Cómo el crimen organizado gana terreno en Latinoamérica
Al flagelo del narcotráfico y los sicarios se suman el tráfico de personas, de armas y migrantes, y el aumento de la extorsión.
La mayoría de los países latinoamericanos se enfrentan a una crisis de seguridad que se ha visto agravada en los últimos meses con inquietantes demostraciones de que el crimen organizado está ganando terreno debido a la inacción de los Gobiernos y la falta de políticas públicas decididas a resolver un problema que amenaza con socavar la convivencia ciudadana y la institucionalidad democrática.
El narcotráfico es común denominador de los países de la región y causante de la mayoría de los homicidios, ejecutados por los sicarios. A este flagelo se suman ahora la trata de personas, el tráfico de armas y migrantes, y el aumento de la extorsión, problemas que hacen que la inseguridad se haya convertido en uno de los temas que más preocupan.
Está claro que América Latina "vive un retroceso en materia de seguridad", que se profundizó con la pandemia del coronavirus, explica a Efe Jairo Libreros, experto en política internacional de la Universidad Externado de Colombia.
¿percepción vs realidad?
Aunque países como Brasil, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Argentina y Venezuela registraron un descenso de homicidios durante 2022, la criminalidad sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades.
En Venezuela, por ejemplo, delitos como la extorsión, la trata de personas, los femicidios y los abusos sexuales están cobrando mayor virulencia y en Panamá se han registrado casos nunca antes vistos como el desmembramiento de víctimas o el ataque sicarial dentro de una escuela, que le costó la vida a un joven de 15 años en la región de Colón en octubre.
En Costa Rica la situación se ha vuelto preocupante porque el año pasado se registraron 656 homicidios, 11% más que en 2021, alcanzando un récord por encima de los 603 registrados en 2017. Según el Organismo de Investigación Judicial, 6 de cada 10 homicidios cometidos en esta nación durante 2022 estuvieron relacionados con el "ajuste de cuentas" por narcotráfico.
En Chile, la percepción ciudadana es que la inseguridad se disparó a un nivel inmanejable, pero las autoridades aseguran que el número de delitos no ha aumentado con respecto a años anteriores, aunque sí reconocen que son más violentos.
"Por decirlo de forma simple, si sales hoy día a la calle es menos probable que te asalten que hace diez años, pero es mucho más probable que el asaltante tenga un arma y esté dispuesto a usarla", dice la ministra de Interior, Carolina Tohá.
Medidas excesivas
Para hacer frente a la violencia y el crimen, en Ecuador se han decretado hasta diez estados de excepción en menos de dos años desde la llegada al poder del conservador Guillermo Lasso, mientras que en El Salvador una medida similar decretada por Nayib Bukele, ya completó un año con serios cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, algo que no parece preocupar al mandatario.
En Honduras también rige desde diciembre pasado un estado de excepción, y aunque su aplicación comenzó en las dos ciudades más importantes, Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya se ha extendido a 123 de los 298 municipios, medida que preocupa a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En nuestro país, el Estado de excepción en la macrozona sur se renovó esta semana por vigésimo primera ocasión, se acordó un fast track legislativo para acelerar el trámite de 31 leyes relacionadas en el Congreso y el Gobierno dio a conocer el Plan Calle sin Violencia, que se aplicará en más de 30 comunas de todo Chile..
Las agencias de la ONU y las organizaciones de derechos humanos también consideran medida excesiva la militarización del territorio, como sucede en México, donde hay más de 92.000 efectivos en tareas de seguridad pública, una dotación que ha ido creciendo a lo largo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, la estrategia de "saturación policial" aplicada en Argentina, que según explicó a Efe el director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia, Marcelo Bergman, consiste en poner figurativamente un "policía en cada esquina", da réditos, pero no arregla el problema, como tampoco la flexibilización del porte de armas decretada hace poco en Ecuador.
En opinión del experto de la Universidad Externado estas son "estrategias fallidas" que en algunos países de América Latina, Europa o en Estados Unidos "se han demostrado como perversas y tóxicas" y no resuelven de fondo el problema de la inseguridad.
Medidas aceptables
En Brasil, con el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia se recuperó el programa de seguridad impulsado en sus dos mandatos anteriores (2003-2010), con el que pretende reducir la violencia y aumentar la presencia del Estado en la periferia de las ciudades a través de programas sociales, estrategia que significa un cambio radical en relación con la política del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
También cabe destacar los cambios en materia normativa en Paraguay, cuyo Senado sancionó en marzo un proyecto de Ley que modifica varios artículos del Código Penal e incorpora el sicariato como un hecho punible. El debate en el Legislativo comenzó en junio de 2022, semanas después del asesinato en Colombia del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci.
Si bien se necesitan más reformas de los cuerpos policiales, estas no pueden significar dejar manos libres a los cuerpos policiales para que ejerzan un mayor uso de la fuerza.
Según Libreros, el fracaso en implementar estas reformas "podría resultar en una década perdida en seguridad en América Latina".
La lucha contra el crimen organizado en Chile ha involucrado más recursos, nueva legislación y reformas policiales.