El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, concurrió ayer a la sede de Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones para poner a disposición los antecedentes que tiene el Ministerio de Salud (Minsal) del caso de reducción de listas de espera del Hospital Sótero del Río.
En los últimos días se dio a conocer que más de 323 mil interconsultas en listas de espera fueron eliminadas el año pasado en el centro asistencial ubicado en Puente Alto, por vía administrativa y no todas con su debida justificación, por lo que cientos o miles de personas pueden haber sido canceladas de las listas de espera, sin haber recibido la atención que requerían, lo que generó una investigación penal de oficio por tráfico de influencias que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Sur.
Al salir, Salgado afirmó que la acción se hizo "como una señal del interés que tiene el Gobierno para esclarecer los hechos. Hemos manifestado nuestra intención e interés de seguir colaborando con la investigación, la que esperamos dé cuenta a la mayor brevedad posible los hechos y podamos tomar las medidas que correspondan".
La autoridad también se refirió a la cantidad de afectados: "Se está esclareciendo. Hay un sumario, además está esta investigación", pero "son las cifras que se han conocido, trescientas y tantas mil originalmente, y lo que nosotros tenemos hoy día, como las personas potencialmente afectadas, son poco menos de veinte mil".
El subsecretario también destacó que además de la investigación del Ministerio Público, "también hemos oficiado al Consejo de Defensa del Estado para ver si es pertinente que esa institución también investigue".
Se sabía
Por esta situación la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, diputada Ana María Gazmuri (AH), aseguró que desde hace varios meses venían alertando sobre irregularidades en el Hospital Sótero del Río.
"El 9 de enero enviamos un oficio para solicitar información y saber cuáles eran las medidas que se iban a tomar después de una auditoría interna del Sótero del Río, que justamente detectó que se habían realizado 100 consultas a familiares de funcionarios teniendo menos tiempo que el promedio para ingresar a pabellón", expuso la legisladora.
"Por supuesto que nos parece gravísimo que teniendo ese antecedente a la vista cuando comenzó este año, recién ahora se estén tomando medidas como el inicio de un sumario o solicitar la renuncia del exdirector (Luis Arteaga), lo que por supuesto que consideramos que es una decisión correcta", puntualizó la parlamentaria.
Frente a este escenario, Gazmuri confirmó que han "reiterado el oficio que no tuvo respuesta con la solicitud de información actualizada tras los nuevos antecedentes, sobre las más de 300 mil pacientes afectados que fueron sacados del sistema de manera artificiosa".
El senador Juan Luis Castro (PS) afirmó que "no hay una explicación plausible porque aquí hay una violación de derechos humanos de toda la gente que creyó que iba a ser llamada porque estaba esperando. Aquí nadie da una explicación real de lo que sucedió más allá de los 'errores humanos'. Se pierde la confianza ciudadana en un drama social tan grande como es estar esperando -a veces años- para llegar a un especialista y ser operado".
