Alzas de las tarifas de electricidad
Para hoy se espera que el gobierno presente un proyecto de Ley ante el Congreso, con medidas para mitigar las alzas en las tarifas del servicio de electricidad que deberían aplicarse este año y que implican aumentos entre un 8% y un 88% para los usuarios regulados, dependiendo de su consumo y de los precios de suministro por parte de los generadores, según informa la Comisión Nacional de Energía (CNE).
El Ejecutivo se comprometió a enviar la propuesta en octubre del 2023, pero se han producido demoras que día a día complican a todo el sector de energía, y a la comunidad, pues se calcula que unas 850 mil familias se verían afectadas; y que las Pymes incrementarían costos a niveles insostenibles. Por ello se hace necesario que, a la brevedad, se ingrese el proyecto y que su tramitación parlamentaria sea durante enero.
Los precios de generación no han sufrido mayores variaciones desde octubre de 2019, cuando se dictó la ley 21.185, PEC 1, la cual fijó las cuentas a niveles establecidos en el proceso tarifario del primer semestre de ese año. Luego, en diciembre de 2019, la Ley 21.194 congeló los precios de distribución, los cuales hoy en día se mantienen sin modificación alguna (ni siquiera IPC).
En agosto de 2022 ocurrió algo similar con la Ley 21.472, PEC 2; pero ahora la situación se ha vuelto aún más compleja para las empresas generadoras y distribuidoras, que han debido absorber el encarecimiento constante de los costos de operación. Lo anterior, es especialmente preocupante para aquellas que entregan el servicio en las áreas rurales del país, las Cooperativas Eléctricas, y que están donde las grandes empresas no llegan, atendiendo a clientes de bajos consumos, dispersos, en condiciones climáticas y geográficas adversas. Es el caso de la Cooperativa Socoepa y Cooprel en la región de Los Ríos.
Desde la Fenacopel (Fed. Cooperativas Eléctricas) han planteado una crisis por este congelamiento, que limita recaudación y capacidad de reaccionar ante un mercado con costos en alza. En tal escenario abogan para que, a través del proyecto de Ley mencionado, se estabilicen precios, se normalicen tarifas de distribución, se subsidie a quienes realmente lo necesiten y, en un futuro cercano, se avance a una tarifa única por tipo de cliente. Hasta ahora no se sabe la ruta elegida desde La Moneda; pero sí está transversalmente claro que no se puede mantener los precios actuales y se debe actuar con urgencia para normalizar la situación tarifaria, así como para resguardar a los más necesitados.