Nuevamente la Corte Suprema se ha pronunciado. Esta vez sobre plazos para el cumplimiento de lo acordado en materia de prima GES. Se ha desestimado un recurso de aclaración de la Superintendencia de Salud para diferir la aplicación del fallo dictado en agosto. Se ha dicho, con claridad y sin matices, que las isapres deben cumplir ahora.

¿Qué dijo la Tercera Sala del máximo tribunal? Que no existen "punto obscuros o dudosos que aclarar". En otras palabras, el fallo debe cumplirse a la brevedad. Pues bien, esto nos devuelve a una situación que hemos venido planteando una y otra vez: el comportamiento de las isapres.

No corresponde otra cosa que acatar los fallos del máximo tribunal de Justicia, tal como lo hace todo ciudadano del país. No hay más espacio para que sigan utilizando a los afiliados como escudos humanos. Inaceptable.

Es lamentable que las personas sigan pagando los platos rotos y en un ámbito tan sensible como la salud. En el caso del GES, estamos hablando de una prima que permite asegurar la atención médica en una serie de enfermedades de alta prevalencia y que todos los afiliados pagan mensualmente. Los cobros indebidos, aumentando los montos a pagar para cada persona, deben retrotraerse, quedar sin efecto. Así de simple, es un fallo de última instancia. Mientras, seguimos esperando que el otro fallo, el que dice relación con los planes, llegue a buen puerto. Al respecto, hay que recordar que existe una determinación del Tribunal Constitucional hace 13 años que le dijo a las isapres que estaban cobrando mal; hay, además, una advertencia de la Superintendencia desde hace 10 años, que señaló que se estaba cobrando de más y hay un fallo de la Corte Suprema que hoy día está todavía dando vueltas entre la discusión de los expertos y la ley corta del Gobierno. La verdad, necesitamos certezas y recuperar la fe pública.

Los cobros mal hechos o son delito o son abusos.

Por eso, las isapres en lugar de seguir pidiendo más plazos, lo que tienen que hacer es pedir disculpas.

Iván

Flores García Senador

por Los Ríos

Seguridad Pública y Desarrollo

Seguridad pública o ciudadana es el concepto que ha acaparado más portadas, discusiones políticas e interés durante los últimos tres años, esto explicado principalmente por el aumento en indicadores de seguridad pública, descentralización del delito y aumento en niveles de inseguridad de la población. En la misma línea y entendiendo la presencia de programas y políticas nacionales y regionales, el trabajo de los gobiernos locales, no siendo su responsabilidad, es hoy y será en el futuro esencial para la misma seguridad pública, pero también para el desarrollo completo del territorio.

En Panguipulli así lo hemos entendido y por ello he impulsado políticas y programas modernos, participativos en materia de seguridad.

La seguridad pública es una condición fundamental para el desarrollo humano y a futuro incidirá en indicadores económicos, emprendimiento, turismo y sociedad, superando la visión reduccionista, que la subordina únicamente a la respuesta policial y legal por parte del Estado y sus órganos, será parte de una construcción social y cultural que depende tanto de la política criminal como de las distintas instituciones responsables del control del crimen y de los diferentes actores sociales involucrados en las diversas modalidades del ciclo de la prevención. La seguridad pública no es un problema meramente policial. La delincuencia, la violencia y la inseguridad son realidades que tienen, al menos, una faceta socioeconómica, un componente sistémico-estructural y una aproximación político gubernamental. En rigor, los intentos por reducirlas o contenerlas exigen políticas consistentes y duraderas, un consenso sobre la manera de enfrentar las causas y sus manifestaciones, una alta capacidad técnica y la voluntad política, entre otros aspectos también importantes.

Una cámara, una camioneta, una moto no pueden ser símbolo de avances en seguridad ciudadana, debe existir un sistema de gestión, diseñado y coordinado para establecer una serie de acciones tendientes a fortalecer socialmente la gestión de la seguridad pública, el deporte es una aliado fundamental, el trabajo en establecimientos educacionales, en comunidades campesinas y urbanas y comprender definitivamente que la seguridad ciudadana y seguridad pública es un área del desarrollo que llegó para quedarse, Panguipulli así lo ha asumido desde hace ya un tiempo junto a nuestra ciudadanía.

Pedro Burgos Vásquez Alcalde Panguipulli

Bono por años cotizados

Una de las propuestas interesantes de la reforma previsional del Presidente Boric, refiere al bono por años cotizados, en donde por cada año cotizado el estado entrega un bono de 0,1 UF, con tope de 30 años o de 3 UF.

Pero el problema de esta buena propuesta, es que su financiamiento sería a partir de un seguro social que se implementaría a partir de la cotización adicional a cargo del empleador, algo poco probable si consideramos que oposición no cede en la propiedad y heredabilidad de la cotización adicional, algo que también es respaldado por la ciudadanía.

Una propuesta interesante, sería impulsar el bono por años cotizados en conjunto con el aumento de la pensión garantizada universal, pero a cargo de impuestos generales, de la mano de una reforma tributaria acotada que financie ambos beneficios.

El financiamiento de las propuestas anteriores no sería tan descabellado, si consideramos que el Gobierno anterior propuso un bono por año cotizado bastante similar al actual, y financiado originalmente a partir de impuestos generales.

Eduardo Jerez Sanhueza eduardo@masprevision.cl

Edadismo y consumidores

En Chile las personas mayores cada vez están representando un porcentaje mayor de la población y, por ello, no deben ser excluidas de la sociedad.

En dicha inclusión también deben considerarse las relaciones de consumo. Lamentablemente, en ocasiones se presentan situaciones que no conducen a dicho fin. Así por ejemplo, la utilización de tamaños de letras pequeños para difundir información necesaria para tomar una decisión, obligan a las personas mayores a requerir de la ayuda de un tercero. Lo propio ocurre en los textos de los contratos por adhesión. En ambos casos, una eventual dificultad de acceso al consumo o bien de toma de decisión, no obedece a un problema de discapacidad cognitiva, sino que sólo a la imposibilidad física de acceder a la información. Con todo, aunque la Ley chilena sobre Protección de los Derechos de los Consumidores omite una referencia expresa a la tutela especial de las personas mayores, ella puede ser desprendida del derecho básico a no ser discriminado arbitrariamente (Art. 3 letra c LPDC).

Erika Isler Soto Instituto de Investigación en Derecho, U.Autónoma