Denuncian penalmente a Alberto Fernández por no acatar fallo de la Suprema
ARGENTINA. El mandatario se niega a acatar restitución de fondos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y oposición interpuso dos recursos.
El presidente argentino, Alberto Fernández, abrió un inesperado conflicto institucional con la Corte Suprema tras anunciar que se negará a acatar un fallo que obliga al Gobierno a restituir fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que durante la última jornada derivó en dos denuncias penales impuestas por la oposición contra el mandatario por desobediencia hacia el máximo tribunal del país.
La exdiputada y líder de la opositora Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció junto a otros legisladores del bloque al jefe de Estado acusándolo de los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según consta en el documento al que tuvo acceso Efe.
Además, la denuncia se extiende a funcionarios del gabinete de Fernández, como el ministro de Interior, Eduardo De Pedro; el de Economía, Sergio Massa; y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
"Estas conductas significan una afrenta al sistema republicano de gobierno, habida cuenta que desafían públicamente a desconocer la autoridad constitucional de uno de los poderes del estado, sino que también debilitan las instituciones republicanas y aparecen como constitutivas de delitos de acción pública", expresa la denuncia de Carrió junto a otros legisladores de su espacio.
También la formación Republicanos Unidos (liberal) presentó una denuncia penal.
Esta controversia comenzó en 2020, cuando el Gobierno del peronista Fernández recortó los fondos que debe girar a la capital, un estado autónomo como las provincias argentinas, en concepto de distribución de los impuestos que el Fisco recauda y que deben ser repartidos entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
El alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una de las principales figuras de la oposición, acudió a la Corte Suprema, que el pasado miércoles, le dio la razón y dictaminó que el Poder Ejecutivo restituya a Buenos Aires el 2,95% de los fondos de la denominada coparticipación federal.
La ciudad debe recibir 997 millones de dólares adicionales a los que ya percibe.
"Resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el sólo hecho de resultar adverso a sus pretensiones", remarca el documento.
JUICIO POlÍTICO
Por otra parte, distintos bloques de la oposición estarían preparando un pedido de juicio político contra Fernández, remoción del cargo contra parte del gabinete presidencial y denuncias por sedición.
Fernández tachó el fallo de "político", "incongruente" y "de imposible cumplimiento", tras lo que decidió presentar un recurso para lograr la revocación 'in extremis' del fallo dictado por el máximo tribunal del país (ver recuadro).
Antes de que se conocieran las denuncias contra del mandatario, su decisión fue respaldada por los gobernadores de 14 de las 23 provincias argentinas, que pedirán a la Corte ser tenidas como partes en la causa.
Sin embargo, el alcalde capitalino rechazó que el fallo afecte los fondos que reciben las provincias y anticipó que, si el Ejecutivo nacional no cumple, denunciará judicialmente a los funcionarios responsables.
"El presidente tiene que hacerse responsable de esta decisión de violar la Constitución", dijo Rodríguez Larreta, posible presidenciable 2023. A su juicio, la decisión de incumplir el fallo quiebra "el orden constitucional", viola "el estado de derecho y la democracia" y es "el peor intento de una larga lista de ataques del kirchnerismo para anular la Justicia".