La desinformación, un desafío
La desinformación nos está poniendo nuevos desafíos como sociedad. Si bien en sus inicios este flagelo se centraba en la búsqueda de ilegítimos beneficios económicos de algunos o en la posibilidad de afectar la honra de las personas e instituciones, hoy en el mundo está siendo utilizada como herramienta para amenazar las democracias sanas, ayudando a la proliferación de gobiernos populistas de todos los signos políticos y sostén de regímenes autocráticos, a través de la manipulación para crear temor y desconfianza. Frente a esto, en distintos países la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y en algunos casos las entidades públicas, han explorado caminos para diagnosticar y luchar contra este mal.
La desinformación no se puede enfrentar con herramientas jurídicas que vulneren un derecho humano como es la libertad de expresión, a través de leyes que apunten al establecimiento de una verdad oficial o iniciativas que busquen un mayor control estatal sobre la información.
Las herramientas más eficaces y respetuosas de la libertad van por el camino de la educación, del chequeo de datos y de que los mismos lectores asuman un rol más activo y responsable en esta labor. Recientemente el Gobierno anunció la creación de una "Comisión Asesora Contra la Desinformación" dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y encabezada por la titular de esa cartera, Aisén Etcheberry Escudero. Esa definición hace suponer que se abordará el fenómeno de la desinformación desde la educación y de los avances tecnológicos, que es de donde provienen los mayores desafíos en esta materia.
Desde la Asociación Nacional de la Prensa vamos a colaborar con esa instancia si el objetivo es avanzar en esa dirección, como se lo manifestamos al gobierno.
E igualmente, estaremos atentos a cualquier deriva hacia la utilización del flagelo de la desinformación para conseguir mayores controles sobre la libertad de expresión en los medios de comunicación, como lo fue el controvertido proyecto "Más Voces", que impulsó hace un tiempo el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) bajo la consigna de promover el pluralismo en los medios de comunicación.
Una sociedad democrática se sustenta, entre otras cosas, en que ningún gobierno, con la excusa de proteger a la población, pueda erigir sus ideas como verdades únicas, restringiendo, con su poder, otras expresiones y opiniones.
Juan Jaime Díaz Cauquelin Presidente Asociación Nacional de la Prensa (ANP)
Comisión y fake news
El concepto de "fake news" no se encuentra lo suficientemente precisado por la doctrina y el derecho. Sin perjuicio de lo anterior, podemos decir, en una primera aproximación, que este fenómeno corresponde a la actividad destinada a la creación o divulgación de noticias falsas que generan problemas de desinformación en el marco de las sociedades democráticas.
(...) Frente a este fenómeno surgen voces que, desde trincheras políticas, postulan la adopción de medidas tendientes a combatir las "fake news" como un poder de democratizar el ejercicio del periodismo y la información que llega a los ciudadanos. Sin embargo, este discurso de "cuidar la democracia" a través del control de la información es demasiado peligroso, ya que por medio de estas medidas se corre el riesgo de que se instale una sola verdad, la oficial, que impida la libre circulación de las ideas, puesto que con ello se condicionarían gravemente las líneas editoriales de los medios de comunicación social, obligándolos a informar sobre aspectos que no contraríen los estándares de quien tiene la facultad de sancionar la desinformación y la propagación de las "fake news".
El martes 20 de junio se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nro. 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que crea la "Comisión Asesora contra la Desinformación". Esta decisión de la presidencia de la República puede ser entendida desde dos perspectivas. Una instancia que fomente buenas prácticas para combatir las "fake news", o bien, constituir un primer paso para un sistema de control que determine cuál información es o no verdadera, en cuyo caso, las fuerzas democráticas deberán estar atentas para reaccionar frente a cualquier atisbo de instalar un sistema que persiga expulsar del debate público ideas y opiniones que no sean compatibles con la verdad oficial.
Cualquier política (aunque sea bien intencionada) de proteger la democracia jamás la puede poner en riesgo.
Dr. Jorge Astudillo Académico de Derecho UNAB
