Nueva oportunidad constitucional
Antes del 31 de enero deben nombrarse los expertos del proceso. Es de esperar que las regiones no queden subrepresentadas. La Cámara de Diputados aprobó el cronograma. El Presidente debe ahora promulgar la reforma que lo habilita. A fines de año será un nuevo plebiscito de salida.
Con 109 a favor, incluyendo a los parlamentarios de Los Ríos, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que habilita el segundo proceso constitucional. La votación fue el miércoles y la próxima semana debería ser promulgada la ley respectiva por el Presidente Gabriel Boric, para comenzar de inmediato con su aplicación.
Si todo sale como lo esperado, en diciembre de 2023 ya debiese haber una nueva Carta Magna, si es que la propuesta es aprobada por un plebiscito de salida, fijado para el día 17 de ese mes. Pero lo primero es que el 6 de marzo debe comenzar el trabajo de la Comisión Experta, formada por 24 personas nombradas por la Cámara de Diputados y el Senado, antes del 31 de enero; es decir, en dos semanas y media más.
¿A quiénes elegirán? Se espera que sean personas representativas del territorio y las realidades; especialistas en diferentes áreas; hombres y mujeres en igualdad de número y con el compromiso de generar, en un plazo de tres meses, un primer borrador respetando las 12 bases constitucionales contenidas en el llamado "Acuerdo por Chile" firmado por los partidos políticos el 12 de diciembre pasado.
Un segundo paso es la elección de los Consejeros Constitucionales. Las campañas debieran comenzar en febrero (las inscripciones cierran el 14) y la votación sería el 7 de mayo, la primera con sufragio e inscripción obligatoria. Cada región elegirá la misma cantidad de senadores que hoy tiene. En total, serán 50 personas y, a nivel local, tres. Además se ha hablado de escaños de pueblos originarios en proporción a la población. Trabajarán un máximo de 5 meses, desde el miércoles 7 de junio en adelante.
También debe definirse un Comité Técnico de Admisibilidad, el cual debería componerse de 14 juristas con "destacada trayectoria judicial, profesional y/o académica".
Estas definiciones sin duda que son positivas. Trazan un rumbo para este proceso y dan una nueva oportunidad nacional de llegar a acuerdos. Es de esperar que se desarrolle en armonía y que la voz de las regiones no quede subrepresentada, en ninguna de las instancias expuestas. Los congresistas locales debieran asumir esa tarea como propia y la ciudadanía, estar atenta a que se cumpla.