Según la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset), en Chile diariamente fallecen en promedio cinco personas en accidentes de calles y carreteras. Pero no se trata de números, porque detrás de cada muerte hay una familia, amigos, toda una vida de desarrollo, de esfuerzos y de planes que no llegaron a cumplirse.

En los accidentes influyen factores como la alta velocidad, la imprudencia de conductores y de peatones que cruzan con luz roja o por lugares no habilitados, y la conducción descuidada, donde hablar y escribir por celular tiene una alta incidencia. Es usual que durante los fines de semana largo, en fiestas como las de septiembre y de diciembre, o en la temporada de vacaciones de verano e invierno como la actual, se incrementan estos trágicos siniestros, por lo que las autoridades llaman a adoptar medidas preventivas, sobre todo que por estos días viajan familias completas, con niños.

Las cifras de Conaset indican que durante el último año se registraron en el país 89.983 accidentes de calles y carreteras, en los que 57.749 personas quedaron lesionadas y 1.617 perdieron la vida, en este último caso, con un aumento de 7,3% respecto a los fallecidos informados en el periodo anterior.

Los balances de Carabineros advierten la poca preocupación de los automovilistas. Es cierto que se producen más accidentes en las zonas urbanas que en las rurales, pero en éstas son más graves porque se circula a mayor velocidad. Por ello, han sido pertinentes los reiterados llamados de las autoridades en el sentido de que hay que redoblar los cuidados al volante, especialmente durante el invierno, por las difíciles condiciones climáticas imperantes.

El interés el Gobierno por crear un Banco Nacional de Desarrollo que impulse la innovación, especialmente en áreas que transformen la estructura productiva del país, no es algo nuevo. Existen en países como México, Brasil y Venezuela. Se crearon con el mismo fin y, frente a tan grande propósito, se entrelazan evidencias e interrogantes.

Primero, las garantías que facilitan el fondeo de actividades productivas tienen larga data en Chile. Los programas FOGAIN (de CORFO) y FOGAPE (Banco Estado), orientados a facilitar el acceso a financiamiento de pequeñas empresas, mediante el aval del Estado, son muy utilizados.

Segundo, iniciativas con foco en minería, energía, obras públicas y recursos hídricos (prioritarias para el país), significan miles de millones de dólares y, en general, son financiadas por empresas internacionales de gran tamaño o consorcios de elevada notoriedad.

Tercero, un banco de desarrollo que haga préstamos directos a proyectos con verdadero impacto debería tener un capital con muchos ceros. Si la disminución del riesgo se plantea como un porcentaje bajo del préstamo, sería un cambio irrelevante.

Cuarto, análisis de los bancos de desarrollo existentes muestran alta probabilidad de uso ineficiente de recursos; cierta captura del financiamiento por grupos de empresas de determinados sectores; diferencias en la evaluación, algo clave en la asignación de recursos y dificultad para mantener un gobierno corporativo de alto nivel técnico, independiente del gobierno de turno.

No creo necesaria una nueva institución. Hay otro perfil de emprendimiento al que apuntar y que ha tenido poca cabida en los recursos para capital de riesgo. Me refiero a aplicaciones productivas de conocimiento científico y tecnológico desarrollado en centros, universidades o empresas. Hacerlo generaría incentivo para investigaciones aplicadas a resolver nuestros grandes obstáculos para el desarrollo.

Se puede lograr sin crear una nueva institución, en cuyo aparato burocrático se gastarían recursos y tiempo que no benefician a esas iniciativas. Sería mejor hablar de un Fondo de Garantía para Proyectos de Desarrollo (FGPD), pues los desafíos de hoy necesitan una respuesta oportuna. Ver un banco de desarrollo en el programa del actual gobierno no es un buen argumento, porque las condiciones cambiaron.