El Gobierno Regional (Gore) de Los Ríos ha levantado la voz frente a la aplicación de las nuevas disposiciones del Ministerio de Hacienda, que puso término a las asignaciones directas a entidades particulares que desarrollan proyectos en los territorios. El objetivo de la norma gubernamental es aumentar el control y evitar que se repitan situaciones graves como las del Caso Fundaciones; pero a nivel local se teme que haga más lenta la acción ante la comunidad.

El gobernador Luis Cuvertino y los consejeros dejan claro su total acuerdo con los resguardos estrictos del uso de fondos públicos. Cero discusión al respecto. Pero sí alertan que "Pagan justos por pecadores" cuando se aplican reglas desde el nivel central, sin diferenciar o apreciar las gestiones exitosas previas, como las utilizadas en esta región, con estudios de cada caso en el Consejo y unidades fiscalizadoras.

Como respuesta a este escenario nuevo dispuesto en la Circular Nº20 de Hacienda, el Gore Los Ríos creó rápidamente una solución y presentó el viernes el Fondo de Desarrollo Regional de Integración Social, Diversidad Cultural, Deporte y Medio Ambiente. Las postulaciones están abiertas para que instituciones privadas sin fines de lucro presenten proyectos en dos líneas (eventos culturales, deportes, acción social) y se dispuso de $700 millones para financiarlos.

Sin duda que esa reacción de las autoridades locales fue a tiempo y positiva, generando oportunidades de realización a muchas actividades que históricamente contaban con un aporte estatal vía asignación directa y que ahora podrían verse privadas de él debido al cambio en las reglas. Una buena solución, considerando el contexto. Sin embargo también implica no garantizar continuidad y tranquilidad a iniciativas emblemáticas previamente definidas como importantes para la región.

Con todo, en momentos confusos como los actuales, lo mejor es multiplicar soluciones y transparencia. Así lo entendió el Gore, pasando de la inquietud a la acción, pero alertando sobre los retrocesos en la descentralización que podrían quedar instalados.

Luego de 14 años de la presentación del primer boletín legislativo, este 30 de agosto, se aprobó en el Congreso el Proyecto de Ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, valorando la labor de Parlamentarios autores de los proyectos y quienes aportaron con sus votaciones.

Las tomas orientadas a la apropiación de terrenos para loteos irregulares; para uso de vivienda; y de predios agrícolas y forestales en el concepto de la mal utilizada reivindicación de tierras, se han hecho frecuentes en los últimos cinco años.

En la Macrozona sur, se han producido entre los años 2018 a 2022, 162 ocupaciones, 53 de ellas con el uso de la violencia, con el magro resultado judicial de tan sólo 3 sanciones de multa y un período de recuperación del terreno que supera los 3 años.

En estos actos, se producen amenazas, atentados y ataques armados, que redundan en el impedimento no sólo del derecho de propiedad, sino también en generación de temor, limitando el desarrollo de una actividad económica lícita, el derecho al trabajo y derechos humanos de agricultores, trabajadores y sus familias. Ante estos resultados, los aspectos más relevantes de la nueva legislación son: la incorporación de la pena de presidio en usurpaciones, lo que va a permitir la detención de los usurpadores por parte de las fuerzas policiales y la facultad del Ministerio Público de instaurar medidas de protección y alejamiento.

También se establece la extensión de la flagrancia a rango de permanente; las sanciones de multas a quienes alteren límites e instalen banderas con intención de posesión; y la validación de la legítima defensa privilegiada en el caso de usurpaciones violentas, tal como ocurre actualmente en el delito de robo con violencia o intimidación.

En este último aspecto, lamentamos las reacciones producidas e invitamos al Gobierno a recapacitar sobre el veto anunciado a este artículo.

Se debe considerar que este derecho se presenta en delitos similares contra la propiedad y la integridad física de las personas; que por razones obvias el actuar policial se retrasa en sectores rurales y que lamentablemente buena parte de estas usurpaciones se ha producido con la afectación de la integridad física, emocional y patrimonial de los agricultores.

Paralización en celulosa

Ni la intervención del ministro del Trabajo, Ricardo Solari, logró ayer poner punto final a la paralización de la construcción de la Planta de Celulosa Arauco, que llevan a cabo más de dos mil trabajadores en demanda a un bono de 2,5 por ciento por el término de faenas.

Piden elegir a intendentes

Transitar hacia un gobierno parlamentario, la elección democrática de los intendentes y la legalización de las drogas, aunque bajo regulación, son algunas de las "95 propuestas para un Chile Mejor", libro presentado ayer en Valdivia por dos de sus creadores.

Con asistencia del gobernador provincial, brigadier general Claudio López Silva y alcaldes de la provincia, serán inauguradas hoy cuatro importantes obras de progreso comunal. La materialización de ellas se debe a la iniciativa y dinamismo de la alcaldesa, Natalia Álvarez de Wenzel.