Buscar la paz y el entendimiento
La Comisión presidencial presentada el 21 de junio buscará modelos para avanzar en su labor. Pero no incluye a Los Ríos.
La Comisión para la Paz y el Entendimiento comenzó su trabajo con el objetivo de establecer nuevos acuerdos con el pueblo mapuche. La idea es destrabar conflictos y ser capaces de separar los hechos de violencia, de las respuestas que efectivamente se debe dar a demandas justas y postergadas, reconocidas transversalmente.
Entre los ocho integrantes del grupo hay varios -partiendo por el ex ministro Alfredo Moreno- que han estudiado la respuesta que Nueva Zelandia dio a su vínculo con el pueblo maorí. Y se estima que algo de eso guíe el trabajo de la Comisión, que debe presentar una propuesta a fines de 2024. ¿Qué elementos tiene esa ruta que podrían aplicarse acá? Quienes han estudiado el tema creen que uno es el plan para la restitución de tierras: catastro, acuerdo, establecimiento de plazos claros, listados formales y opciones diferentes a predios particulares, como entrega de espacios fiscales o retribución en dinero. Otro es el apoyo económico mediante impulso al emprendimiento y desarrollo de áreas productivas. Allá fue con la pesca. También avanzaron con la representación política, entregando espacios en el parlamento (7 de 120) y se creó un tribunal especial para fiscalizar el cumplimiento de acuerdos.
Llegar a esas fórmulas y aplicarlas tomó largo tiempo a la comunidad neozelandesa. No es rápido. Y todavía hay muchas voces críticas, además de mencionar que el país no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, que es uno de los pocos tratados internacionales sobre pueblos indígenas vigente. Chile lo firmó en 2009. Con todo, ese modelo es reconocido a nivel mundial y puede entregar guía para la realidad local.
En este contexto, se esperaría la inclusión de todas las miradas chilenas relacionadas con el tema para contribuir. Por ello, llama la atención la ausencia de la Región de Los Ríos en la Comisión y de la Universidad Austral en el informe compilado por la Secretaria de la Presidencia y entregado por 11 rectores, como insumo básico para su funcionamiento. Es de esperar que en el trabajo que se realice desde ahora sí se permita mayor participación.