Justicia argentina responsabiliza a Irán y a Hizbulá del atentado contra la AMIA en 1994
FALLO. A poco de cumplirse 30 años del ataque que dejó 85 muertos, la Cámara Federal de Casación Penal calificó el hecho como "crimen de lesa humanidad".
Efe
La Justicia argentina responsabilizó a Irán y a la organización Hizbulá del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos, y tipificó el delito como un "crimen de lesa humanidad".
Según uno de los dos fallos emitidos por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que ha revisado varias causas vinculadas con este atentado, el grupo chiita libanés Hizbulá ("Partido de Dios") actuó bajo directivas y financiamiento del Gobierno de Irán y fue responsable del ataque.
En el dictamen se señala que la acción terrorista fue planificada durante una reunión en la ciudad de Mashhad (la segunda más poblada de Irán), con altos funcionarios iraníes y miembros de la legación diplomática iraní en Buenos Aires, quienes ordenaron la comisión de un ataque por intermedio de Hizbulá.
Irán, "estado terrorista"
El fallo cita a varios ciudadanos iraníes entre los acusados. Algunos ocupaban posiciones de alto nivel en Irán, al que califica de "Estado terrorista".
Entre quienes tuvieron roles específicos figuran Mohsen Rabbani, entonces agregado cultural de Irán en Buenos Aires y a quien se le considera uno de los principales organizadores del atentado, y Ahmad Reza Asghari, otro funcionario iraní en Buenos Aires, también vinculado a la logística del atentado.
El fallo judicial menciona que Hizbulá, que está catalogada por el Gobierno argentino dentro del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, habría actuado bajo las directivas y con financiamiento de quienes por entonces integraban el Gobierno de la República Islámica de Irán.
La decisión para ejecutar el ataque se tomó en el Comité para Operaciones Especiales (Omure Vijeh), que entonces estaba compuesto por las más altas autoridades religiosas y políticas del régimen iraní.
El ataque fue planificado específicamente para llevarse a cabo en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina-Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (AMIA-DAIA) en Pasteur 633, Buenos Aires.
También se mencionan las órdenes de captura y las solicitudes de cooperación internacional emitidas para detener a los acusados iraníes, que incluyen alertas rojas de Interpol, aunque la extradición ha sido sistemáticamente negada por Irán.
Falseo de pistas
En el segundo fallo judicial, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas para los principales investigadores del caso, entre ellos el juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, por haber inundado la causa de pistas falsas.
Juan José Galeano fue condenado como partícipe necesario del delito de peculado y por prevaricato, con una pena de seis años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, y costas del proceso, mientras que Hugo Alfredo Anzorreguy fue condenado a cuatro años y medio de prisión por peculado y encubrimiento, con inhabilitación absoluta perpetua y costas.
Además, Carlos Alberto Telleldín recibió una condena de tres años y seis meses de prisión por fraude, con inhabilitación absoluta perpetua y costas, al tiempo que se dispuso el decomiso del dinero involucrado en el delito de fraude al fisco, 400.000 dólares.
Otros acusados como Eamon Gabriel Müllen, José Carlos Barbaccia, y Ana María Boragni recibieron penas menores y condenas de ejecución condicional. Y el expresidente Carlos Menem fue absuelto debido a la extinción de la acción penal por muerte sobreviniente (falleció el 14 de febrero de 2021).
El atentado a la AMIA es uno de los ataques terroristas más graves en la historia de Argentina. A lo largo de los años, el proceso judicial fue complicado por acusaciones de encubrimiento y falta de cooperación de varios Gobiernos, incluido el iraní.