Tras la última elección, en donde se escogieron a los consejeros constitucionales, un clima de incertidumbre se ha tomado el escenario político de nuestro país principalmente porque la nueva propuesta constitucional, está en su mayoría, en manos del Partido Republicano.

Hace unas semanas esta facción presentó más de 380 enmiendas que ingresaron para el borrador del texto desarrollado por la Comisión Experta.

En lo particular quiero referirme a una de ellas que agrega: "Se protege la vida del que está por nacer y la maternidad", lo que es a todas luces una "amenaza fantasma" (tal como el filme de Star Wars), un retroceso encubierto a los derechos sexuales y reproductivos que las mujeres hemos conquistado tras años de lucha.

El 2017 fue promulgada la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: Peligro para la vida de la mujer, Inviabilidad fetal de carácter letal y Embarazo por violación.

Según el Ministerio de Salud, desde 2018 hasta junio de 2022 se han practicado 2.793 abortos, el 31 % por riesgo para la madre, el 49 % por inviabilidad fetal y el 20 % por violación.

En estos datos se infiere que la tesis que ha manejado por años la derecha, sobre que la interrupción voluntaria del embarazo abre la puerta a que las mujeres iremos corriendo a abortar de una manera desenfrenada, se cae.

Pero más allá de estas cifras, está el trauma de una violación y la imposición de obligar a una niña a tener un hijo o hija de su agresor, lo que es condenarla a la revictimización y a cargar con el recuerdo de una experiencia terrible por el resto de su vida.

Tampoco podemos pasar por alto las recientes declaraciones del presidente del Partido Republicano Arturo Squella: "El día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente nosotros vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales, que creemos atenta a la vida". No cabe duda mujeres, la amenaza fantasma hoy es una realidad y supera a la ficción.

Ana María Bravo C. Diputada por Los Ríos.

Preguntas sin respuestas

Ya han pasado varios días, y la caja fuerte robada del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) no aparece.

Y de seguir así, la pregunta que nos hacemos todos hoy, es ¿Y qué tenía la caja fuerte adentro?

Pasará a formar parte de la larga lista de "míticas" preguntas que permanecen sin respuesta en Chile.

Le recuerdo una clásica.

¿Quién fue el jardinero y quién lo contrató para realizar un simple desmalezamiento en los jardines de la refinería de Con Con, pero cobró una millonaria cifra por su trabajo, que entre paréntesis, se le califica como la "precuela" de los grandes misterios del financiamiento de la política en Chile?

¿Y usted cuál recuerda?

Luis Enrique Soler Milla

Déficit habitacional

Sin duda que el Programa de Emergencia Habitacional, PEH, propuesto por el Presidente Gabriel Boric e implementado por el MINVU, ha sido fundamental para que el estado en su conjunto pueda hacerse cargo de un tema que hoy es una crisis a todas luces: el déficit de viviendas.

Nuestra meta en la Región de Los Ríos es dejar 5.612 unidades habitacionales a marzo del 2026 y donde hoy ya tenemos un positivo avance de un 33%. Aún entendiendo que con aquello abordaremos sólo un tercio de lo que la región necesita, sin duda será un aporte a la angustia que viven miles de familias. Pero ésta no es una región más, tiene complejidades que otras no tienen. Escasez de suelo, alto precio y mala calidad del mismo, poca oferta de entidades patrocinantes y empresas constructoras, musculatura técnica y administrativa débil, pero por sobre todo, aspectos ambientales y patrimoniales relevantes que requieren mayores recursos, mayor especificidad técnica y mayor complejidad en la presentación de los proyectos a evaluar, lo que genera un retraso de los mismos que en muchas ocasiones es complejo de comprender por las personas y que generan frustración y molestia, al no entender la tardanza en la ejecución de los proyectos que por cierto son reales y críticos.

Requerimos un Estado que se modernice, que acorte los tiempos de resolución, que disponga de criterios técnicos y sociales distintos a otras regiones, para que los proyectos fluyan, resguardando todo lo que la normativa establece. Pero también debemos entender que no se puede someter una emergencia y crisis habitacional a tiempos eternos que no ayudan a lo más importante, que es disponer de una solución habitacional para miles de personas que mueren esperando y otros que con angustia pagan su arriendo con mucha dificultad cada mes.

Rodrigo Sepúlveda E., Director regional Serviu Los Ríos.

Pacto fiscal

Para el desarrollo económico, un pacto fiscal, que utilice como eje una reforma tributaria resulta muy necesario. El país requiere de una mayor recaudación tributaria, para gastar más en seguridad, educación, salud y pensiones. Además, se debe suplir el déficit estructural -endeudamiento-, ya que el Estado espera gastar más de lo que recibe.

Hoy, las proyecciones económicas no son favorables. Si se suben los impuestos, será difícil separar el efecto que se produzca del cambio de impuestos en la economía y el efecto de una recesión. Esto puede generar expectativas más negativas para la economía, repercutiendo en la actividad económica. Por tanto, el gobierno debe ser muy preciso en lo técnico, para que el mercado no sobrerreaccione ante una modificación impositiva.

Una reforma tributaria que intenta recaudar más debe apuntar a hacerlo de mejor forma, minimizando los efectos de comportamiento de los impuestos. Por ejemplo, en el caso de un aumento en el impuesto corporativo, una forma de aminorar su efecto negativo en la inversión es por medio de la depreciación acelerada, beneficio que fomenta la inversión de cualquier empresa, incluyendo las pymes.

Sobre la productividad por trabajador, esta ha estado estancada. El gasto de gobierno puede ayudar a mejorarla, por medio de inversión pública, mejorar la educación y ayudando a reducir barreras para la movilidad intergeneracional.

El gobierno necesita un acuerdo, más allá del gobierno de turno, para los próximos 10 años. Si este pacto no tiene la envergadura adecuada, tendremos una discusión similar en los próximos dos años.

Pablo Gutiérrez, Universidad de Chile.