Luego de que el Presidente Gabriel Boric presentara la propuesta del Gobierno para el Presupuesto del país en 2024, surgieron inmediatas reacciones y una de las más duras fue del Colegio Médico, que reclamó que el gasto en salud es "insuficiente" y "no se están cumpliendo las expectativas".

"Este es un presupuesto que consolida estos avances para poder seguir mejorando la vida de nuestros habitantes, en particular de las familias trabajadoras de ingresos bajos y medios, de jóvenes y de personas mayores. Y es, también, un presupuesto responsable, que gestiona bien la economía y refuerza el crecimiento", afirmó el Mandatario antes de que el proyecto ingresara, ayer, al Congreso Nacional.

Una de las sorpresas fue el anuncio de un aumento del gasto público de 3,5% para los diferentes sectores prioritarios como educación, salud, seguridad y vivienda. Sin embargo, en el área sanitaria de inmediato hubo una reacción adversa, a pesar del aumento de 8,1% propuesta en dicho ámbito.

El presidente del Colmed, Patricio Meza, afirmó en radio Universo que los recursos anunciados son "insuficientes". El dirigente se preguntó: "¿Alcanzamos a resolver los mismos desafíos que él ha planteado como de la atención primaria? ¿Alcanzamos a resolver los temas de salud mental? ¿Alcanzamos a resolver el tema de las listas de espera? Eso no es así".

Como líder gremial enfrenta una crisis del sector a causa de la desvinculación, a partir de mañana, de los 6.300 funcionarios contratados durante la pandemia de covid-19. Esto se suma a las movilizaciones de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) que mantienen un paro y ayer llevaron su marcha hasta dependencias del Ministerio de Salud. "No se están cumpliendo las expectativas que se habían creado", afirmó el líder del Colmed.

Más críticas

Los cuestionamientos surgieron también desde el mundo político. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), expuso que "inquieta, quizá, un diagnóstico original del Presidente; si es cierto, como él plantea, que es un país que va avanzando, cosa que me encantaría, o es un país que está más bien detenido y que requiere cambios para avanzar, que es lo que yo siento es el eje de la discusión profunda que Chile debe tener en materia económico".

"No sé cómo se va a financiar ese 3,5%. La pregunta es: ¿Se va a gastar más de lo que se va a recibir? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Va a haber más deuda? ¿Cómo se pretende generar esa lógica? Porque el gran problema es la inflación", agregó el legislador, en línea con las críticas del presidente de la CPC, Ricardo Mewes, quien también cuestionó el aumento del gasto.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó en entrevista con radio Cooperativa que el aumento del gasto responde al "aumento estructural o permanente de los ingresos fiscales producto de la entrada en vigencia del Royalty Minero. Este año 2024 todavía no va a ser el total de lo esperado del Royalty Minero porque hay algunas compañías que todavía tienen invariabilidad tributaria, pero sí va a haber un aumento relevante".

También aludió al aumento de la producción de cobre y los ingresos del litio, pidió confiar en los expertos y en la discusión que se daría en el Congreso. Y finalmente respaldó a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, que ha sido cuestionada por su eventual responsabilidad en el caso convenios: "El Presupuesto es como un avión que hasta el momento ha estado preparándose para partir, ahora está a punto de despegar, y no vamos a dejar que por razones políticas se quite al piloto de ese avión, que en este caso es la directora de Presupuestos".

Tres meses y medio han pasado desde que estalló el caso de convenios irregulares entre reparticiones estatales y fundaciones. Y en vez de aclararse su inocencia, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia en Revolución Democrática está suspendida, parece más complicada a medida que pasan los días. Y en las últimas horas se supo que la Fiscalía pidió el alzamiento del secreto bancario de la política.

El 17 de junio se destapó el acuerdo por el cual la seremi de Vivienda de Antofagasta con la ONG Democracia Viva. De inmediato se apuntó a la parlamentaria, porque era pareja del director de la fundación, Daniel Andrade, amiga del seremi aludido, Carlos Contreras, los tres militaban en RD y la legisladora representa a la región donde todo comenzó.

Este jueves se supo que el secretario de RD Edson Dettoni había revelado que el 21 de junio "me enteré de que Catalina sabía de los convenios, por lo menos, entre marzo y mayo de 2023", lo que generó que fuera denunciada al tribunal supremo del partido.

Ayer se dio a conocer que el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga los eventuales ilícitos cometidos en este caso, pidió el alzamiento del secreto bancario para las cuentas de la diputada, diligencia que, expuso, "resulta indispensable para reunir antecedentes que permitan acreditar los delitos investigados".

Paralelamente, el senador Juan Ignacio Latorre, último presidente de RD, explicó en radio Cooperativa por qué no avisó directamente a La Moneda cuando se supo del caso en la colectividad: "Ya habíamos avisado a quién estaba llevando la investigación interna del caso, que era la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas. Lo habíamos hecho por el 7 de junio. Le dije 'sigamos los conductos regulares y no llevemos un tema aún a Presidencia', porque debía verse internamente en la cartera del ramo, que es Vivienda, y sobre todo cuando es un tema en una región, con un seremi".

En medio de la incertidumbre por el paradero del fugitivo "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua, y con la orden de detención judicial concedida por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte por si intenta ingresar al país, el fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibia, explicó en radio Universo que para la organización criminal "Chile ha sido un lugar propicio para establecer algunos negocios".

"Ellos estiman que nuestro país era propicio por distintas razones, puede ser por su estabilidad económica u otras, no les sabría decir con exactitud, pero sí fundamentalmente por la facilidad que da la frontera nuestra", agregó.

Según detalló, lo último "es un tema para ellos muy importante, porque pueden entrar y salir del país con bastante tranquilidad y eso permite también controlar esa frontera. Es una frontera inmensamente importante del punto de vista ilícito".

Luego Arancibia explicó que "Niño Guerrero" es el "líder máximo" de la organización, pero que otros "cofundadores" como "Larry Changa" también pasaron por el país: "Estuvo en Chile viviendo dos o tres años y luego, cuando empezaron los procedimientos contra el Tren de Aragua, se fue del país".

Arancibia también cuestionó el rol del gobierno venezolano y aseguró que "no hay una comunicación directa" y que "nunca hemos tenido colaboración del Gobierno venezolano".

"Tenemos una enorme cantidad de gente de esa nacionalidad y la mayoría de ellos, o muchos de ellos, ni siquiera sabemos quiénes son con exactitud porque no tenemos sus antecedentes anteriores, no tenemos su real identidad (…) ha sido para nosotros un trabajo y un problema enorme tratar de elucidar", sentenció el fiscal de Tarapacá.