El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, denunció ayer que está en marcha un "ataque organizado hacia el Estado de derecho y a las instituciones" y un "golpe de Estado" en su país, tras una jornada de protestas que se saldó con 17 manifestantes y un policía muertos, lo que gatilló que se decretara toque de queda en Puno, epicentro de las últimas protestas.

En una declaración sin preguntas, Otárola afirmó que los enfrentamientos ocurridos al inicio de la semana en la ciudad de Juliaca, donde murieron 17 manifestantes y un policía, fueron "un ataque organizado, sistemático de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el estado de derecho y las instituciones" de la sureña región de Puno.

"Como si estuvieran en un escenario de guerra, han tratado de tomar el aeropuerto", dijo tras aseverar que la responsabilidad es de "quienes quieren dar un golpe de Estado".

Agregó que esta acción movilizó a unas 9.000 personas en Juliaca y que 2.000 "iniciaron un ataque sin cuartel contra la Policía (...) generando una situación extrema".

En ese sentido, el jefe del gabinete pidió a las autoridades competentes "capturar y procesar a quienes están destruyendo el país, financiados con el dinero oscuro del narcotráfico".

Caos y violencia

Perú lleva semanas sumergido en el caos tras la destitución y posterior prisión preventiva del exPresidente Pedro Castillo, luego de que intentara un autogolpe de Estado para gobernar por decreto, disolviendo el Congreso e interviniendo los demás poderes.

En la última jornada seguían bloqueadas al menos 53 carreteras, 10 de ellas vías nacionales, con el tránsito interrumpido en seis regiones.

La mayoría de los bloqueos están en la región sureña de Puno, ubicada a más de 1.200 kilómetros al sur de Lima, donde hasta ayer en la madrugada se reportaban 18 personas fallecidas en violentos enfrentamientos.

En la noche, una serie de tiendas y locales comerciales, así como entidades públicas, fueron blanco de numerosos y violentos saqueos.

También hubo ataques y saqueos a las sedes de la Superintendencia Nacional de Aduanas, del Ministerio Público y a la casa del congresista Jorge Luis Flores, representante de Puno por el partido conservador Acción Popular, que sufrió un incendio.

Los manifestantes, entre los que se cuentan 73 heridos, exigen la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones generales a 2023.

Toque de queda y duelo

Durante la última jornada el Gobierno departamental de Puno decretó tres días de duelo en toda su jurisdicción, mientras que el primer ministro Otárola, anunció que el Gobierno de la Presidenta Boluarte aprobó declarar un toque de queda nocturno por tres días en Puno, vigente desde las 20:00 horas hasta las 4:00 de la mañana.

"Esto en salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno", declaró Otárola.

Otárola lamentó la "pérdida irreparable" de los fallecidos, que desde diciembre suman 39 manifestantes muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, 7 por hechos vinculados a las protestas y el policía cuyo cuerpo fue calcinado.

Por su parte, el gobernador de Puno, Richard Hancco, dispuso el duelo regional desde el martes hasta mañana "en razón a los trágicos sucesos ocurridos", para "aunarse al dolor de las familias dolientes y solidarizándonos con la población afectada".

Invocó, además, a la Fiscalía a que comience "las investigaciones contra los responsables de estos deplorables hechos que enlutan a la región Puno" y rechazó "cualquier acto de violencia y el uso exagerado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas del Perú, en la ciudad de Juliaca".

En este caótico contexto, ayer el gabinete de la Presidenta Boluarte, encabezado por Otárola, llegó al Parlamento entre gritos de "asesinos" por parte de legisladores de izquierda, a pedir el voto de confianza para ser investidos en sus cargos, lo que al cierre de esta edición aúin no ocurría.

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, confirmó que un suboficial de la policía murió tras ser "quemado vivo" por una turba que lo atacó en Juliaca. Se "constata que un policía fue golpeado y maniatado y el otro, el subalterno de segunda José Luis Soncco Quispe, ha fallecido, ha sido quemado vivo en su patrullero", aseguró Otárola. "En las inmediaciones del colegio San Martín, en la urbanización Colmena en Juliaca, un grupo de manifestantes retuvo a la unidad móvil de la unidad de emergencia de la PNP, conformada por una tripulación de dos suboficiales, quienes fueron agredidos a mansalva por los manifestantes", detalló.

El cardenal peruano Pedro Barreto, arzobispo de la ciudad de Huancayo, hizo un llamado a la calma ante "la situación de guerra y de enfrentamiento" que se vive en el país, mientras que el presidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, denunció que se produjeron dos atentados contra sus sedes en Puno, en medio de la "preocupación" de Naciones Unidas.

El cardenal Barreto, quien también es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, señaló en la emisora RPP que sigue "con mucha pena, mucha tristeza" los acontecimientos violentos que se han presentado en la región de Puno.

"La verdad es que estamos en manos de la barbarie", enfatizó, agregando que se debe "reconocer que hay justos reclamos de la población" y que las autoridades del país deben cumplir "su rol fundamental".

Por ese motivo, "no hay que discutir este derecho a la protesta", pero agregó que "al mismo tiempo cuando ya se cometen destrozos y hay una actitud no solamente provocadora contra la vida y la propiedad privada", se debe indicar que eso "es un delito".

En ese contexto, Arévalo, presidente del Poder Judicial, condenó "enérgicamente, el reciente atentado cometido contra las sedes judiciales de (las localidades) El Collao y Puno".

Detalló que los ataques "han originado la destrucción de expedientes judiciales y daños a la infraestructura física, perjudicando principalmente la tramitación de procesos de carácter social".

Ante este escenario, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su alarma por el agravamiento de la crisis política. "Estamos muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú, que el lunes 9 de enero vivió uno de los días más mortíferos desde que comenzaron los disturbios", indicó en un comunicado.

"Instamos a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las personas muertas y heridas, y que se garantice a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación", enfatizó.