Redacción

La ministra de Interior, Carolina Tohá, consiguió su cometido de retomar la mesa de seguridad para llegar a definiciones antes del receso legislativo y, a pesar de insistir para que la oposición regresara a la instancia, no lo pudo conseguir por completo.

En concreto, el único representante de Chile Vamos fue el senador Manuel José Ossandón (RN), mientras que rechazaron la invitación la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, y los diputados Jorge Guzmán y Cristián Araya, manteniendo la postura que tomaron después de que el Presidente otorgara lo polémicos indultos a fines del 2022.

Con la mayoría de los asistentes vía Zoom, entre los que apareció el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, y también el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, además de representantes oficialistas, se llegó a consensos sobre seguridad, en especial para el trámite legislativo durante 2023.

Sobre la presencia de Ossandón, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, explicó a CNN Chile que lo mandataron para que fuera "en representación de los senadores para que pidiera tiempos y la necesidad de darle discusión inmediata a distintos proyectos". Sin embargo, no hubo diputados del partido, pues mantuvieron la línea de autoexcluirse.

Más tarde, la ministra del Interior siguió con las reuniones y estuvo en La Moneda junto a las distintas asociaciones de municipalidades y también con los gobernadores regionales, todo para seguir afirmando un compromiso en la materia.

En definitiva, se llegó a distintos acuerdos y Tohá dijo que "tenemos una hoja de ruta clara para reforzar la labor regional y municipal en materia de seguridad, de forma coordinada, colaborativa, con el gobierno nacional".

"Para el Gobierno es una hoja de ruta con la que nos comprometemos y que se ha forjado nutriéndose del aporte de todas las fuerzas políticas. Esperamos en febrero que esta propuesta reciba comentarios y observaciones para transformarla en un documento formal que ojalá cuente con el apoyo de las fuerzas que hoy no estuvieron", agregó.

En definitiva, afirmó que "tenemos una agenda muy fuerte y sólida, que implica labores de prevención, control, persecución del delito, fortalecimiento institucional y refuerzo de las policías".

Al cierre de esta edición, el Ejecutivo todavía no había presentado en concreto cuáles son los acuerdos.

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de Argentina, confirmó que Facundo Jones Huala, líder de la agrupación autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), "va a tener el debido proceso" después de la petición de extradición del Ministerio Público chileno.

En conversación con Radio 10, el secretario de Estado afirmó que luego de terminar los pasos formales, el detenido en la localidad de El Bolsón debe comparecer ante la justicia argentina: "Chile se presenta ante el Gobierno y comienza un proceso de acuerdo a la ley 24.767 en la cual dice con claridad que va a tener el debido proceso, como marca nuestra Constitución, y tendrá una primera instancia y eventualmente la Corte Suprema".

"Está condenado en Chile y cumple un arresto domiciliario, despidió a sus abogados y se dio a la fuga. Nosotros teníamos como responsabilidad que esto no pasara sin ninguna consecuencia. La gente de Río Negro sabía cuál era nuestra misión. En este caso (la detención) la hizo la Policía de Río Negro, que trabajó muy bien con nosotros", agregó Fernández.

El titular de Seguridad destacó que "yo me siento muy satisfecho de que hicimos un trabajo en unos meses con seriedad, optimismo, ganas, no tuvimos complicaciones, no lastimamos a nadie y los resultados están a la vista, está detenido".

"Sabíamos que iba a estar en Argentina en algún momento, teníamos muy claro que lo íbamos a detener acá", manifestó el ministro.

El líder de la RAM fue juzgado y condenado en 2018 a nueve años de prisión por incendios y porte ilegal de armas. Antes la justicia argentina había avalado la extradición.

Jones Huala recibió en enero del 2022 el beneficio de libertad condicional y un mes después la Corte Suprema revocó la medida, ordenando su detención. Desde ahí estuvo desaparecido, hasta que fue encontrado en Argentina por la policía.

El Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno revisará mañana la solicitud de extradición del ex prófugo.

Un grupo de universidades estatales, a solicitud del gobierno y financiadas por él, acaban de elaborar un informe sobre los medios, el derecho a la información y la libertad de expresión en Chile.

Son varios los problemas (descontada alguna cacofonía y lo escueto de sus argumentaciones) que ese informe posee.

El más obvio de todos es que las universidades o los académicos no tienen ninguna ventaja epistémica a la hora de decir cómo debe ser organizado el sistema de medios, cuál debe ser la regulación de la libertad de expresión o qué discursos deben ser promovidos y cuáles, en cambio, deben estar entregados a su suerte. Una ventaja epistémica es una condición que le permite a quien la posee alcanzar la verdad o la corrección. Sobra decir que en estas materias la ventaja epistémica no existe. Los miembros de las universidades tienen por supuesto, opiniones e intereses en ese tipo de materias, y debe respetarse el derecho que les asiste a manifestarla; pero el hecho que quienes las emiten pertenezcan a una universidad, por prestigiosa que sea, no provee a esas opiniones y puntos de vista de ninguna autoridad para que los ciudadanos o los órganos donde se forma la voluntad popular deban inclinarse ante ellas. A comienzos de siglo Max Weber llamó profetas de cátedra a quienes se servían de su posición académica para promover o prestar autoridad a opiniones o puntos de vista controversiales, que son propios del debate ciudadano. El problema de este informe es exactamente ese. No manifiesta con claridad antes de hacer constar sus opiniones lo que es obvio: sus límites epistémicos, el hecho que se trata de puntos de vista controversiales, que podrían haber sido vertidas por cualesquiera grupos de personas. Incurre, pues, en el profetismo de cátedra.

El informe incurre además en un malentendido frecuente, en una media verdad. Es cierto (como hace bastantes años lo observó Owen Fiss, un profesor de Yale) que la libertad de expresión puede tener un efecto silenciador. En otras palabras, es bastante obvio que, en una sala, cuando alguien habla los demás deben callar. Y como el tiempo es escaso, hay un juego de suma cero inevitable entre quien se expresa y quien guarda silencio. Todo eso es cierto; pero de ahí no se sigue que hoy el estado o un órgano público o alguna otra forma de regulación deba decidir quién habla y quién no, qué discurso se divulga y por qué medio y cuál no.

Hay dos razones para sostenerlo.

En primer lugar, nunca como hoy la esfera pública -ese ámbito en el que las personas intercambian puntos de vista y raciocinan acerca de la vida en común, según la famosa definición de Habermas- había sido tan profusa en medios de comunicación. El acceso a los medios nunca había sido más sencillo. El problema hoy es más bien el acceso a las audiencias, que exista gente que se interese por lo que los abundantes medios divulgan. El problema hoy, vale la pena reiterarlo, no es el acceso a los medios sino el acceso a las audiencias que los medios han construido durante largos lapsos. Intentar corregir las audiencias equivale, sin embargo, a conducir las preferencias de las personas sobre la base de que hay preferencias que merecen la pena y otras que no.

A ello se suma que cualquier regulación del contenido en el mercado de medios (como la perspectiva de género o la interculturalidad) supone que hay bienes que sería valioso promover; pero ocurre que el supuesto de la libertad de expresión es que esos bienes no existen como cosa indiscutida y la libertad existe más bien para averiguar cuán apetecibles son. Hay temas que parecen urgentes e indiscutidos -como los anteriores- pero cuando se los mira de cerca son controversiales. Y la libertad de expresión existe para que esa controversia se despliegue, no para zanjarla. Y para qué decir el propósito de "combatir la desinformación" que inspira al informe. La información (es cosa de leer a Luhmann) es selectiva por definición. Luego combatir la desinformación es una manera eufemística de combatir puntos de vista que se juzgan inadecuados.

¿Tiene valor este informe? Sí. Y él deriva del hecho que invita a discutir; aunque no tanto acerca de lo que propone, sino acerca de lo que omite.