Probidad y Transparencia
Actualmente, dos principios son claves en la gestión pública y privada: Probidad y Transparencia; a propósito del lanzamiento del libro "Compliance en las Empresas del Estado" (del Ministro del Tribunal Constitucional y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, Cristian Letelier), se planteó la necesidad de que no solo las empresas del Estado y la privadas deben adoptar un modelo preventivo de protección de delitos, evitando así, actos de corrupción en todo ámbito.
Sin duda, en el mundo privado es relevante, pero lo es también y principalmente en el sector público, y en organizaciones mixtas, es decir, aquellas que reciben aportes fiscales directos, y que colaboran con la gestión pública, incluso hay algunos incipientes ejemplos de ello. Todas las organizaciones, que trabajan o reciben aportes directos o indirectos del Estado, a través de cualquiera de sus órganos, deben adoptar urgentemente un Modelo de prevención del Delito.
Ello, generaría sin duda una mayor protección a posibles actos de corrupción. Entonces, lo más clave hoy es generar espacios de prevención de los delitos económicos, que muchas veces son muy difíciles de pesquisar.
Por ello, la prevención a través de un necesario y fundamental Código de Conducta de cada empresa u organización, un adecuado sistema para la declaración de eventuales conflictos de interés, un correcto manual de contrataciones, un empoderado Oficial de Cumplimiento, además de una eficiente, previa y eficaz planificación de los programas y acciones, son evidentemente algunos aspectos relevantes y que protegen al sistema de eventuales actos de corrupción.
En 2009, nuestro país aprobó la Ley N° 20.393, que fuera luego modificada por la Ley N° 21.488 del año 2022, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas, consagrando un Modelo de Prevención del Delito, que ha ido incorporando nuevos delitos al modelo, lo que implica la necesidad de generar proyectos que permitan ir actualizando la lista de delitos para proteger al Estado en el mejor manejo de recursos, y poner directamente el foco en la Probidad y Transparencia de la Gestión.
Aníbal Rodríguez Decano de Derecho, UST
Afiliados y cotizantes
Un dato preocupante que entrega la última ficha estadística de la Superintendencia de Pensiones, y es que sólo un 50% de los afiliados al sistema de capitalización individual cotiza. En números, de 11.665.184 afiliados que tienen una cuenta en alguna AFP, sólo 5.883.065 cotizaron en el último mes, con una variación de -1,1% respecto del año anterior.
No podemos hablar de mejores pensiones si primero no hablamos de cómo mejorar el número de cotizantes, en otras palabras, para mejorar las pensiones sí o sí debemos lograr que un mayor número de afiliados cotice, pues aunque tengamos un sistema previsional perfecto, no sirve de nada si las personas no cotizan. Lamentablemente, la reforma previsional no está enfocada en esto, sino en captar y administrar la cotización adicional, lo que finalmente puede generar que muchos dejen de cotizar, o aumente la subcotización.
Eduardo Jerez Sanhueza eduardo@masprevision.cl
Filtraciones y Democracia Viva
Luego del episodio en que el diputado RN Miguel Mellado grabara y filtrara a la prensa una conversación sostenida de manera privada con el Presidente; surge otra polémica en la Cámara: la firma convenios administrativos por $426 millones entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.
Esa entidad contempla a varias personas cercanas a la diputada Catalina Pérez (RD). El seremi que autorizó (Carlos Contreras, ahora ex Seremi) fue asesor de la diputada; mientras que uno de los integrantes de la Fundación beneficiada es pareja de la misma diputada (Daniel Andrade, hoy ocupando un cargo en el Ministerio de Defensa). Tras hacerse público este hecho, la diputada Pérez informó que había oficiado a la Contraloría para que se pronuncie.
Tanto en el caso de Mellado como en el de Pérez se puede apreciar cómo los involucrados no asumen que el ejercicio de la función pública requiere de un comportamiento más allá del piso mínimo de respetar la legalidad. Debe ser ético. (...) Lo anterior, adquiere mayor gravedad, considerando las lastimosas defensas corporativas de los respectivos partidos políticos, RN y RD.
Dr. Jorge Astudillo Muñoz Académico Facultad de Derecho UNAB-VM
