Daniel Navarrete Alvear

El pasado viernes se conoció la notificación de despido para 17 trabajadores del Casino Central UACh; a los que se sumarían otros 20 funcionarios de las direcciones de Infraestructura y Servicios, como consecuencia de una fusión entre ambas instancias.

En el caso del casino, corresponde a una externalización del servicio que funciona en el Campus Isla Teja. La medida fue tomada por la Comisión de Adecuación, Sostenibilidad y Proyección Institucional que se formó en la UACh en noviembre del año pasado para enfrentar las crisis financieras del último tiempo.

Desde la universidad, se dijo: "Son decisiones transversales y colectivas que responden a un proceso de modernización institucional y que sin duda son dolorosas de adoptar. Ciertamente reconocemos el trabajo de quienes han sido desvinculados, sin embargo, es importante comprender que estas adecuaciones buscan hacer más eficiente los procesos institucionales y así ofrecer un mejor servicio a nuestros estudiantes".

Denuncia

Frente a la situación, el Sindicato Nacional N° 1 de Trabajadores de la Universidad Austral de Chile hizo pública su molestia. A través de un comunicado, se indicó: "Esta medida propuesta por el Vicerrector de Gestión Económica y Administrativa, fue rechazada totalmente por la directiva sindical en reunión de subcomisión, donde posteriormente estas medidas pasarían a votación de Consejo Académico y Directorio de la Universidad Austral, reuniones que se efectuaron inmediatamente después de finalizar la nuestra, por lo que nuestra opinión no fue considerada". Según se indica, todo se resolvió el viernes durante la mañana.

"No existe ningún 'plan integral', no se ha presentado nada. Solamente se han enfocado en despidos y en proyectos de nuevos ingresos. No hay ninguna intensión de solucionar los problemas de manera inteligente, sino que más bien, de la manera más fácil. Nosotros estamos pagando por el daño que han hecho las distintas administraciones de la universidad y ellos no están asumiendo ningún costo por las malas gestiones realizadas. Todo se nos está cargando a nosotros como trabajadores", señaló Solange Doussoulin, presidenta del Sindicato N° 1 que agrupa a más de mil trabajadores.

Respaldo

El Sindicato de Docentes también lamentó los hechos. "Hemos visto el atropello a la legitimidad de los trabajadores en una reunión informativa- más bien validadora - para justificar el despido de 37 funcionarios/as con familias, madres, esposas, hijos y dependientes legales. El procedimiento está lejos de ser consultivo, está lejos de ser participativo, está lejos de la decencia humana, lejos de los derechos humanos. Más bien es denigrante, un insulto a la clase trabajadora de la Universidad Austral de Chile", se indica en un comunicado público.

El senador por la región de Los Ríos e integrante de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Alta, Iván Flores García. solicitó una sesión especial, con presencia de los Ministros de Transportes y Obras Públicas, para aclarar el real estado de las barcazas de Corral, Llancacura e Isla Huapi, ya que a juicio del parlamentario "tenemos un problema de conectividad de barcazas y procedimientos en todo Chile y en ese escenario, es vital entregar una pronta solución a la comunidad".

Al respecto Flores señaló que "en el financiamiento y subsidio de las barcazas, son dos los ministerios que coparticipan en ello, pero cuando el sistema falla, todo el mundo queda de manos atadas, tal como está sucediendo con la barcaza de Isla Huapi, la cual sigue abandonada, ya que a pesar de haber sido financiada por el Ministerio de Obras Públicas, no se puede recuperar porque es una compra de servicio".

Agregó que "lo mismo sucede con la barcaza en Puerto Lapi, la cual habría tenido que entrar en funcionamiento en el verano pasado, para unir a la gente de Llancacura con Osorno y la provincia del Ranco, sin embargo ha pasado un año y aún nada".

Finalmente el parlamentario enfatizó que "la gente de Corral requiere de conectividad y una tercera barcaza. De verdad espero que por el bien de la comunidad pueda haber una respuesta pronta y clara sobre el servicio de barcazas para estas zonas, que ya no pueden seguir esperando".

La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), publicada esta semana, informa que sólo un 49% de los encuestados señala que "la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno", mientras que un 25% aseguró que "a la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario". Estos bajos porcentajes de valoración ciudadana de la democracia son un llamado de atención para mejorar la calidad de nuestro sistema político.

Decía Winston Churchill que "la democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando a todas las otras que han sido intentadas". Sin embargo, si la democracia consistiera únicamente en asegurar el poder de las mayorías, o en una simple plataforma electoral, tarde o temprano sería ineficaz y serviría de tránsito hacia formas de autoritarismo.

Para fortalecer la democracia es preciso entender que lo central o esencial en ella no es la voluntad de una mayoría sino el ejercicio "justo" del poder del pueblo. Cuando la voluntad mayoritaria carece de límites, la democracia pasa a ser "democradura", palabra acuñada por Rosanvallon, o tiranía de masas. La democracia justa, en cambio, nace en Grecia bajo la idea de que sólo la unanimidad es reflejo genuino de la voluntad de todos. Como esto no es posible en sociedades modernas, la unanimidad ha sido reemplazada por el voto de la mayoría, pero esta no podría asumir para sí la fuerza legitimadora de la unanimidad.

¿Significa entonces que la aprobación mayoritaria de leyes y de gobiernos no es democrática o legítima por falta de unanimidad? No, al contrario, el gobierno de la mayoría continúa siendo el menos imperfecto de todos, pero no corresponde atribuirle un sentido de representación total de la voluntad social. Esto sugiere comprender la democracia como mecanismo de fijación de mínimos posibilitadores del desarrollo de todos, incluso de aquellos que no comparten el parecer mayoritario. Esto exige que las decisiones democráticas deben promover y resguardar, en igualdad de condiciones, a las familias, corporaciones educativas, empresas, juntas vecinales, iglesias, pymes, asociaciones, clubes, sindicatos, etc., que forman el tejido social.

En consecuencia, es una mala democracia aquella fundada en la exclusión o discriminación de minorías de distinta índole, o de desprecio del aporte de la familia -primera escuela de virtudes- y de las asociaciones al bien común. Resalta aquí otro resultado de la encuesta CEP. Un 53% de los encuestados dijo que la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas y no en el Estado, versus un 17% que opinó lo contrario. Esta es señal inequívoca de que una gran mayoría de chilenos quiere un Estado que regule, fiscalice y apoye el emprendimiento privado, pero no que lo sustituya o reemplace.

Tampoco hay buena democracia cuando el sistema político cae en desprestigio por la ineficacia de sus directivos. La discusión constitucional que se avecina debería hacerse cargo de la falta de legitimidad de nuestras instituciones, principal factor de minusvaloración de la democracia. Asoman aquí la atomización de los partidos políticos, el nombramiento de autoridades sin concurso público o idoneidad suficiente, y la desregulación en materia de probidad y conflictos de interés, entre otras.

La democracia es la mejor defensa frente a los riesgos de autoritarismo y de totalitarismo, cuando logramos que funcione bien. La encuesta CEP demuestra que nuestra democracia muestra síntomas de enfermedad. Estamos a tiempo de remediar.

"Es una mala democracia aquella fundada en la exclusión o discriminación de minorías de distinta índole, o de desprecio del aporte de la familia y de las asociaciones al bien común".

"Tampoco hay buena democracia cuando el sistema político cae en desprestigio por la ineficacia de sus directivos. La discusión constitucional que se avecina debería hacerse cargo de la falta de legitimidad de nuestras instituciones".

*Profesor de Derecho Administrativo e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.