Propuesta de Carta Magna establece regulaciones respecto de la migración
ANÁLISIS. Profesor de Derecho de la UACh revisó disposiciones que incorpora el texto. Una de ellas apunta a la expulsión, la que a su juicio es "inédita" en la historia constitucional.
En su artículo 16, inciso 4 (sobre el derecho a la libertad personal y seguridad individual), letra b), la propuesta de nueva Constitución establece regulaciones respecto de los extranjeros que ingresen de forma clandestina al país o que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos.
Esta disposición "es inédita" en la historia constitucional del país, así lo señaló el profesor de Derecho de la Universidad Austral de Chile, Marcos Andrade, quien indicó que "es primera vez que el propio texto constitucional trate de regular con tanto detalle un asunto que, en principio, es de naturaleza administrativa".
Así -dijo- la propuesta busca entregar al legislador, directamente, e indirectamente a la autoridad administrativa, "un margen de discrecionalidad mucho mayor del que actualmente tiene".
Aquello -precisó- se distancia de los estándares internacionales sobre esta materia que van en la dirección contraria, esto es, "reducir el espacio de discrecionalidad del legislador a la hora de determinar los procedimientos, condiciones o formas en que se producen las expulsiones", explicó.
En el detalle
¿Qué dice el artículo 16 de la propuesta?: "b) La ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Todos los procedimientos y medidas regulados por dicha ley deberán llevarse a cabo con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile".
Y agrega: "La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos. Se procurará que dichos extranjeros cumplan la referida pena en su país de origen, cuando así corresponda de conformidad con la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".
Y continúa: "Con todo, no se aplicarán las disposiciones del párrafo precedente en los casos de refugio, asilo o protección, expresamente contemplados en la ley, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Toda persona, institución o grupo que organice, financie o ejecute, con ánimo de lucro, el ingreso ilegal de personas al territorio de la República incurrirá en las sanciones que determine la ley".
En el detalle, el profesor de la UACh profundizó en la interpretación que podría tener la frase "en el menor tiempo posible".
Sobre esto, indicó que "lo que probablemente está queriendo hacer esta disposición constitucional es mandatar al legislador para que reforme nuestra legislación en materia de expulsión, tratando de rebajar los plazos".
"El problema es que las causales de expulsión están no solo en la nueva Ley de Migración y Extranjería, sino que están en la ley de refugios y también hay disposiciones constitucionales y penales que se refieren a esta materia; todas ellas, en las formas en que el procedimiento opera, tienen algunas peculiaridades", agregó.
Por ejemplo -comentó- en el caso de refugio se establecen ciertas excepciones a la posibilidad de expulsar a alguien que sea solicitante de éste por razones humanitarias. Por lo tanto, "de alguna manera hay que hacer un trabajo dogmático, de reconstrucción de nuestro sistema, a la luz de esta disposición", expuso.
Además, apuntó a que los estándares internacionales si bien implican el establecimiento de plazos, éstos son "razonables", ya que -explicó- "la persona afectada por una medida de expulsión debe tener la posibilidad de contar con acceso efectivo a recursos para poder detener o matizar esta expulsión".
Hacia dónde avanzar
Andrade también hizo énfasis en que si bien el derecho internacional público reconoce la potestad soberana de los estados para determinar las condiciones de ingreso, permanencia y estadía de las personas extranjeras en territorio nacional y hay una excepción de algunos derechos cuando la persona se considera extranjera en tránsito, estas condicionantes "chocan con un catálogo de derechos", los cuales -expuso- "son universales, absolutos e inherentes a la naturaleza humana y que protegen a todos y todas sean donde sea que estén".
"Y en el caso de los migrantes, esto quiere decir en el estado de origen, en el de tránsito y en el de destino", sostuvo, declarando que hacia ese objetivo "debemos aspirar como comunidad política y como comunidad internacional".
Nacionalidad
¿Quiénes son chilenos? El artículo 17 de la propuesta constitucional establece disposiciones sobre esta materia.
Al respecto, se indica en el inciso 1: "a) Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena. b) Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los literales a), c) o d). c) Los que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad con la ley. d) Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley".
En tanto, en los incisos 2 y 3 establece que "la ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena, de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro de todos estos actos" y que "con todo, los nacidos según la situación excepcional del literal a) del inciso 1 serán siempre chilenos cuando, por efectos de lo dispuesto en dicha norma, devienen en apátridas".
"Lo que probablemente está queriendo hacer esta disposición constitucional es mandatar al legislador para que reforme nuestra legislación en materia de expulsión, tratando de rebajar los plazos..."
Marcos Andrade, Profesor Derecho UACh
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