Tras la bullada salida de Marcela Ríos, ayer el Presidente Gabriel Boric presentó con un fuerte abrazo en La Moneda al nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero.

El nuevo secretario de Estado fue consultado rápidamente por los 13 indultos que concedió el año pasado el mandatario, por las desprolijidades y errores que aún no se aclaran y por el escándalo que produjeron, pero el nuevo titular de cartera señaló que históricamente estos mecanismos son complejos, polémicos y que esta vez se trata de "una figura legítima".

Sin dar muchos detalles, dijo que "quiero llegar al Ministerio de Justicia, conocer a todo el mundo. Una vez que tenga todos los antecedentes yo podría responder cada una de las preguntas".

"Le voy a responder como un viejo profesor de la práctica profesional de la Corporación de Asistencia Judicial: papelitos primero; miramos los papeles y luego yo le puedo responder esa pregunta", insistió Cordero tras las constantes preguntas que aún nadie en el Gobierno, a más de 10 días de los perdones equivocados, ha sabido explicar por qué se otorgaron y qué ocurrirá con ellos.

Sobre la figura, recordó que "los indultos en Chile, si ustedes revisan su aplicación desde la década de los 90 hasta hoy, habitualmente han sido conflictivos respecto del ejercicio, cómo se ejercen, la fundamentación. Simplemente basta ver la discusión pública".

"Todos esos decretos están fundados. Otra cosa distinta es si uno comparte o no comparte los fundamentos. Pero esa es una discusión que yo prefiero tener con detención más adelante", expresó el ministro entrante.

Nuevos antecedentes

Según reveló el medio Ex-Ante, fuentes en el ministerio de Justicia aseguraron que funcionarios que participaron del proceso le habría hecho notar a la jefa de Asesores de la ministra, Natalia Arévalo, que algunos de quienes no iban a ser indultados no cumplían con los requisitos.

De hecho, agregan que funcionarios que firmaron los decretos "fueron obligados por su responsabilidad como funcionarios administrativos".

El medio indica que llegaron 13 carpetas y no tienen explicación para que en primera instancia se anunciaran solo 11 indultos. "Las consultas y decisiones se adoptaron en coordinación con el jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía", afirmó Ex-Ante.

Pensión de gracia

En otra arista del sonado caso, el subjefe de la bancada UDI, Juan Antonio Coloma, y los diputados Henry Leal, Cristián Labbé y Flor Weisse, oficiaron al ministerio del Interior para que transparente si alguno de los condenados por delitos en el "estallido social" recibieron o solicitaron la pensión de gracia que otorgó el Gobierno a quienes sufrieron menoscabo laboral en aquella ocasión.

Los parlamentarios señalaron que, hasta octubre de 2022, 367 personas se encontraban recibiendo la pensión según información conseguida tras una solicitud por Transparencia.

Indicaron que el Gobierno "tiene la obligación de transparentar, a la brevedad posible, si alguno de estos delincuentes recibieron o no una pensión de gracia, lo que sería extremadamente grave".

La corte suprema

Por su parte, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dejó atrás la polémica sobre las declaraciones del Presidente Boric, quien habló de "irregularidades" en el proceso de Jorge Mateluna y recibió un "recordatorio" del Poder Judicial.

"Creo que tenemos que quedarnos con la explicación que el propio Presidente dio y que, como digo, creo que se tomó el tiempo de detallar y de demostrar un especial aprecio y preocupación con el Poder Judicial, cosa que evidentemente se valora", destacó.

Diputados de oposición anunciaron la solicitud para crear una comisión especial investigadora por las "desprolijidades en los indultos" para determinar si corresponde una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric. Esta decisión se tomó luego de que la bandada de Renovación Nacional revisó un informe jurídico sobre esta posible acción, pero el legislador Miguel Mellado indicó que "como parlamentarios somos serios y cautos, y eso significa que antes de la acusación tenemos que evaluar todos los méritos, tanto jurídicos como políticos, y los méritos políticos se buscan en una comisión investigadora".

El abogado Davor Harasic, involucrado en la defensa del indultado Jorge Mateluna, dijo en La Segunda que aunque no conoce lo suficiente al Presidente Boric, "me da la impresión de que es un hombre muy prístino. No es posible que no sepa que Mateluna, para el sistema, es culpable, siendo él abogado además. A lo mejor, lo que quiso decir, es que él no lo siente así". Además, planteó que "me habría gustado que sólo se hubiera indultado a Jorge. Todo habría sido más simple, ahora lo mezclan con (Luis) Castillo y los llamados presos del estallido, con los que él no tiene nada que ver".

Tras el anuncio del Gobierno sobre el tren que irá desde Viña del Mar hasta Santiago, pasando por Limache, las críticas llegaron por parte de diversas autoridades de la zona, como el Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

En conversación con radio Biobío, afirmó que este proyecto "es una imposición del nivel central a la región".

"Es una decisión absolutamente inconsulta, autoritaria y que refleja el irrespeto al proceso de descentralización", añadió, asegurando que se enteró por la prensa del anuncio.

"No da respuesta a las necesidades reales que tiene la región", expresó Mundaca, que afirmó que se necesita un tren entre San Antonio y Santiago para carga y pasajeros.

Por otro lado, el alcalde de Curacaví, Juan Pablo Ramos, reclamó por el tren, pues esperaban ser una alternativa a una vía similar a la Ruta 68.

"El Gobierno una vez más no nos considera para regular y mejorar el transporte que tenemos a Santiago y así como no ha regulado el perímetro de exclusión hoy, nuevamente nos deja fuera de una opción para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en busca de una solución definitiva", aseguró el jefe comunal.

Además criticó que no los consideraron para hablar de la nueva concesión de la ruta 68: "Tampoco se nos ha invitado a participar en su diseño, siendo Curacaví el eje basculante de la misma, y sufriendo permanentemente sus externalidades negativas, como los verdaderos encierros que debemos soportar en fechas de alto trafico".

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, se defendió de los cuestionamientos y, con respecto a un tren que conectara Valparaíso y Santiago en 45 minutos, indicó que "son inversiones demasiado cuantiosas, que no se pueden absorber, que habrían tenido costos del pasaje excesivamente caros, que no podría ser para todo el mundo".

El secretario de Estado remarcó que el proyecto presentado "es viable" y recordó que consta de dos etapas, pues en el futuro se construirían dos túneles que harán más rápido el recorrido.

"Aquí no hay una mirada ideológica, hay una mirada práctica, realista y financieramente responsable", selló.

90 minutos tardará el tren entre Viña del Mar y Santiago, lo mismo que un bus por la Ruta 68.