Redacción

La Comunidad Judía en Chile denunció agresiones verbales y físicas a las afueras de dos dependencias. En redes sociales trascendió que se trató de manifestaciones en el capitalino Estadio Israelita Maccabi (EIM) y la Organización No Gubernamental (ONG) B'nai B'rith, ambas motivadas por el conflicto en Gaza: "Estas son las consecuencias de importar un conflicto que ocurre a miles de kilómetros y que ha traído suficiente desgracia a Medio Oriente", declararon.

Los hechos ocurrieron en las últimas horas de Jueves Santo, cuando "personas que se encontraban concurriendo a realizar deportes e ingresando a un matrimonio, fueron agredidas verbal y físicamente", señaló la organización.

"Condenamos tajantemente y con la mayor vehemencia estas agresiones promovidas e instigadas por grupos y organizaciones vinculadas a la causa palestina", afirmó la comunidad, mientras en X circularon videos de personas con banderas gritando hacia otras que ingresaban o salían de las actividades antes señaladas.

"No podemos permitir que en nuestro país se normalice este tipo de manifestaciones de odio, especialmente considerando las dificultades en seguridad que atraviesa hoy Chile", continuó la Comunidad Judía. "Si constantemente se promueve el odio, la demonización, los prejuicios sobre el otro y la división, indefectiblemente se derivará en situaciones como las que ocurrieron" esta semana.

La organización, además, indicó que "nos encontramos estudiando las acciones que confiere la Ley tanto en contra de quienes protagonizaron los hechos, como de quienes lo hagan en el futuro y de organizadores, promotores, instigadores y todos los que resulten responsables de ejercer la violencia como medio de expresión".

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, pasado el mediodía de este jueves publicó que se reunió en el Ministerio de Relaciones Exteriores "con el director general de política exterior, Rod Olsen, en la cual abordamos las relaciones bilaterales, la complejidad de la guerra iniciada el 7 de octubre, los secuestrados y la situación humanitaria en Gaza", donde se expresaron "puntos de vista, y resulta que las democracias de Chile e Israel coinciden mucho más de lo que parece".

Comunidad palestina

La Comunidad Palestina de Chile publicó en la tarde del miércoles una "condena enérgica a la organización del evento 'Nación de Héroes. Encuentro con reservistas latinos de las fuerzas de Defensa de Israel', por B'nai B'rith Chile y el Consejo Chileno Israelí, programado para el 28 de marzo".

"Este acto coincide con investigaciones sobre crímenes de genocidio por parte de Israel y un desoído cese al fuego ordenado por el Consejo de Seguridad" de la ONU, agregó la organización.

Personal del Ejército junto a detectives de la Prefectura de Migraciones de la Policía de Investigaciones (PDI) del paso Chacalluta arrestaron a un ciudadano extranjero que intentó ingresar ilegalmente al país por un paso un clandestino.

El individuo, de nacionalidad colombiana, mantenía dos órdenes de detención por secuestro y daños simples.

Según informaron las autoridades, el sujeto fue detenido mientras personal del Ejército realizaba patrullajes en el límite de la frontera norte con Perú.

La patrulla militar avistó a cuatro personas, de varias nacionalidades, que intentaban cruzar hacia Chile.

Cuando el grupo fue llevado a la prefectura de la PDI, el personal policial detectó que uno de los detenidos estaba catalogado como de "alta peligrosidad".

"Personal militar del Ejército, quienes se encuentran desplegados en la frontera, trasladó a nuestra guardia a cuatro extranjeros de diversas nacionalidades, quienes intentaban ingresar clandestinamente al país, para ser reconducidos a territorio peruano", según el relato del subprefecto de Investigaciones, Carlos Rojas, jefe de turno de la Policía Internacional.

Rojas confirmó que dentro de los extranjeros detenidos, había un ciudadano colombiano, que registraba órdenes de aprehensión de un tribunal chileno por el delito de secuestro.

"Dentro de los extranjeros, se encontró a un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien al ser consultado en nuestra base de datos, registró dos órdenes de detención pendiente por el Juzgado de Garantía de Santiago por los delito de secuestro y daños simples", cerró Rojas.

La erradicación de toda forma de violencia contra la mujer es un objetivo que toda sociedad democrática debe perseguir y promover. Son innumerables los contextos en que las mujeres sufren maltrato y discriminación de manera cotidiana, lo que sumado a la lenta y/o precaria respuesta del Estado, resulta en un daño increíblemente difícil de reparar. Por estos motivos la aprobación de la Ley integral de violencia de género debe ser celebrada como lo que es: un avance democrático.

Ahora bien, sin perjuicio de su pertinencia general, esta ley contiene una disposición que abre importantes flancos a la crítica. En concreto, me refiero al artículo 12 que obliga a todos los establecimientos educacionales a promover una educación no sexista y con igualdad de género. Cabe mencionar que ninguno de estos conceptos cuenta con definición legal, lo que sólo agudiza el problema.

Tal como lo ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional, estamos frente a una nomenclatura de indudable contenido valorativo. La abundante literatura disponible sobre el significado de la educación no sexista y la igualdad de género abraza unos determinados presupuestos antropológicos imposibles de ignorar: la tajante diferenciación entre sexo biológico y género o la absoluta uniformidad entre hombre y mujer son sólo algunos ejemplos de esta cosmovisión que inspira los términos del artículo 12.

Por supuesto que estas visiones son legítimas y dignas de ser discutidas en la esfera pública. Después de todo, en eso consiste el pluralismo que debe imperar en todo régimen democrático que se precie de tal. Sin embargo, es en virtud del mismo valor que la imposición general de unos determinados principios y valores resulta inconveniente. Es decir, si valoramos la creación de establecimientos educacionales con idearios y enfoques diversos, ¿por qué se les debe obligar a impartir valores que les resultan ajenos o incluso contradictorios con sus respectivos proyectos educativos?

Se ha dicho que quienes criticamos esta medida, en realidad, pretendemos mantener lógicas discriminatorias a nivel institucional. Pero poco aporta al debate la separación entre buenos y malos, como si el maniqueísmo pudiera llevarnos a soluciones aceptables para ambas partes. Se trata, en cambio, de aunar esfuerzos para proteger integralmente a las mujeres, reconociendo que dicho propósito puede ser alcanzado desde diversas perspectivas y visiones de mundo. No hay, por tanto, un dilema entre protectores y discriminadores, sino una oportunidad para salvaguardar los bienes que transversalmente compartimos en la pluralidad del Estado de derecho.

En definitiva, el llamado es a reflexionar sobre cómo construimos una sociedad civil que se comprometa decididamente con la consecución del bien común, brindando todos los espacios de protección que sean necesarios, en la diversidad cultural que hoy caracteriza a nuestro país.

"Se ha dicho que quienes criticamos esta medida, en realidad, pretendemos mantener lógicas discriminatorias a nivel institucional. Pero poco aporta al debate la separación entre buenos y malos, como si el maniqueísmo pudiera llevarnos a soluciones aceptables para ambas partes".

*Investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.