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Hans Richter señaló que, de acuerdo a lo comunicado por la Red G9, "el proceso constitucional actual representa una oportunidad para que el Estado asuma vigorosamente el resguardo de las universidades públicas, con independencia de la específica modalidad de provisión que ellas asuman, estatal o no estatal, garantizando la provisión y acceso a una educación superior equitativa, inclusiva, regional, pluralista y de excelencia".
Desde esa perspectiva, sostuvo que "para nosotros como Universidad, que nació gracias a un fuerte impulso ciudadano y descentralizador desde el sur austral del país, es fundamental que sea apoyada esta iniciativa que busca garantizar autonomía institucional y financiamiento estatal adecuado".
La autoridad de la UACh precisó que la educación superior como un derecho social, con acceso igualitario y de calidad, resulta imposible de garantizar sin el esencial reconocimiento constitucional de la actividad universitaria, la autonomía institucional en todas sus dimensiones: académica, administrativa y económica; y un adecuado financiamiento estatal.
Agua para la vida
El Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) es una agrupación con presencia nacional y también en Los Ríos. Ingresó la iniciativa "Agua para la vida" (N°10.267), la cual -hasta ayer- superaba los cuatro mil 600 apoyos en la plataforma.
María Marticorena, encargada de Comunicaciones de Modatima en Los Ríos, precisó que el objetivo de la iniciativa presentada es "proponer garantizar el agua como un derecho humano y que se desprivatice". Con ésta -indicó- "se busca revertir la propuesta de la Comisión Experta en materia de agua, la cual mantiene el modelo de privatización".
En el detalle, y según se indica en la plataforma, se propone agregar cuatro artículos al Capítulo XIII: Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo. Entre ellos: "El agua, en todas sus formas y estados, es un bien común natural inapropiable, que pertenece a los pueblos y a la naturaleza" (Art. 2) y "El Estado debe garantizar la gestión inclusiva, democrática y comunitaria de las aguas" (Art.3).
A fin de reunir las firmas exigidas, comentó que han difundido la propuesta a través de redes sociales y de medios de comunicación, a nivel nacional y local.
La integrante de Modatima reconoció que ha sido complejo conseguir los apoyos, ya que -dijo- "existe una desmotivación de las personas después del 4 de septiembre del año pasado, quedaron los ánimos bajos y ahora ha costado que las personas se motiven".
Pese a ello -agregó- "creemos que no podemos dejar de luchar por lo que nos convoca que, en este caso, es la defensa del agua". En ese contexto, planteó que "el llamado es a la participación ciudadana, a que apoyen iniciativas populares de norma".
Respecto de este movimiento, explicó que se fundó en 2010 en la provincia de Petorca y en Los Ríos lleva un par de años instalada, desarrollando diversas acciones vinculadas a la defensa del agua, la tierra y el medioambiente.
Cut
La Central Unitaria de Trabajadores de Chile (Cut) está promoviendo dos iniciativas populares de norma (N°9.271 - N°9.315) en el proceso de participación, "al igual que lo hicimos en el proceso anterior", informó la presidenta de la Cut provincial Valdivia, Mary Vega, quien detalló que éstas "tienen que ver principalmente con promover el trabajo decente y la garantía de los derechos colectivos de las trabajadoras y trabajadores".
En ese contexto, la Cut propuso eliminar, reemplazar, modificar y sumar seis indicaciones al Artículo 16, número 25 (dos) y 26 (cuatro) del anteproyecto constitucional elaborado por la Comisión Experta.
De esa forma -explicó- la redacción que se propone instala el concepto del derecho al trabajo decente en la Constitución y fija como estándar de corrección la dignidad en las condiciones del empleo. "De esta manera se supera la definición establecida en clave neoliberal de la Constitución del 80 que sólo regulaba 'la libertad de trabajo' (Artículo 19 Nº 16)", planteó.
Asimismo -detalló- se establece el derecho a la educación y a la capacitación continua vinculado al trabajo. En esa línea, se incluye que todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a un salario mínimo decente, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna, tendiente al mejoramiento continuo y progresivo. En términos del proceso para su fijación se establece que se hará una vez al año previo diálogo tripartito, según estándar definido por la OIT en el Convenio 131.
Además, se hace una mención al órgano de la administración del Estado con facultades para supervigilar el cumplimiento de la ley laboral. Esta mención a la Inspección del Trabajo reafirma el rol de control de este órgano.
Y plantea que se debe incluir y reconocer el principio universal de la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras, que acoge como derechos fundamentales: el de sindicación, negociación colectiva (ramal) y derecho a huelga. Esto último a todos los trabajadores del sector privado y público, sin distinción alguna -explicó- siendo competencia de las organizaciones sindicales definir el ámbito y los intereses que se propongan defender mediante su ejercicio.
"Esperamos y necesitamos el apoyo no sólo de nuestros asociados sino que de todos y todas, ya que el trabajo y los derechos fundamentales nos afectan sin distinción", subrayó la presidenta de la Cut provincial Valdivia.
Niñez
En materia de niñez, en tanto, a nivel nacional distintas organizaciones están respaldando la iniciativa popular de norma "Niños, niñas y adolescentes en la nueva Constitución #NoTeOlvidesDeLaNiñez", presentada por Pacto Niñez.
La propuesta consiste en modificar el Artículo N°14 del Capítulo I: Fundamentos del orden constitucional. Y plantea: "1. La Constitución reconoce y asegura los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Estado promoverá la protección integral de la niñez adoptando, sin discriminación, medidas para resguardar su supervivencia y desarrollo. 2. En toda acción orientada a garantizar los derechos de la niñez, el interés superior, la protección frente a toda forma de violencia y las condiciones para crecer y desarrollarse en familia, serán consideraciones primordiales". En entrevista con www.soyvaldivia.cl, el director de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, comentó que la iniciativa busca "consagrar en la Constitución no solamente el interés superior del niño sino que su protección integral".
En esa línea, detalló que si bien se cuenta con una ley de protección integral, ésta "puede ser modificable o desechable si no está consagrada a nivel de Constitución. En la Constitución, las normas, los derechos quedan garantizados de forma más firme y, además, es una declaración de principios".
Sobre lo mismo, dijo que para declarar los principios de protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes no basta "solamente dos líneas, tenemos que ponernos un poquitito más ambiciosos y generar un país en cuyo seno, en su contexto, podamos defender de forma irrestricta los derechos de los niños, detectar situaciones de amenaza y restituir esos derechos que han sido vulnerados".
De acuerdo con lo publicado en la plataforma digital de la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana, hasta ayer en la tarde, ocho iniciativas populares de norma habían superado los diez mil apoyos: "Con mi plata no", "Chile por los animales", "Por un Estado sin pitutos", "Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno", "Una policía que nos proteja", "Es mi plata y punto", "Por el Derecho Preferente de los Padres" y "Reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años".
"El proceso constitucional actual representa una oportunidad para que el Estado asuma vigorosamente el resguardo de las universidades públicas, con independencia de la específica modalidad de provisión que ellas asuman, estatal o no estatal..."
Hans Richter, Rector UACh
"Creemos que no podemos dejar de luchar por lo que nos convoca que, en este caso, es la defensa del agua. El llamado es a la participación ciudadana, a que apoyen iniciativas populares de norma...."
María Marticorena, Comunicaciones Modatima
17 de diciembre se realizará el plebiscito de salida para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución que actualmente es discutida por el Consejo Constitucional.
1 mes es el plazo considerado para la participación ciudadana, que incluye cuatro mecanismos: audiencias, diálogos, iniciativas y consulta. Comenzó el 7 de junio y finaliza mañana.
8 propuestas de la ciudadanía han superado los 10 mil apoyos, que es el número exigido para que puedan ser discutidas en el Consejo Constitucional.
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