Redacción

El timonel de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, atribuyó al Presidente Gabriel Boric parte de la responsabilidad de los desencuentros políticos en el 50° aniversario del golpe de Estado.

El parlamentario de la Democracia Cristiana afirmó, en entrevista con Emol, que "hubo actos del Mandatario que no facilitaron las cosas por decirlo de alguna manera, que partieron días antes del 11. Me acuerdo de la primera convocatoria que hizo en Europa, en esa gira, ya eran temas complejos, como llamar a un acuerdo sin antes haberlo discutido o conversado con los actores".

Cifuentes agregó que "en política la única herramienta que tenemos es el diálogo y la conversación, entonces uno no puede anunciar una cosa, menos si está fuera del país, que involucre a otros a los que no se les ha preguntado. Eso fue desordenando después la posibilidad de llegar a algunos acuerdos".

Respecto a los incidentes ocurridos en la Cámara de Diputados durante el homenaje a Salvador Allende, explicó que "el 80% o 90% del acto se hizo en los términos que corresponde. Sólo al final un diputado de la UDI (Gustavo Benavente) hizo algo que no correspondía. En la Sala cuando hay un homenaje lo que hay que hacer es hablar a favor, en términos positivos, respecto de la persona que se quiere homenajear, porque de lo contrario no tiene ningún sentido". Además afirmó que el legislador gremialista "había una intención de no homenajear", incluso de "insultar".

Resolución contra Boric

Paralelamente, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de resolución en la que le recordó al Presidente Boric la vigencia de la presunción de inocencia en el país y lo emplazó a disculparse con las instituciones policiales por las graves imputaciones formuladas contra Carabineros.

La solicitud se realizó a propósito del discurso que realizó el Mandatario el 18 de octubre pasado en el Palacio de La Moneda en relación al accionar del personal policial en el estallido social, donde dijo que "como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede repetir".

La moción fue impulsada por los parlamentarios de Renovación Nacional y fue aprobada con 68 votos a favor, 54 en contra y 12 abstenciones, con el amplio respaldo de Chile Vamos, el Partido Republicano y otras fuerzas políticas no alineadas.

Por otro lado, fue rechazado por los parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio, además de diputados del Socialismo Democrático y el DC Eric Aedo, aunque cuatro parlamentarios del PS y uno del PL se abstuvieron.

Muy alejado de los incidentes producidos el lunes en la Cámara de Diputados con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el Senado emitió ayer una declaración conciliadora para esta fecha.

El presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), leyó un texto en nombre de la mesa del Senado y con la adhesión de todas las bancadas, desde el Partido Comunista al Partido Republicano.

"Es imposible pretender que tengamos una visión común de la historia, las causas del quiebre, el proceso que lo antecedió, las opciones de entonces y los años que sucedieron al colapso", dijo el timonel de la mesa.

Agregó que "cada uno tiene el legítimo derecho a tener una mirada propia, fundada en su experiencia, en sus ideas y su particular sensibilidad". Pero "nunca podemos tratarnos como enemigos, nunca la violencia es alternativa a la solución racional de los desacuerdos, nunca la dignidad del ser humano puede subordinarse a ningún objetivo político".

Afirmó que "el Senado tiene un rol y una responsabilidad insustituible, cargar el pasado con madurez y mirar el futuro con responsabilidad es lo que nos corresponde. Nada podemos hacer para cambiar lo que sucedió hace 50 años, pero podemos hacerlo todo para configurar los 50 años que vienen".

Luego de los actos conmemorativos del golpe, o de la renuencia para participar de ellos, o de los debates y los desplantes a que dieron lugar, la pregunta que ahora cabe formular es acerca de lo que queda. Luego de estos días ¿queda algo que valga la pena? ¿algo en lo que todos puedan converger y en cuyo valor todos puedan estar de acuerdo?

Los días que van quedando atrás, y cuyo momento cúlmine fue el Once, dejaron aparentemente poco, salvo la constatación de una distancia en la memoria; pero, bien mirado, hay algo que conviene destacar.

Se trata del Plan Nacional de Búsqueda que tratará de esclarecer las circunstancias de la desaparición forzada de personas cuya suerte (o para decirlo con más claridad, las circunstancias del crimen que padecieron y del destino de sus restos) aún se desconoce. Es esta una situación que al margen de su significación legal (puesto que se trata de un crimen que es necesario perseguir) posee una dimensión de otra índole, se la puede llamar simplemente moral, que este plan intenta remediar.

Y es que si una sociedad no debe aceptar la impunidad de ningún crimen (especialmente de un crimen cometido por motivos ideológicos o políticos, cual es el caso de los desaparecidos) menos puede aceptar vivir en la ignorancia de su ejecución, dar la espalda a quienes buscan a sus familiares y hacer como que nada hubiera ocurrido o como si les hubiera ocurrido algo más o menos habitual, como un delito común de los que hay tantos, un infortunio cuyo costo y cuya pena no quedaría más que sobrellevar. Algo así (que consiste no solo en negar la justicia, sino en ignorar el dolor) suena inmisericorde; pero esto es más o menos lo que hasta ahora ha ocurrido en Chile. Por motivos que habrá que dilucidar, la búsqueda de los desaparecidos ha sido entregada al debate y la investigación judicial; pero el estado como tal no se ha comprometido con ella, como si la desaparición fuera un asunto meramente delictual y la búsqueda una cuestión privada. Y está bien que en un estado de derecho el castigo de los crímenes esté entregado al debate en el foro judicial; pero no está bien, o está derechamente mal, que cientos o miles de personas se esfumen y desaparezcan a manos de agentes estatales, y que el estado en cuanto tal, a quien estos agentes sirvieron y del fueron brazos ejecutores, pretexte en los hechos que se trata de un asunto que le es ajeno, y frente al cual carece de todo deber salvo el de atender, cuando se emita, al dictamen de la justicia.

Es esa omisión --llamémosla moral-- la que este plan nacional de búsqueda viene a remediar.

Si tiene éxito (y hay que esperar que lo tenga) los familiares que han buscado inútilmente por décadas, mientras vivían encadenados a una pérdida cuyos pormenores desconocen, no obtendrán necesariamente el castigo de los ejecutores (porque, como va dicho, ese es un asunto jurisdiccional) pero al menos podrán saber dónde están los restos de sus familiares, o parte de ellos, y si esto último tampoco se logra, podrán reconstruir, gracias a los datos que se reúnan, y al menos con la imaginación, los últimos días y momentos de los ahora desaparecidos, los lugares que ellos vieron por última vez y encontrar en esos retazos de verdad un poco de consuelo.

En estos días que se habla tanto, y con razón, de la memoria, se olvida que los familiares de los desaparecidos están incluso privados del recuerdo, porque saben que sus seres queridos desaparecieron, pero no saben cuándo exactamente ocurrió el desaparecimiento, en qué circunstancias, dónde vivieron sus últimos días, qué paisaje vieron sus ojos por última vez, si en esos días finales hacia frío o calor, si dijeron algo o callaron, todas esas circunstancias que nos permiten acompañar siquiera en la imaginación a quienes mueren (como si al imaginar la escena final compartiéramos el dolor o el miedo que debieron padecer y así nos consolamos) les han sido hasta hoy día negados a los familiares.

Y acabar con esa negativa -y cumplir ese mínimo moral que cabe al estado- es lo que se propone este plan que, si tiene éxito, habrá logrado para las víctimas mucho más que los encendidos discursos pronunciados o callados, mucho más que las declaraciones firmadas o rehusadas firmar.