Cada año en el mundo fallecen poco más de 17 millones de personas debido a enfermedades cerebro o cardiovasculares, lo que habla de la importancia que tiene la atención oportuna de las causas de estos males. De ahí la importancia de este agosto como Mes del Corazón, con el fin de que las personas se preocupen de su cuidado y de la prevención de las enfermedades asociadas a ese órgano.

Las enfermedades al corazón y al sistema circulatorio se han convertido en trastornos silenciosos, pero claramente mortales. Sólo en el caso de la hipertensión, uno de los principales factores de riesgo, se presenta como uno de los desafíos de salud pública relevante del país y eje para programas que buscan evitar muertes prematuras, debido a su difícil diagnóstico y a la prevalencia creciente en la población.

En los últimos tres años, los sistemas de salud han debido preocuparse preferentemente del Covid-19 y sus consecuencias, así como este año dominaron los virus respiratorios, pero quedaron en segundo plano las patologías de cáncer, enfermedades digestivas y neurológicas, entre otras.

Se estima que en Chile mueren 45 personas al día por estas causas. Según cifras del Ministerio de Salud, en el país estas enfermedades son la primera causa de muerte en hombres mayores de 35 años y en mujeres mayores de 50 años. A eso se agrega que el 60% de los chilenos presenta entre dos a cuatro factores de riesgo, como hipertensión, sobrepeso, colesterol y glicemia sobre los valores normales.

Es necesario crear conciencia en la población sobre las enfermedades cardiovasculares, sus causas, efectos y prevención. Los médicos destacan aspectos fundamentales para cuidar este órgano: una alimentación sana, actividad física adecuada y llevar una vida que controle el estrés y la presión arterial. Cada uno de estos puntos plantea desafíos en términos de salud y en políticas que ayuden a promover la vida sana.

Esta semana el gobierno del Presidente Gabriel Boric dio un paso muy importante para la legislación de nuestro país, al promulgar la ley que sanciona los delitos económicos y medioambientales, popularmente conocidos como "delitos de cuello y corbata". Instancia que acompañamos e impulsamos transversalmente desde la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento en el Senado para sacar adelante.

Nos referimos a aquellos delitos que por largo tiempo han dejado un mal sabor en la ciudadanía y una sensación de impunidad, ahondando la idea de que existe una justicia para ricos y otra para pobres. La nueva ley supone una actualización de las penas para aquellos delitos que no tenían espacio ni sanción adecuada en nuestro sistema jurídico, permitiendo condenas en libertad, pagando multas, o que derivaron en clases de ética. Casos como la colusión de farmacias, colusión de pollos, o la colusión del papel higiénico, por señalar algunos ejemplos emblemáticos en nuestro país.

Una ley que avanza en dejar atrás los tratos especiales para personas que cometieron delitos de malversación de fondos públicos y cohecho. Entre otras cosas, uno de los grandes avances de esta ley es que permite que sean menos los casos cuyas penas puedan cumplirse en libertad, y asimismo se crean nuevos delitos para dar cabida a aquello que anteriormente quedaba al margen de la justicia.

Otro aspecto relevante es que las personas condenadas por estos delitos no podrán ejercer cargos públicos y gerenciales, y no podrán establecer contratos con el Estado. Asimismo, resulta fundamental que esta nueva ley se haga cargo de manera más sistemática de la protección al medio ambiente, sancionando aquellos delitos que sean atentatorios de éste, como por ejemplo son la contaminación de aguas y suelos, al igual que el daño a parques nacionales y humedales, entre otros. Lo anterior es vital en aras de poder construir una sociedad más justa y consciente sobre el cómo debemos convivir entre nosotros y con el medio ambiente.

Aunque la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) intentó frenar esta iniciativa con un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, el rechazo transversal por parte de parlamentarios y académicos a la iniciativa fue una señal potente de que avanzabamos en una normativa que permitía pavimentar un camino más ecuánime, capaz de devolver confianza y credibilidad a la ciudadanía.

Hoy, cuando presenciamos nuevos casos turbulentos y con ribetes de corrupción, más que nunca la señal debe ser clara y enfática contra este tipo de delitos. En buena hora podemos señalar y celebrar que hoy avanzamos en una legislación más robusta capaz de hacerse cargo de malas prácticas, y esperamos que permita dejar atrás la impunidad de aquellos delitos de cuello y corbata.