El Presidente Gabriel Boric subió notoriamente el tono en el debate sobre seguridad ayer, al acusar a la oposición de exigirle al Gobierno algo que durante el mandato de Sebastián Piñera no fueron capaces de hacer. Y de la misma forma llamó a trabajar colaborativamente y dejar las discusiones que no llevan a nada.

En el marco de la firma el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, el Mandatario apuntó contra las exautoridades de Interior de oposición que no concurrieron a la citación que hizo la cartera hizo este lunes en La Moneda: "Necesitamos que todos trabajemos en la misma dirección y cuando se invita, por ejemplo, a autoridades o exautoridades para que en su experiencia nos puedan a todos colaborar en torno a este interés que es común, uno espera que colaboren y no entrar en ese permanente dimes y diretes de 'no, que yo antes te dije que…'. El problema es hoy día y hoy día tenemos que solucionarlo todos".

Boric abordó con dureza las presiones que de la oposición han dirigido al Gobierno para avanzar en las expulsiones pendientes de migrantes: "Un sector de la oposición, porque no meto a todos en el mismo saco, le dio un ultimátum a la ministra del Interior y anunció una acusación constitucional si el Gobierno no expulsa a alrededor de 12 mil migrantes irregulares. Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el Gobierno anterior, nos están exigiendo que hagamos en dos meses, sabiendo que materialmente es imposible".

Tras criticar la forma en que "se ridiculizó" el altavoz implementado en la frontera, en Colchane, para advertir a viva voz a los ilegales que ingresan al país, Boric expuso:

"¿De qué sirve andar peleando, de qué sirve tratar de tener el tuit con más likes o el video con más reproducciones? Pongámonos a trabajar en conjunto en esto, sin mentiras y en función de lo datos".

"Contradicción"

Ante las interpelaciones desde el Ejecutivo por la ausencia de la oposición en una reunión sostenida el lunes, el ex subsecretario de Interior de Sebastián Piñera, Juan Francisco Galli (RN), planteó en Tele13 Radio que existe una "contradicción por parte del Gobierno. Nosotros, en su momento, fuimos convocados por el subsecretario. Fuimos, participamos, porque entendemos que este es un problema que es la primera prioridad de la ciudadanía, y entendemos que en todo lo que se pueda colaborar hay que estar a disposición. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días es totalmente contradictorio con eso, con generar confianzas, un ambiente de colaboración".

También deslizó una intención de La Moneda de "hacer de esto una gestión política, para desviar la atención, que la crisis no está descontrolada, que tienen buenas cifras, y después critica a los que estamos colaborando con el subsecretario, por no concurrir a una reunión que no tiene agenda, sino que parece más bien una puesta en escena en esta materia".

El ex vocero del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio, agregó que "a casi dos años de iniciado este gobierno, ya no sirven los falsos empates, ni tratar de culpar a otros (...) Hoy el Gobierno tiene que tomar la decisión real y concreta de enfrentar el crimen organizado, de enfrentar la crisis de seguridad que estamos viviendo y para ello, por supuesto que siempre se puede colaborar, pero cuando el Gobierno decide ir a atacar a la oposición, invitarla a colaborar y luego después criticarla, simplemente no se entiende".

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, apuntó en radio Cooperativa que hay responsabilidad de los jueces en el hecho de que los delincuentes vuelvan a las calles: "El problema de la seguridad no se arregla solo con leyes" y tampoco "solo subiendo las penas, eso no basta para hacer que los delincuentes dejen de cometer delitos. Lo que efectivamente baja las tasas de comisión de delitos es la eficiencia judicial, es que haya claridad y esclarecimiento de los casos policialmente y luego condenas judiciales".

El Gobierno Regional del Biobío informó ayer que solicitará la restitución de recursos no gastados y dineros por concepto de boletas de garantía a la extinta fundación ProCultura, con la que se suscribió un convenio por 2.533 millones de pesos en junio del año pasado, luego de que la ONG liderada por Alberto Larraín anunciara el fin de sus operaciones a raíz de los fuertes cuestionamientos por el caso Convenios.

A esto se suma la decisión adoptada el pasado jueves por el GORE Biobío de cerrar el programa "Competitividad de oferta turística y creativa; puesta en valor de la identidad cultural de Biobío", el único que la fundación tenía en ejecución a nivel regional y que fue cuestionado en el primer informe de la Contraloría General de la República emitido hace dos semanas.

El GORE apuntó que el 11 de julio del 2022 se transfirieron 1.506 millones de pesos a ProCultura y el 16 de noviembre del 2023 se redactó el oficio con que se puso término al programa se

El gobernador Rodrigo Díaz dijo que "esperaría que esta gente, que entiendo es correcta, nos restituyera estos recursos porque siendo entregados para una iniciativa deberían estar en su cuenta cautelados previo ejecución de esta. De no ser restituidos, debería proceder un cobro judicial".

Díaz detalló que el GORE Biobío firmó convenios con la fundación ProCultura para la ejecución de dos programas de cinco postulados. Una de ellas es la búsqueda de que el Complejo Ferroviario de San Rosendo fuera declarado a ser Monumento Histórico Nacional. "Ese programa fue ejecutado a satisfacción, está cerrado y rendido en su totalidad", reconoció. Pero por el segundo, que involucraba a Lota, la última rendición fue en septiembre "y se decidió poner término a ese contrato, cobrar la caución y restituir los avances".

Sin embargo, ayer la Fiscalía informó que la cuenta bancaria de ProCultura tiene saldo cero, por lo que se está siguiendo la ruta de ese dinero.