La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se mostró preocupada por las acciones legislativas que impulsan los Gobiernos provinciales de Salta y La Rioja, en Argentina, para sancionar en un caso la difusión de noticias falsas y, en el otro, propiciar una reforma constitucional que podría afectar las libertades de expresión y de prensa.

En Salta, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados castiga con arresto o multas a "quien difundiere noticias falsas" en el espectro digital.

De aprobarse, el artículo 50 autoriza castigos para quien "cree noticias falsas, infunda pánico, desacredite personas o autoridades provinciales".

En La Rioja, en el inicio del debate sobre una reforma constitucional de esa provincia, el gobernador Ricardo Quintela dijo que la enmienda incluirá la regulación de la prensa independiente.

A su entender, la Convención reformadora -con amplia mayoría oficialista- debe discutir sobre "la libertad de expresión y la gobernanza".

El mandatario es crítico de los medios de comunicación y, ya meses atrás, había propuesto "bloquear" a medios nacionales porque, dijo, "dan información podrida", que no se puede "verificar".

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, expresó su preocupación por estas iniciativas y lamentó que "en un país con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos".

Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, recordó las declaraciones de Chapultepec y de Salta, esta última sancionada justamente en la provincia argentina que ahora impulsa la polémica ley.

Aquellos documentos consagran los principios que deben regir la libertad de prensa y piden a los gobiernos inhibirse de crear leyes o regulaciones que impacten negativamente contra el derecho natural a la libertad de expresión.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, resaltó que, en Salta, la nueva propuesta legislativa es ambigua y peligrosa.

"Parece que los funcionarios disfrazan una loable acción para limitar las mentiras en la creación de un escudo protector para atajar las críticas, las opiniones y las investigaciones periodísticas que los tienen como destinatarios", advirtió.

Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, subrayó que "es igualmente autoritario que un gobierno trate de calificar qué es bueno o malo, verdadero o falso, en materia de comunicación e información".

Greenspon y Jornet indicaron que para combatir la desinformación, los gobiernos deberían impulsar políticas públicas de alfabetización noticiosa y digital y medidas que fortalezcan el periodismo profesional y abstenerse de imponer mecanismos de censura o sanciones penales.

Recordaron también que la SIP "rechaza leyes o regulaciones que afecten la independencia y los criterios editoriales de medios y periodistas".

La SIP, con sede en Miami, es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas y la integran más de 1.300 publicaciones occidentales.

Ucrania defendió el uso de drones navales en el mar Negro, donde acosa los puertos rusos de la anexionada península de Crimea y la Rusia continental con el fin de obligar a los rusos a salir de sus aguas territoriales, mientras continúan los combates posicionales en todo el frente.

"Cualquier 'zambombazo' contra buques rusos o el puente de Crimea es una acción lógica y efectiva en contra del enemigo", declaró ayer el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasyl Malyuk, en alusión a los sucesivos ataques con drones en el mar Negro.

Por ello, añadió, "si los rusos quieren que los 'zambombazos' cesen, deben aprovechar su única posibilidad: abandonar las aguas territoriales de Ucrania y nuestra tierra".

"Y cuanto antes lo hagan, mejor", zanjó, al expresar su absoluta convicción en la victoria ucraniana.

Al ataque de drones de la víspera, lanzado contra la península de Crimea y el puerto ruso de Novorossíisk -que albergan las mayores bases de la Flota rusa del Mar Negro- y durante el cual habría sido dañado el buque de desembarco ruso "Olenogorsky Gornyak", siguió otro por la noche contra un petrolero.

Buque

Aunque Rusia no reconoció que "Olenogorsky Gornyak" fue alcanzado, sí informó sobre los daños ocasionados al buque cisterna ruso "Sig" en el compartimento de máquinas "junto a la línea de flotación de estribor".

No obstante, las autoridades rusas negaron que tras el incidente hubiese tenido lugar un derrame de crudo y anunciaron los preparativos para la reparación del buque.

El ataque, durante el cual se escucharon varias explosiones en la península, obligó a las autoridades rusas a detener durante horas el tránsito sobre el puente de Crimea, en el estrecho de Kerch, a las 23.26 hora local y apagar sus luces.

El canciller de Austria, el conservador Karl Nehammer, dijo que propondrá al Parlamento incluir en la Constitución el derecho a pagar en efectivo, idea que la ultraderecha lleva años promoviendo.

Nehammer, líder del gobernante Partido Popular (ÖVP, democristiano), admitió que el plan está motivado por lo mucho que a la población austríaca le preocupa la tendencia a eliminar el dinero al contado.

"El tema del dinero en efectivo es muy importante para la gente. Siempre que se habla de restringir el efectivo, la gente se inquieta", dijo Nehammer a la agencia austríaca APA.

El jefe del Gobierno austríaco reveló que ya ha pedido a su ministro de Finanzas, Magnus Brunner, que elabore una propuesta para que esta pueda ser estudiada en una reunión con el sector bancario prevista para el próximo mes.

Aseguró que también ya estaba al tanto de la propuesta la formación ecologista "Los Verdes", socia minoritaria de la coalición bipartita en el poder.

"Cada año se retiran 47.000 millones de euros de los cajeros automáticos austríacos", comentó el canciller aludiendo a datos del Banco Nacional, y subrayó que le preocupa que pueda restringirse la "libertad de elección" de cómo se quiere pagar.

El opositor partido ultranacionalista FPÖ lleva tiempo diciendo que el derecho a utilizar efectivo y a pagar de forma anónima está en peligro, a pesar de que el Banco Nacional de Austria lo ha negado en muchas ocasiones. "¿No te da vergüenza robarle ideas de esta manera al 'malvado y extremista' FPÖ? ¿No tienes ideas sensatas propias?", dijo el líder de los ultras, Herbert Kickl, al reaccionar al cambio de decisión de los conservadores.

El FPÖ fue el impulsor de una iniciativa lanzada contra un supuesto plan de las autoridades para acabar con el dinero en metálico para que sea sustituido por diversas formas de pago digital que dejan una huella y no garantizan el anonimato.