Redacción

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dio ayer ciertas luces acerca de la agenda de su cartera para este 2023, en la que destacó que los esfuerzo estarán enfocados en la reactivación educativa.

Entre los proyectos que el ministerio enviará al Congreso están "unos ajustes a la ley de educación pública, al sistema de aseguramiento de la calidad y también un compromiso nuestro es presentar un proyecto de ley marco de afectividad y sexualidad integral", adelantó en CHV.

En este sentido, dijo que "Chile ya cuenta con una ley sobre sexualidad, pero es de salud, tiene una implementación el sector educativo, pero eso hay que ajustarlo y hacer la combinación con los contenidos curriculares, que son los que podríamos entender con los de la biología. Lo de la biología tiene que estar acompañado con todas las nociones sobre afectividad".

Cabe señalar que el proyecto de ley, tal como lo anunció el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública de 2022, ha sufrido ciertas modificaciones, como la incorporación del término "afectividad" al nombre la iniciativa, pasando a llamarse "Educación en Afectividad y Sexualidad Integral, EASI", debido a que surgieron algunas dudas por parte de Educación debido a la palabra "sexo" y las consecuencias que este término tiene, especialmente en sectores más conservadores de la sociedad. Incluso, lo anterior fue advertido al ministro Ávila por algunos de sus pares de otros países en mayo de 2022, cuando asistió al III Encuentro de Ministros y Ministras de Educación de América Latina y el Caribe en Buenos Aires, Argentina.

De esta forma, el ministro Ávila detalló que en el trabajo prelegislativo, "han participado más de 500 mil estudiantes, familias y profesores en las jornadas de educación no sexista. Estamos realizando grupos focales. Nos hemos juntado más de 25 autoridades religiosas de distintos credos y sensibilidades para poder entender cuales son todas las visiones que tienen que allegarse para un buen proyecto. Sí sabemos que tenemos importantes brechas sobre todo en los más pequeños", lo que tendría impacto en situaciones de abuso, explicó.

El diputado Hugo Rey (RN), miembro de la Comisión de Educación, señaló a La Tercera el viernes que "la formación afectiva y sexual es importante dentro de la formación integral de nuestros estudiantes, (pero) hay prioridades y esas prioridades tienen que ver justamente con la situación que hoy nos afecta como país. Eso debe ser la nivelación de nuestros estudiantes en materia de aprendizajes, la pandemia fue una catástrofe educativa no solo en Chile".

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, explicó ayer cómo se lleva a cabo el plan de reconstrucción para las 21 escuelas afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. "Son 857 estudiantes que van a tener una solución de urgencia. Nuestra primera medida fue la reubicación de estos estudiantes". Asimismo, aseguró que las clases comenzarían "el 3 de marzo salvo algunas excepciones", refiriéndose a las comunas de Santa Juana, Coronel y San Pedro de la Paz, que lo harán una semana después. Agregó que el próximo semestre trabajarán en los proyectos para construir nuevos establecimientos.

En prisión preventiva quedó un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), quien el viernes fue sorprendido con armamento de guerra en su auto en la comuna de San Bernardo.

El oficial portaba un fusil Máuser y 200 municiones, objetos que se encuentran prohibidos por ley.

De acuerdo a las primeras indagaciones, Carabineros se dio cuenta que una camioneta transitaba con sus placas patentes adulteradas, por lo que intentó fiscalizarlo.

El conductor se fugó y se inició una persecución, la que terminó con la detención del hombre, que terminó siendo un PDI que portaba armamento de guerra.

Cuando los carabineros procedieron a revisar el arma, se percataron que tenía su número de serie borrado, por lo que su procedencia podría ser de mercado ilícito.

Desde la Policía de Investigaciones señalaron que el funcionario se encontraba con licencia psicológica y que se encuentran desarrollando eventuales acciones administrativas por conductas impropias que se le alejan de los valores institucionales.

Según peritajes iniciales de Carabineros, el arma incautada se encontraba en condiciones para el disparo, mientras que en el domicilio del detenido se encontró otro tipo de municiones.

Prisión preventiva

Además de la medida cautelar de prisión preventiva, se dictó un plazo de 80 días para la respectiva investigación.

Sobre los delitos imputados al policía, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Criminales, Sergio Soto, señaló sobre el subcomisario, que el Tribunal "dio por establecido los delitos de porte ilegal de arma de fuego prohibida de guerra, como además también de municiones. Y, por cierto, el delito de conducir con placa patente oculta".

El debate en torno al contenido del Estado social y democrático de derecho ha suscitado gran interés durante los últimos meses. Ello se explica porque, según el artículo 154 de la Constitución vigente, la propuesta de nueva Constitución deberá contemplar -entre otras cosas- que "Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común". Así pues, políticos y académicos de distintas veredas han intentado dilucidar cuáles son las consecuencias de una cláusula que, pese a su enorme propagación, carece de una definición conceptual universalmente aceptada.

Sin embargo, no hay muchas voces que discurran sobre los requisitos o condiciones jurídico-políticas del Estado social. Los principales esfuerzos en este sentido dicen relación con las condiciones económicas del país, punto importante pero que no agota la reflexión sobre sus elementos previos. Y ello es digno de resaltar si consideramos que la cláusula de Estado social es -ante todo- un mandato a las autoridades políticas para que, en colaboración con la sociedad civil, brinden a toda la población las condiciones mínimas de una vida digna.

De esta forma, existen al menos tres aspectos jurídico-políticos que no deberían soslayarse en el debate constituyente que se avecina. Ellos son el sistema político, el rol de la sociedad civil y el de la familia.

En primer lugar, se requiere un sistema político que funcione. Según distintos autores, la cláusula de Estado social representa principalmente un mandato al legislador para que este tramite y despache de manera oportuna las leyes que permitan construir un orden social justo y equitativo. Para su consecución, se ha entendido que el legislativo cuenta con una amplia esfera de discrecionalidad, gracias a la que pueda ponderar y priorizar debidamente las urgencias sociales en consideración a principios como el de responsabilidad fiscal y la colaboración público-privada. De esta forma, el adecuado funcionamiento del Estado social supone un sistema político que otorgue respuestas oportunas y adecuadas a las demandas sociales.

En segundo lugar, se necesita una sociedad civil activa y responsable. El Estado social no tiene su origen en el sueño igualitarista ni en el modelo estatista, sino que desde sus inicios ha sido entendido como una cláusula que habilita tanto al Estado como a los particulares a ofrecer prestaciones sociales. Es decir, el Estado social supone una corresponsabilidad solidaria de los privados en todo aquello que les pueda ser exigible para garantizar condiciones mínimas de una vida digna. En la actualidad los modelos exitosos son aquellos que, sin desconocer el rol del Estado, incentivan a la sociedad civil a tomar un rol público relevante mediante las más diversas prestaciones sociales. Asimismo, los particulares involucrados en la satisfacción de los derechos sociales han de ser debidamente regulados, a fin de que su actividad se oriente hacia el bien común, y no solamente a la maximización de sus intereses individuales.

Por último, es fundamental fortalecer la familia. La Constitución de Alemania -ejemplo paradigmático del Estado social- consagra en su artículo 6 que el matrimonio y la familia están bajo la "protección especial" del Estado. Este es uno de los pilares más importantes en los que se sostiene el Estado social, dado que la familia es la primera institución a cargo del cuidado, del sustento y del auxilio de los más vulnerables y constituye el requisito previo para la regeneración de la sociedad. Además, ella desempeña un rol insustituible en la educación y socialización de los niños, de tal suerte que es imposible pensar en un Estado que supla urgencias sociales con prescindencia de la familia. Por estos motivos, la consagración explícita de su protección en el ordenamiento constitucional alemán se le reconoce como una excepción a la redacción de derechos sociales en particular.

En definitiva, si pretendemos que la cláusula del Estado social sea algo más que tinta sobre papel, deviene imprescindible una reflexión más integral, que recoja aquellos elementos que históricamente le han servido de soporte: el sistema político, la sociedad civil y la familia.

*Profesor de Derecho Constitucional e investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.