Redacción

Tras la denuncia interpuesta en enero de este año en Contraloría por el concejal de Ñuñoa Julio Martínez (UDI), quien pidió investigar las contrataciones directas realizadas por la alcaldesa Emilia Ríos (RD) a la corporación Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), para asesorar al municipio en procesos legales contra el Mall Vivo de Ñuñoa y por Fundamenta Eco Egaña, el ente fiscalizador resolvió "invalidar" e "investigar" mediante "un proceso disciplinario las eventuales responsabilidades administrativas".

El contralor regional Carlos Frías resolvió e informó a la alcaldesa sobre las faltas en las que había incurrido, entre ellas un contrato directo sin especificar motivos. "De los antecedentes tenidos a la vista, aparece que tanto en los decretos alcaldicios que autorizaron las respectivas contrataciones directas como aquellos que aprobaron los contratos con Fima no se contemplaron los motivos de la contratación, además de la verificación de la idoneidad técnica del prestador, conjuntamente con las razones por las cuales las funciones no podían ejecutarse por personal de la entidad", reza la resolución.

Luego de detallar los argumentos, el contralor solicita a la municipalidad "iniciar un procedimiento de invalidación conforme con lo previsto en el artículo 53, de la ley N° 19.880 y, ponderar la necesidad de instruir un proceso disciplinario con el objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse de la situación objeto del presente pronunciamiento".

Contraloría dio 20 días para responder.

Fima, representada legalmente por el abogado Ezio Costa, dijo al medio Ex-Ante que "esperamos las vías de solución que pueda llevar a cabo la municipalidad" ante lo que califica como "problema administrativo" en la contratación, que suma para las dos asesorás $11.583.078.

La casa edilicia, en tanto, declaró que "como Municipalidad de Ñuñoa apelaremos a lo dicho por Contraloría ya que creemos que no tuvieron todos los antecedentes a la vista".

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, detalló ayer cuáles serán los productos que tendrán un "alza acotada" en sus precios tras el frente de mal tiempo que azotó desde la Región de Valparaíso hasta el Biobío hace 10 días, aunque también dijo que "con la papa, en particular, ha habido algo de especulación".

En las ferias libres el tubérculo ha tenido un aumento de más de 30% en algunos casos, lo que el secretario de Estado atribuyó en TVN a "algo de especulación, sin lugar a duda, y problemas también de logística". Mucha papa "ya está cosechada, guardada, y no pueden guardar mucho tiempo, porque se empieza a echar a perder. Entonces, debiéramos terminar con este momento de alza".

Valenzuela precisó que se perdieron cultivos de acelga, espinaca y lechuga. "Por ahí vamos a tener los problemas", añadió el ministro.

En cuanto al catastro de daños en la agricultura, indicó que aún no está completo, pero precisamente en eso estaba ayer en Biobío, donde entregó alimentación animal a productores afectados por el sistema frontal y se reunió con alcaldes para dar a conocer detalles de la ejecución del Catastro de Emergencia Productiva.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriol, informó ayer que el cómplice del fallecido sicario "Maldito Cris", Alvin Daniel Vargas García (23), se fugó hacia Chile. "Alvin" es un avezado delincuente, miembro del Tren de Aragua, quien fue capturado el mismo día en que fue abatido el "Maldito Cris", pero dos días después de su arresto fue liberado el pasado 18 de junio. "Alvin ya está en Chile. Ya se han hecho las coordinaciones con las autoridades, nuestros pares de Chile para advertir, porque es un problema, eleva los niveles de riesgo. Estas personas en la calle constituyen un peligro", dijo Arriol.

¿Tiene responsabilidad el ministro Carlos Montes -uno de los políticos de más prestigio y uno de los que cuenta con mayores razones para tenerlo- en lo que ha ocurrido en el Minvu con las fundaciones?

Para saberlo es necesario dilucidar primero en qué consiste ser responsable.

Cuando decimos que, por ejemplo, Pedro es responsable, queremos decir que hay razones para atribuir un determinado acto (digamos x) a Pedro; pero también podemos querer decir que Pedro debe asumir las consecuencias de un acto (aunque no tengamos razones para atribuirle su ejecución). Por ejemplo, decimos que Pedro responde por los daños que cause un animal fiero que le pertenece y decimos también que Pedro debe responder cuando conduce un automóvil negligentemente. En el primer caso Pedro responde por las consecuencias aunque no le podamos atribuir la mordida del animal; en el segundo responde porque el acto es suyo. Por la inversa, hay casos en que alguien es responsable de algo (v.gr. un menor) en el sentido que fue él quien lo causó; pero no le atribuimos a él las consecuencias.

Otra forma de apreciar lo mismo es distinguir entre deuda y responsabilidad.

Tener una deuda quiere decir contar con una obligación directa. Por ejemplo, el comprador tiene la obligación de pagar el precio. Adeuda el precio, es deudor de este último. Ser responsable quiere decir asumir las consecuencias de una obligación incumplida. Generalmente quien es responsable de las consecuencias es el mismo que debió cumplir la obligación; pero eso no siempre es así. Hay casos en los que se es responsable por una obligación que otro incumplió. Por ejemplo, si el comprador tenía un aval. Quien tiene la deuda de pagar el precio es el comprador; pero el aval es responsable si aquel no lo hace.

Esa distinción entre la deuda y la responsabilidad, entre quien está obligado y quién es responsable, es la que está a la base de la función política. Decir que alguien tiene responsabilidad política quiere decir que con prescindencia de que haya sido quien debió ejecutar el acto (el deudor) debe asumir las consecuencias que de él se siguen (ser responsable).

¿En qué situación se encuentra el ministro Montes frente a las fundaciones cuyo desorden, con apariencia de tráfico de influencias él mismo se ha encargado de detectar?

En su defensa -llamemos así al alegato que ha hecho ante la Comisión de Vivienda del Senado- ha sostenido que la delegación de tareas que posibilitó el desorden y aparente delito cometido por las fundaciones habría comenzado antes de este gobierno, más precisamente durante el gobierno del presidente Piñera.

Bien.

Aceptemos que eso sea así ¿Quiere eso decir entonces que carece de toda responsabilidad?

Desde luego que no.

Los gobiernos poseen continuidad administrativa y las decisiones incorrectas del anterior que no son corregidas por el que le sigue, acarrean la responsabilidad política de este último. Después de todo, por eso cambian los gobiernos: no para asilarse en lo que hicieron los anteriores, sino para corregir lo que ejecutaron mal. Y si ello no ocurre se es responsable.

Ello, por supuesto, no quiere decir que deba dejar el gobierno. Solo quiere decir que debe reconocer que buena parte de lo que ha ocurrido se debe a inoperancia, liviandad o connivencia, es de esperar que no de él, Carlos Montes, sino del aparato gubernamental. Y dejar, en consecuencia, de hablar de quienes han celebrado convenios y atrapado millones, como si fueran terceros, agentes maliciosos externos que nada han tenido que ver con el gobierno o la coalición gobernante, y él mismo dejar de comportarse como si fuera un fiscal, un tercero imparcial a cargo de una investigación.

Porque él -todo hay que decirlo- no es un observador de lo que ha ocurrido, sino un actor de los hechos.

Ese reconocimiento explícito no sería exactamente asumir una responsabilidad política, pero equivaldría al menos a ejercer el cargo con la corrección intelectual que, atendida su trayectoria y su merecido prestigio, la ciudadanía espera de él.