Boric reconoce irregularidades en la entrega de pensiones de gracia
POLÉMICA. El Presidente confirmó que ya fueron revocados 25 de estos beneficios y que "seguramente puede haber más".
Redacción
El Presidente Gabriel Boric reconoció ayer que se produjeron irregularidades en el otorgamiento de pensiones de gracia a afectados por lesiones durante el estallido social de 2019 y confirmó que se retiró el beneficio a 25 personas.
El Mandatario señaló que "hay una situación bien indignante porque hemos conocido antecedentes que no estaban en el momento en que se otorgaron".
"Acá estamos hablando, para que todos entiendan, de 18 mil personas con pensiones de gracia otorgadas desde hace mucho tiempo, que están actualmente vigentes, de las cuales, 418 tienen un vínculo con el estallido social. De ellas, hay cerca de 60 en donde se ha identificado a personas con antecedentes penales", detalló.
En esa línea precisó que "los casos en los que haya existido una grave vulneración a los derechos humanos, como por ejemplo la pérdida del globo ocular, que es algo bastante objetivo de comprobar, tienen el derecho a ser reparado". Pero añadió que "ha habido irregularidades en el proceso, no estaban todos los antecedentes a la vista, habían deficiencias en materia legal como en materia de decretos y por eso le encargué al Ministerio del Interior revisar todas las carpetas".
"Cuando haya casos que no se justifican esas pensiones van a ser revocadas. Ya tenemos 25 identificadas y seguramente pueden haber más. Lo vamos a comunicar a la brevedad", sostuvo Boric.
Contra el delito
El Presidente reconoció también un alza en los delitos de alta connotación pública y adelantó que se desplegará "toda la fuerza del Estado" para combatir la delincuencia.
De esta forma se refirió al doble asesinato de agricultores ocurrido en Malloa: "No les quepa duda que esto es una de nuestras principales prioridades como gobierno, que compartimos la indignación de la ciudadanía, que no estamos disponibles a dejar que esto se naturalice. Estamos tomando medidas muy concretas para poder contener a estos criminales y para que los criminales enfrenten la justicia chilena como corresponde", agregó.
Estas declaraciones se produjeron poco después de que se conociera del asalto sufrido por religiosas de la congregación Hijas de San José: desconocidos entraron al convento ubicado a solo una cuadra de la casa del Mandatario en el barrio Yungay.
"Estuvimos una hora con cuchillos sobre nuestro cuerpo. Tuve que negociar nuestra propia libertad, nuestra propia vida. Ellos nos amenazaron con que si nosotros gritábamos nos violaban y que les entregáramos solamente la plata", dijo la madre Rosa Elena Bahamondes.