Habían pasado un par de horas desde que se aprobó la Ley Nain-Retamal, cuando el asesinato del cabo Daniel Palma, quien recibió dos disparos en la cara cuando se acercó a fiscalizar un vehículo en el centro de Santiago, estremeció a Carabineros, al mundo político y a la ciudadanía que sufre las consecuencias de una ola de criminalidad y violencia que no para de crecer.

El Presidente Gabriel Boric se retiró de La Moneda ayer en la madrugada, al igual que la ministra Camila Vallejo, quien avisó que horas después anunciaría novedades en materia de seguridad. El crimen de Palma, sumado al de Rita Olivares, en Quilpué, y Álex Salazar, en Concepción, en menos de 23 días, había obligado a pasar del discurso a hechos más rotundos y así lo demostró el propio mandatario cuando regresó a Palacio: habló a sus ministros en el Comité Político y luego firmó y promulgó la Ley Nain-Retamal y otros tres proyectos sobre seguridad pública que el Congreso ha tramitado de manera exprés.

En una señal de unidad, Boric llegó más tarde al responso fúnebre de Palma, en la comuna de Providencia, tras confirmar la participación a la misma hora de los expresidentes Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, además del fiscal nacional Ángel Valencia.

Era pasado el mediodía y Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a quien arribó, fueron abucheados antes de entrar a la iglesia.

Piñera llamó a "apoyar a Carabineros y devolverles a las familias su derecho a vivir con mayor paz y seguridad. Es un clima que tenemos que cambiar", dijo y agregó que desde todos los sectores políticos se debe "condenar y combatir la violencia, sin ninguna duda".

La ley

Tras promulgar la ley 21.570 o Ley Nain-Retamal, que busca fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y Gendarmería de Chile, un desfile de líderes políticos incesante continuó en La Moneda

El Partido Comunista, que había anunciado que acudiría al Tribunal Constitucional (TC) por considerar parte del articulado de la citada norma como contraria a los Derechos Humanos, declaró en un comunicado que no insistirá ante el TC, pero esperaba que se consideraran sus "reparos" a la nueva norma.

Las otras leyes promulgadas ayer son la 21.555, que refuerza las competencias de gendarmería y crea el delito de extorsión; Ley 21.557 que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro; y Ley 21.556 que aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos.

Luego la ministra Tohá comunicó algunas de las medidas extraordinarias que tomará el Ejecutivo, siendo la más destacada el adelantamiento del plan de intervención en 30 comunas donde se concentran "un tercio de la población nacional y 50% de los delitos más violentos".

"Respecto de esta medida el plan comienza este mes en la comuna de Santiago y en mayo en las comunas restantes. Las zonas priorizadas son aquellas en que se concentran principalmente casos de impunidad penal, tráfico de drogas y presencia de armas, deterioro barrial y alta presencia de incivilidades e infracciones.

Dependiendo de la presencia de estos factores, se realizará un plan específico para cada una de las 30 comunas", dijo en un comunicado el ministerio del Interior, que declinó detallar cuáles son las comunas, pese a la insistencia de la prensa que pidió aclarar si se trataba de las mismas ciudades donde ya se han anunciado intervenciones.

"La intervención reforzará la persecución penal, pondrá énfasis en los focos investigativos y fiscalización, especialmente en lo referido al tráfico de armas", agregó la cartera.

El financiamiento

Después de asistir al responso del cabo asesinado, Boric volvió a La Moneda y dio a conocer las medidas que había decidido tomar para enfrentar la crisis de seguridad.

Las medidas son por el equivalente de 1.500 millones de dólares que serán destinados a proteger a las policías para el combate del crimen, con "un incremento de 40% real del presupuesto público a las funciones de seguridad. Estos son recursos extra que se ejecutaran anuales en régimen", detalló el mandatario.

Boric pidió dejar los discursos y pasar a los hechos. "Es la hora de actuar unidos y así lo estamos haciendo" agregó y señaló que "en el Estado chileno no hay fisuras. Al crimen lo enfrentamos con el Estado y la sociedad organizada y nos hacemos responsables todos de las actuaciones de carabineros (...) Están tratando de dividirnos, no nos prestemos a ese juego.

Más tarde, a las 17.00 horas el Presidente recibió a los jefes de partidos políticos, excepto el Republicano.

Tras la cita, los asistentes revelaron que el mandatario les pidió una tregua para frenar ataques entre adversarios políticos. El presidente de Comunes, Marco Velarde, informó que "el Presidente nos convocó al oficialismo y oposición a que el tema de la seguridad sea una política de Estado y que todos breguemos por empujar en conjunto la solución, nos dijo lo necesario que es que los partidos en esto hagamos una tregua".

La líder del PPD, Natalia Piergentili, refrendó que la tregua es "en el sentido de dejar las hostilidades, no dejar las diferencias, no dejar de lado los puntos de vista distintos, pero trabajar con un sentido más honorable respecto de que aquí nadie va a sacar ventajas cortas".