El pleno del Consejo Constitucional aprobó ayer una de las enmiendas más polémicas del proceso para la elaboración de una nueva Carta Fundamental: con votos de Republicanos y Chile Vamos, se visó el inciso 1 del artículo 16 que explicita sobre "el derecho a la vida" que "la ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte". Esta disposición que, según el oficialismo, podría significar la derogación de la ley de aborto en tres causales vigente en Chile desde 2017.

Pese a que la oposición llegaba con opiniones divididas a esta discusión, finalmente votó en bloque a favor de esta corrección al texto emanado de la Comisión Experta, que fue aprobada con 33 votos a favor y 17 en contra. Junto con ello, los representantes de la colectividad liderada por José Antonio Kast expresaron su decisión de luchar contra la legislación que permite la interrupción del embarazo.

Así lo manifestó Antonio Barchiesi, quien afirmó que "el hecho de que esta norma no consagre la prohibición directa del aborto, es para nosotros un mandato para buscar siempre y en todo lugar la derogación de la ley de aborto, en cuanto permite el asesinato de un inocente".

Su compañera de bancada María de los Ángeles López cuestionó al oficialismo: "La bancada republicana elige la vida, mientras que ustedes eligen la muerte".

Estas palabras fueron calificadas como injuriosas y calumniosas por su contraparte, que se reservó el derecho a analizarlas y eventualmente presentar una acción legal.

Luis Silva, delegado republicano, trató de bajar los decibeles y dijo que "la norma aprobada hoy prácticamente replica el texto de la Constitución vigente".

La representante de RN Ivonne Mangelsdorff afirmó que "votamos un derecho a la vida. Nos sentimos tremendamente orgullosos, es un avance que hablemos de un sujeto, que es el quien, y no un objeto".

Coincidió la consejera Carolina Navarrete (UDI), quien defendió que "es imperativo que enmendemos nuestra Constitución para consagrar de manera inequívoca y firme el derecho a la vida desde la concepción hasta su fin natural".

Lamento oficialista

Ante ello la consejera Paloma Zúñiga (RD) comentó que "no podemos quedar impávidos frente a la pretensión moralista, maximalista e identitaria de los grupos conservadores de este Consejo Constitucional (...) Petrificar la discusión del aborto libre o retroceder en el aborto en tres causas no es el rol del Consejo".

Respecto al derecho a la vida, el vicepresidente del Consejo, Aldo Valle (ind.-PS) advirtió que "al usar la palabra 'quien' se reitera el principio de que todo ser humano es persona y con ello se quiere abrir una vía para invalidar constitucionalmente la ley de aborto en tres causales".

La ex presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga (ind.-PPD) lamentó que "al hablar de la vida de quien está por nacer, reconoce titularidad de derechos al embrión, yendo más allá de la Constitución de 1980".

Criticó además que quienes "presentaron estas enmiendas dijeron antes que no pretendían modificar la ley de aborto. En este pleno han sido explícitos en que hubo un cambio de opinión o de estrategia".

Otro inciso aprobado por 34 votos, 15 en contra y una abstención, indica que "los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia, salvo en los casos de refugio o asilo expresamente contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, afirmó que el caso convenios influirá severamente en la discusión de la ley de Presupuesto 2024. Según el parlamentario UDI, se debe buscar que esas conductas "queden descartadas y que haya la menor posibilidad de filtración de recursos de uso del Estado para otras cosas".

Se espera que el debate acerca de los financiamientos fiscales para el año que viene se inicie la próxima semana y según el legislador gremialista "va a influir harto" el escándalo desatado por las transferencias de dinero desde organismos dependientes del Estado a fundaciones, destapado hace algunos meses tras el caso Democracia Viva.

"Generalmente los debates giran en torno a dónde está la prioridad de cada presupuesto, los presupuestos son todos diferentes en materia de énfasis, si bien las cantidades no son tan diferentes. Pero en este caso va a ser algo diferente, porque el país y todos estamos bien impactados por el caso convenios, pero más que por el caso convenios, por la tremenda duda que a todos nos da el uso de los recursos públicos", afirmó Coloma en radio Cooperativa.

"Cuando uno plantea lo difícil que es obtener esos recursos y las múltiples necesidades, uno se angustia, se indigna. Cuando uno dice 'bueno, estos recursos que deberían ir en materia de vivienda, a hacerse cargo de los campamentos o a enfrentar los déficit que haya, al final se gastaban en fundaciones, en convenios', se le da un tinte político", añadió el senador.

En conclusión, puntualizó Coloma, es que "ese va a ser probablemente el eje más importante que se va a traducir en un esfuerzo por concursabilizar mucho más los recursos y no asignar directamente".

A este tema se refirió también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien en radio Pauta afirmó que "en el articulado de la ley de Presupuesto se va a revisar toda la norma que regula este tipo de convenios y transferencias".