Corte Suprema definirá si la competencia en caso de los conscriptos es de tribunal civil o militar
DECISIÓN. El Juzgado de Garantía de Arica descartó inhibirse ante la investigación de la ministra en visita Jenny Book.
Redacción
El Juzgado de Garantía de Arica rechazó inhibirse de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas durante una marcha de instrucción en el Regimiento Motorizado N°24 Huamachuco en Putre, por lo que la Corte Suprema deberá resolver si este caso queda en manos de la justicia militar o de la justicia ordinaria.
El pasado fin de semana la ministra en visita y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book, dictó una resolución inhibitoria de competencias para que dicho tribunal ariqueño dejara la causa y remitiera los antecedentes a la justicia militar. Sin embargo, ayer el juzgado realizó una audiencia para discutir sobre la competencia inhibitoria y definió que sea la justicia civil la que investigue, tal como lo solicitaron el Ministerio Público, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la madre de Franco Vargas, quienes expusieron que la justicia militar no releva los derechos humanos, ya que la figura de víctima no existe en dicha jurisdicción, sino la de "persona interesada".
El juez Juan Araya expuso que "voy acoger la pretensión de los querellantes, en orden a que será la jurisdicción civil la que seguirá conociendo estos asuntos. En consecuencia, vamos a rechazar la pretensión de la ministra Jenny Book. No nos vamos a inhibir de seguir conociendo este asunto".
"En virtud de lo que establece el artículo 190 del Código Orgánico de Tribunales, siendo la ministra un tribunal de mayor jerarquía, corresponderá a la excelentísima Corte Suprema dirimir la contienda que se acaba de trabar", ahondó el magistrado.
Efectivamente, ante este conflicto de competencias será el máximo tribunal la instancia que decidirá en una fecha aún no definida qué organismo seguirá adelante con el caso.
Tras la decisión del Juzgado ariqueño, Consuelo Contreras, directora nacional del INDH, expresó que "estamos muy conformes con la resolución del tribunal, al declararse competente para ver la causa y trabar esta contienda que se ha generado. Ha sido un triunfo para los derechos humanos en este país".