Sigue escalando la tensión en Bolivia por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, después de que el Gobierno de Venezuela manifestara su apoyo al Ejecutivo boliviano, presidido por Luis Arce, ante las protestas ciudadanas desatadas los últimos días en el país andino, las cuales el Ejecutivo de Nicolás Maduro calificó como una "embestida imperialista".

A juicio del Gobierno venezolano, las manifestaciones antigubernamentales en Bolivia son "acciones violentas" y "disturbios" propiciados por "un pequeño grupo de las filas opositoras al Gobierno de Luis Arce".

Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia, lleva una semana de protestas en rechazo al encarcelamiento del gobernador opositor Camacho, con vigilias y ataques en entidades estatales junto con bloqueos de carreteras y llamados al boicot a través del desabastecimiento alimentario del país.

Las protestas han derivado en enfrentamientos entre quienes piden la libertad de Camacho y la policía, en los que ha habido destrozos a varias instituciones públicas con decenas de arrestos.

Al respecto, la Cancillería de Venezuela declaró a través de Twitter que estas "acciones violentas" son parte de una "embestida imperialista" que busca afectar la paz y bienestar de ese país.

El canciller venezolano, Carlos Faría, apuntó, en la misma red social, que el Ejecutivo de Nicolás Maduro está satisfecho con "la actuación conforme a la ley" de las autoridades bolivianas "contra el golpismo".

El Ministerio de Justicia también emitió un mensaje en el que aseguró que el Gobierno del país andino defiende su patria y hace "valer la justicia".

"Desde Venezuela, rechazamos contundentemente los actos de violencia que vive nuestro pueblo hermano del Estado Plurinacional de Bolivia", expresó.

Agregó que "el mundo debe saber que los pueblos liberados por Simón Bolívar no permitirán que factores de la extrema derecha les arrebaten la paz y la tranquilidad".

Camacho desafiante

Durante la misma jornada, Camacho que se encuentra desde hace una semana en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, a 35 kilómetros de La Paz, desafió en una carta al Presidente boliviano a que "defienda a su Gobierno autoritario, en contra del proyecto democrático de las regiones.

Los colaboradores de Camacho, que desde su detención manejan sus redes sociales, publicaron una carta firmada por el gobernador cruceño.

"Sea valiente y acepte un debate conmigo. Un debate donde usted defienda a su gobierno autoritario, en contra del proyecto democrático de las regiones y de todos los bolivianos que queremos vivir en paz y sin dictadura", escribió Camacho a Arce.

El gobernador mencionó en el texto que el caso llamado "golpe de Estado I", por el que la policía lo apresó acusándolo de terrorismo, "es un caso inventado" que tiene la finalidad de "buscar una revancha" contra los que en 2019 salieron a "defender la democracia".

El oficialismo sostiene que ese año hubo un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que los opositores aseguran que la renuncia de Morales a la Presidencia fue consecuencia de las protestas ante las denuncias de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.

Camacho dijo que Arce "representa el proyecto dictatorial" de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), en tanto que él simboliza a su región, "la lucha por la democracia" e "indignación de millones de bolivianos".

Al final del escrito, el gobernador de Santa Cruz asumió que Arce "no aceptará" el debate y menciona que tanto el mandatario como él son "responsables ante la historia" por la situación del país. "Usted (Arce) por buscar revancha y conducir a nuestra Bolivia a una senda de dictadura, y yo aquí preso por levantarme junto a mi pueblo para impedir el fraude", finalizó.

28 de diciembre fue detenido por la policía el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

35 kilómetros de La Paz está ubicada la cárcel de máxima seguridad donde está preso el gobernador.

Marco Antonio Pumari, expresidente del Comité Cívico Potosinista, dijo que en la región de Potosí se realizarán movilizaciones ante el "riesgo" a la libertad en Bolivia, cuando se cumple una semana de la detención de Luis Fernando Camacho. "Potosí ingresa en movilizaciones, los manifiestos o pronunciamientos están por demás cuando la libertad del pueblo está en riesgo. Solo la acción en la unidad de los bolivianos sentarán la mano a cualquier Gobierno dictatorial y los operadores corruptos de la mal llamada Justicia", dijo. "La lucha debe ser en contra de la Justicia corrupta" que usa su "poder" contra "el pueblo inocente", agregó.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que su Gobierno seguirá "trabajando incansablemente para dejar atrás la inestabilidad y la incertidumbre" que afronta el país en medio de la crisis social y política que se agravó desde diciembre con protestas violentas en lasque murieron 28 personas y cortes de carreteras durante la última jornada de manifestaciones.

Durante la inauguración del año fiscal 2023, Boluarte enfatizó que "hoy el Perú vive una de las circunstancias más desafiantes de su historia".

"El Gobierno de transición que dirijo ha iniciado un proceso de diálogo con todos los sectores sin excepciones, nadie debe sentirse excluido", remarcó al respecto.

Boluarte dijo que, durante ese proceso, el Ejecutivo "no solo va a escuchar sino a atender las necesidades" de la población.

"Seguiremos trabajando incansablemente para dejar atrás la inestabilidad y la incertidumbre y llevar a cabo una transición ordenada y pacífica", señaló.

En medio de la expectativa del país, luego de los violentos enfrentamientos de diciembre, organizaciones políticas y sociales retomaron ayer las manifestaciones contra el Gobierno, que durante las primeras horas de se desarrollaron sin incidentes mayores, aunque con nutridas marchas y cortes de carreteras.

En la tarde, había 35 puntos bloqueados en las carreteras a nivel nacional: Junín, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios, Puno y Cusco, según el medio peruano El Comercio.

En ese contexto, el Gobierno implementó "corredores turísticos seguros" desde los aeropuertos hasta los centros históricos de Cusco, Arequipa, Puno y Tacna.

La convocatoria tenía como fin exigir la renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.

Las protestas comenzaron luego de que Boluarte asumiera la jefatura del Estado por sucesión constitucional, tras la destitución el 7 de diciembre pasado de Pedro Castillo por intentar cerrar el Legislativo, intervenir en la judicatura y gobernar por decreto, en un intento de autogolpe de Estado que llevó la Justicia a decretar su prisión preventiva, mientras que su familia recibió el asilo político en México.

Castillo gobernó poco más de un año en medio de pugnas irreconciliables con el Poder Judicial, el Congreso, y al momento de su destitución era investigado por la Fiscalía Nacional por al menos seis casos distintos de corrupción. Tres de sus familiares también eran indagados en esas causas.