Redacción Diarioaustral

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50 millones por concepto de daño moral a Higinio Asterio Delgado Fuentealba, funcionario y dirigente de la salud que fue detenido el 25 septiembre de 1973 por efectivos militares, quienes lo trasladaron al Regimiento Membrillar. En ese recinto fue sometido a torturas y tratos inhumanos y luego ingresado a la cárcel de isla Teja, donde permaneció por tres años cumpliendo una condena por supuestas infracciones a la ley de control de armas.

Ahora, en fallo unánime (causa rol 1055-2022), la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Juan Ignacio Correa Rosado, Rodrigo Carvajal Schnettler y el abogado Luis Felipe Alfonso Galdames Buhler- confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Civil de Valdivia, que descartó las excepciones de pago y prescripción opuestas por el fisco.

En este sentido, los magistrados indicaron que "teniendo en consideración que el documento acompañado en segunda instancia por la demandada, que no fue objetado, consistente en oficio proveniente del IPS, que da cuenta de las sumas de dinero recibidas en forma periódica por el actor, en nada altera lo resuelto por el tribunal a quo en la sentencia apelada, SE CONFIRMA la sentencia en alzada", consigna el fallo.

La resolución agrega que: "(…) no resultan aplicables a estos efectos las normas de Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes o de indemnización de perjuicios, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional" y que "así las cosas, se rechazará la excepción de prescripción extintiva, alegada de forma subsidiaria por la demandada (…) también se rechazará la excepción de reparación, alegada como excepción principal, fundada en que el actor ya fue indemnizado con ocasión del otorgamiento de pensiones o de reparación de la Ley N 19.123 y sus sucesivas modificaciones, y en virtud de la Ley N 19.980, pues ello contradice la normativa internacional antes señalada y porque el Derecho interno solo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, de modo que la responsabilidad del Estado siempre queda sujeta a las reglas del Derecho internacional", agrega.

En definitiva, para el tribunal de base "con el análisis de los medios de prueba valorados en los fundamentos anteriores permiten dar por acreditada la existencia y entidad del daño moral", por lo cual se ordenó que "se le otorgará prudencialmente al demandante la suma de cincuenta millones de pesos".

3 años recluido en la cárcel de Isla Teja cumplió Higinio Delgado Fuentealba.

Un joven de 32 años de edad falleció ahogado ayer en las aguas del lago Ranco, específicamente en la Playa La Arena, en el sector de Caunahue, comuna de Futrono.

Según informó el sitio www.diariodefutrono.cl, "el trágico hecho tuvo lugar este domingo, cuando tras encontrarse con un grupo de cercanos compartiendo al interior del lago, la víctima se sumergió y no volvió a ser avistado por sus acompañantes".

También se indicó que el joven no sabía nadar y que la Playa La Arena no se encuentra habilitada para el baño, ya que no cuenta con personal salvavidas, por lo cual solamente es considerada como solanera.

Inicialmente, integrantes del Grupo Especializado para Rescate Subacuático (Gersa) de Futrono y personal de la Armada trabajó en la búsqueda del cuerpo, pero al cierre de esta edición aún no se reportaban novedades respecto de su posible hallazgo.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia, ministro Luis Moisés Aedo Mora, encabezó una reunión de coordinación con autoridades regionales vinculadas al ámbito penitenciario, con el objetivo de tratar temas como infraestructura y traslados en el Complejo Penitenciario Llancahue.

En el encuentro participaron, además, el ministro del tribunal de alzada, Rodrigo Carvajal Schnettler; el seremi de Justicia, Esteban Matus Flores; el juez presidente del Juzgado de Garantía de Valdivia, Edmundo Devia González; el director regional (s) de Gendarmería, Alberto Figueroa Quezada; el teniente coronel y jefe operativo regional de Gendarmería, Héctor Miranda Almonacid; el defensor regional, Luis Soto Pozo; y el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sebastián Smart Larraín.

El ministro Aedo explicó que "el objetivo de la reunión estuvo básicamente orientado a abordar la situación de la cárcel de Valdivia, en aspectos relativos a la infraestructura, recientes traslados de internos y la respuesta de los programas de salud mental para los residentes del recinto penitenciario. Junto a ello, se establecieron tareas a llevar a cabo por las distintas instituciones participantes del encuentro, orientadas a cumplir los múltiples desafíos en esta materia".

Tras la reunión, se acordó la elaboración de un diagnóstico del Complejo Penitenciario Llancahue, entre otras medidas, además de continuar empleando los mecanismos judiciales de cautela de garantías y reforzar los criterios de resocialización de la población penal.

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó el fallo que ratificó la multa por incumplimiento de contrato colectivo y que le ordenó a la empresa supermercadista Rendic Hermanos S.A. pagar la suma de $3.494.880, por no transferir asignaciones por pérdida de caja a una trabajadora del local Unimarc, de la comuna de Paillaco.

En un fallo unánime (causa rol 331-2022), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Luis Aedo Mora, la ministra María Soledad Piñeiro Fuenzalida y el abogado (i) Luis Galdames Buhler- descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, que rechazó con costas el reclamo judicial de multa interpuesto por la empresa, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia.

El fallo judicial plantea que "la única causal invocada requiere aceptar los hechos fijados en la sentencia, pues el error que se debe invocar es al aplicar el derecho, ya sea por no aplicar una norma, aplicar una equivocada, o interpretar aquellas de forma errada".

La misma resolución agrega que se tuvieron por establecidos "la existencia de un contrato colectivo, en el que se pactó el pago de una asignación por pérdida de caja; que en el anexo D aparece el nombre de la trabajadora como una de las personas con derecho al mismo; y que la trabajadora se desempeñó como cajera entre enero y junio de 2022".

En definitiva, la sala resolvió rechazar con costas el recurso de nulidad interpuesto en representación de la demandada Rendic Hermanos S.A., en contra de la sentencia del 11 de noviembre de 2022.