Futuro del río San Pedro
El río San Pedro es el principal afluente del río Valdivia. Es una importante reserva de agua para las ciudades de Valdivia y Los Lagos, abasteciendo a miles de personas con agua potable, entre otros servicios ecosistémicos.
En dicho territorio, se emplaza el proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro, que obtuvo su aprobación ambiental en 2008. En septiembre del 2022, Colbún anuncia el retiro del proyecto, presentando un plan de cierre, donde propone medidas para asegurar la estabilidad de las estructuras que se alcanzaron a construir, y recuperar los atributos visuales y naturales del paisaje. Pero, en lo concreto, dichas medidas, ¿Serán suficientes para compensar el impacto en el lugar? ¿Podrán responder al objetivo ciudadano, que es la restauración y protección del río?.
Lamentablemente, no tenemos certeza a estas preguntas y tampoco claridad sobre el destino de los predios de alto valor ambiental de la empresa, que podrían transferirse a un ente público para convertirse en un área natural, que garantice el acceso responsable al río, permitiendo el goce de los vecinos y vecinas, además de ser un aporte al desarrollo local y turismo.
Por otra parte, si la empresa optara por la devolución de los derechos de aprovechamiento de agua al Estado, el caudal del río debiera quedar protegido a perpetuidad, por ejemplo, a través de la figura legal de reserva de caudal. Esto entraría en sintonía con la agenda ciudadana e institucional que busca la recuperación y protección ambiental del territorio a través de la declaratoria de Santuario de la Naturaleza en el río San Pedro.
Camilo Hornauer Pdte. ejecutivo Fundación Plantae
Crisis en Isapres
El fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores de los planes de salud de las Isapres, ha puesto de manifiesto la crítica situación del financiamiento de la salud en nuestro país.
En este contexto, debemos tener presente que si dichas aseguradoras colapsan, tres millones de personas aproximadamente pasarían al sistema público sobrecargando la red pública e incrementando las listas de espera, lo cual afectaría no sólo la atención en general, sino a los adultos mayores con preexistencias y la situación en regiones, sería de colapso generalizado en las demandas, cómo nos ocurriría en nuestra región, ya que el 87% de la población está en Fonasa.
Necesitamos lograr mayor eficiencia en nuestro sistema de salud y que a su vez, se resguarde la capacidad de elección de cobertura, el cual es un derecho de carácter constitucional, sin perjuicio que es fundamental cambiar aspectos, como: las complejidades en los planes, la población cautiva por preexistencias, el aumento sostenido en primas, junto a otras variables de índole sanitarias.
Desde nuestra Fundación, preocupados por el devenir regional y nacional, hacemos un llamado a las autoridades respectivas, para que se logre con urgencia, un acuerdo político transversal en esta materia y en paralelo, se pueda avanzar con celeridad en otras tan sentidas, como son: la Seguridad y la Educación.
Marta Canto Castro Pdta. Fundación Foro de Los Ríos.
Fondos generacionales
Una buena idea de la reforma previsional es la propuesta de crear 10 "fondos generacionales" en reemplazo de los actuales, en donde la asignación del fondo dependerá de la edad del afiliado, según el tiempo faltante para pensionarse.
La principal diferencia de los fondos generacionales con los multifondos, es que el afiliado no tiene la facultad de cambiarse entre ellos, pero tiene la ventaja de administración de sus ahorros previsionales a largo plazo, y en particular que efectivamente la persona tenga un mayor riesgo cuando joven, y que el riesgo de inversión vaya disminuyendo a medida que se acerca a la edad de pensión, logrando mayor eficiencia.
Eduardo Jerez Sanhueza eduardo@masprevision.cl
Institucionalidad ambiental
Se ha convertido en casi una tradición que cada Presidente se salte, de un modo u otro, la institucionalidad ambiental.
Lo hizo Lagos con Alumysa, Bachelet con Hidroaysén, Piñera con Barrancones y ahora lo hace Boric con Dominga. Los casos no son iguales, pero todos tienen en común que no se dejó a las instituciones funcionar libremente, sino que fueron objeto de una orden política desde más arriba.
Este gustito es caro. Y no me refiero a la inversión que deja de entrar al país, sino al deterioro progresivo a las instituciones.
Mucho caudal se ha hecho acerca de tecnificar la institucionalidad ambiental. Pero la señal que se da con este tipo de situaciones es justamente la contraria. Para despolitizarla lo primero que se debe hacer es no intervenir en sus procedimientos, reglados por lo demás. El perfeccionamiento del SEIA como un todo -que actualmente se discute- pierde relevancia cuando esto ocurre.
Si aspiramos a un desarrollo sustentable, debemos cuidar las instituciones y dejar que -realmente- funcionen, sin intervención alguna. ¿Será esto posible?
Alejandro Ruiz Fabres Ex Presidente Tribunal Ambiental de Santiago
