La crisis política y social que enfrenta Perú no da tregua, Ayer, a solo seis días de asumir sus cargos en el nuevo Gobierno, las ministras de Educación, Patricia Correa, y el de Cultura, Jair Pérez, renunciaron por la "desproporcionada" respuesta a las manifestaciones antigubernamentales en las que han fallecido al menos de 20 personas, 10 de ellas entre el jueves y ayer.

"Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte", escribió Correa en Twitter, donde compartió la carta enviada a la presidenta Dina Boluarte.

Por su parte, Pérez envió otra misiva en la que sostiene que "los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible" su permanencia en el cargo.

Por su parte, el Gobierno peruano decidió ayer enviar una misión de tres ministros, junto con un equipo de 30 médicos y paramédicos, a la región de Ayacucho, en el sur del territorio, donde el jueves se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad que dejaron ocho personas muertas.

Otros dos jefes de cartera se trasladaron a otras zonas en conflicto del país, donde los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el retorno de Castillo.

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, declaró que en el Gobierno está "trabajando todo un equipo" para afrontar la crisis.

Los fallecidos en Huamanga, la capital de Ayacucho, se sumaron a otros tres decesos producidos el jueves en la región norteña de la Libertad, todos por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante el primer día del estado de emergencia nacional decretado el miércoles por el Gobierno peruano por 30 días, para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las protestas contra el Ejecutivo. Un día después se decretó el toque de queda en 15 provincias.

Otros seis fallecidos se reportaron en el departamento de Apurímac, uno en Arequipa, uno en Huancavelica, uno en Junín.

Los manifestantes exigen el adelanto de elecciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Por su parte, la actual mandataria afirmó en Twitter que su país afrontó el jueves en Ayacucho "una triste jornada de violencia" y reiteró su "invocación a la paz".

Asimismo, hizo un llamado al diálogo a los manifestantes que reclaman su renuncia, con las iglesias católica, cristianas y evangélicas como intermediarias, "para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones que se han movilizado (...) Abriremos esos espacios para llamar a los líderes que encabezan estas marchas para escuchar sus demandas y canalizarlas".

Alberto Otárola, ministro de Defensa, casi al mismo tiempo reiteró "el apoyo incondicional a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en esta tarea tan sacrificada de controlar el orden interno".

"Más de 300 policías heridos, varios de ellos en estado de gravedad", añadió y dijo que las fuerzas de seguridad "han tomado control de espacios críticos nacionales"

"Esperamos que en el más breve plazo se restablezca la paz y el orden interno en el país", aseveró, mientras que el ministro del Interior, César Cervantes, dijo que la Policía está actuando "en el marco constitucional".

Rechazo del Congreso

En medio de la crisis, ayer el pleno del Congreso peruano rechazó el proyecto de adelanto de elecciones generales para diciembre de 2023.

El proyecto de ley, presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no obtuvo el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley.

Según señaló Guerra, la norma planteaba recortar el mandato de Boluarte y los congresistas, cuyo periodo debe concluir, en principio, en julio de 2026, e incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones.

10 víctimas fatales se han contabilizado desde el jueves hasta ahora. En total son 20 muertes desde el domingo.

15 provincias de Perú están bajo toque de queda. El miércoles pasado se decretó estado de emergencia nacional.

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, confirmó ayer que tres lactantes fallecieron por no llegar de manera oportuna a hospitales especializados en medio de las manifestaciones violentas en el país vecino. La autoridad sanitaria puntualizó que el proceso de traslado se efectuó, pero la principal dificultad se presentó cuando los pacientes no pudieron llegar al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y el de San Borja, ambos ubicados en Lima. A su vez, Gutiérrez alertó que se complicaba ayer la atención de pacientes graves en los hospitales de Ayacucho, foco de las principales manifestaciones en el sur del país.

Luego que la Justicia peruana ordenó el jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, mientras se investigan los posibles delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad en el intento fallido golpe de Estado del pasado miércoles 7 de diciembre, el destituido mandatario fue trasladado ayer al penal de Barbadillo, informó el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE).

El centro de reclusión se encuentra en el mismo recinto de la cárcel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes) donde estaba detenido hasta ahora en Lima.

La decisión sobre su traslado fue tomada por la Junta Técnica de Clasificación del INPE, integrada por un psicólogo, un abogado y una asistente social.

Según se estima, el expresidente del país vecino, podría estar en un área de tránsito entre las oficinas administrativas del mencionado centro de reclusión, donde también cumple condena Alberto Fujimori.

Castillo tendrá un espacio distinto de cualquier reo común dentro del Penal de Barbadillo.

A su vez, el expresidente peruano denunció que la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, acudió el martes al Palacio de Gobierno para "dar la orden" a la nueva presidenta, Dina Boluarte, de que sacara las tropas a la calle.

La diplomática visitó el martes a Boluarte, a quien reiteró el respaldo de Washington a "la institucionalidad democrática en Perú".

En esa línea, Castillo escribió en Twitter, poco después de conocer la decisión sobre su prisión preventiva: "Alerta compatriotas! La visita de la embajadora de EE. UU. a Palacio de Gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país. Fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso".

El destituido mandatario, agregó que, además, la intención de Kenna era "dejar el camino libre para las explotaciones mineras".

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), visitará el país desde el lunes de la próxima semana, ante la crisis desatada, tras una invitación del Estado.

6 de junio de 2024 termina la prisión preventiva de Castillo que dictó el juez Juan Carlos Checkley.