Agua potable rural: derecho que se debe garantizar
Alfonso De Urresti , Senador por Los Ríos
Hace unas semanas logramos identificar una gran problemática que complejiza la correcta ejecución de al menos 70 diseños de proyectos de Agua Potable Rural (APR), de la región de Los Ríos y de muchos otros a lo largo de todo el país. Según lo comunicado por MIDESO Y DIPRES, las obras deberían ejecutarse en el plazo correspondiente al año presupuestario (12 meses). Sin embargo, sabemos que dichas obras tardan al menos 14 meses, por lo que esta nueva normativa termina por imposibilitar la opción de avanzar en los procesos de diseño, conservación y los estudio hidrogeológicos.
En base a esto, citamos a comisión de Obras Públicas del Senado al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson y a la Directora de Presupuesto, Javiera Martínez, para que, en conjunto, se evaluara y modificara el ordinario que establece requisitos adicionales para los proyectos de mantenimiento, diseño y conservación de sistemas de APR. Lamentablemente quedamos con un sabor amargo, puesto que las respuesta que dio el ministro Jackson es insatisfactoria y no asegura que estos proyectos puedan terminar sus diseños ni menos entrar en una ejecución.
En su reciente visita a la región, la Ministra de Obras Públicas, Jéssica López, señaló que la medida ya estaba tomada y que el oficio no quedaría sin efecto. Si bien se entiende el fondo de este documento, el cual tiene por objeto controlar y darle un buen uso de los dineros fiscales, insistimos en que esta decisión no tiene visión ni pertinencia territorial, dado que no considera las dificultades prácticas que implica su puesta en marcha. Se debe garantizar el acceso universal al agua potable para consumo humano, un bien que es un derecho y que todavía no podemos asegurar a nuestra población rural en su 100%.
Ante esta situación no se puede aplicar una mirada únicamente centralista, sino que es estrictamente necesario tomar en cuenta la mirada y realidad de quienes día a día se enfrentan a esta problemática, específicamente aquellos sectores rurales usuarios de los APRs. Quienes nos desplegamos en el territorio sabemos que esta no es una decisión que beneficia a los comités de agua potable rural, sino todo lo contrario. Lo planteamos a la cartera de Obras Públicas y de Desarrollo Social durante una sesión en comisión, y transversalmente volvimos a presentar un oficio porque la respuesta del gobierno no fue satisfactoria.
Esperamos que se agoten las instancias para buscar una solución que se apegue a la realidad que viven los vecinos y vecinas de los sectores rurales de Los Ríos. El derecho al agua potable es algo que debemos garantizar y asegurar en todo el territorio, tanto urbano como rural.