Walter Ávila González

Vecinos del sector rural Los Tayos Altos en Panguipulli, manifestaron su preocupación ante una ola de delitos que han ocurrido en la zona en los últimos días, entre ellos una balacera y el robo del generador eléctrico principal del Comité de Agua Potable (APR) de la comunidad, lo que afecta directamente el suministro de 296 familias.

Al respecto, la presidenta del comité, Maribel Ulloa, manifestó que "estamos muy apenados por lo que está ocurriendo en el sector, y aún más porque no se ven acciones para solucionar el problema de la delincuencia, que si bien no es pan de cada día, nosotros que no estábamos acostumbrados a eso, al parecer ahora tenemos que estarlo, lo que no podemos aceptar".

En relación a estos delitos, Maribel detalló que "hace unos días hubo disparos en el sector, y el pasado jueves sufrimos el robo del generador eléctrico del APR, que nos afecta fuertemente, primero por el alto valor que tiene (cerca de 20 millones de pesos) y que para nosotros es imposible adquirirlo, y segundo por el modo en que realizaron el delito, ya que lo hicieron con mucha calma aparentemente, porque fue todo muy ordenado y fueron directamente al generador, no tocaron nada más".

Y agregó que "esto preocupa ya que no es la primera vez que roban en la APR, ya que antes, hace un par de meses, robaron generadores más pequeños y sus baterías, entre otros elementos, lo que lamentablemente se perdió, porque desde la Fiscalía nos informaron que no había manera de saber quien había sido, por no tener cámaras de seguridad o algo similar. Eso para nosotros actualmente es imposible, porque no llega la señal de internet o de teléfono al lugar donde está la APR, aunque de todos modos los tenemos, pero son cámaras que guardan la información en un chip, y no podemos verlo online".

"Y pensamos que era gente que sabía a lo que iba, ya que además de robar el generador, también se llevaron esta cámara, entonces es necesario contar con apoyo policial o ver una manera de contar con un sistema de alarma", enfatizó.

Sobre lo importante de este generador, la presidenta del APR destacó que "es la que hace funcionar la bomba en caso de un corte de luz, y si bien ahora contamos con energía, la función de la bomba funciona al 50%, de manera que el agua es menor y ante el miedo que se corte la luz por el temporal, lo que ha ocurrido antes, claro que hay mucha preocupación".

"Afortunadamente, -añadió la dirigenta- desde la municipalidad no han ayudado desde el primer momento con agua a través de camiones aljibes; y desde la gobernación regional también se comprometieron a ayudarnos a buscar una manera viable para poder adquirir un nuevo generador", cerró.

La Fiscalía Regional de Los Ríos obtuvo una sentencia a penas que suman 100 años de presidio contra ocho integrantes de una agrupación delictual dedicada al tráfico ilícito de cocaína y ketamina en Valdivia. Dentro de las sentencias, a cuatro de estos individuos se les condenó además por el delito de lavado de activos (proceso de ocultar el origen del dinero proveniente de delitos), debido a que con las ganancias obtenidas por la comercialización de droga adquirieron cuatro vehículos, valorados en aproximadamente 45 millones de pesos, los que fueron decomisados.

Sobre la causa, la Fiscalía de Los Ríos - a cargo del fiscal Álex Montesinos- presentó durante el juicio oral pruebas y testimonios concluyentes sobre la participación de los condenados en estos hechos, acreditándose que cometieron estos delitos en Valdivia entre los años 2020 y 2023. Cabe mencionar que esta agrupación fue detenida el 25 de enero del año pasado, luego de un operativo realizado por la PDI, donde allanaron 21 viviendas en la ciudad, incautando además cerca de 20 mil dosis de drogas.

Condenados

Sobre las penas de los condenados, por el delito de tráfico de drogas: Patricia Catalán, 15 años de cárcel; Fredy Flández, 12 años; Elizabeth Espina, 10 años; Ángela Pastén, 5 años y un día; Emilio Rojas, 15 años y un día; además de Lucerina Espina, con 13 años.

Se suman condenas por el delito de lavado de activos, con 8 años para Patricia Catalán; 7 años para Fredy Flández; 5 años y un día para Elizabeth Espina; y 7 años para Emilio Rojas. Cabe mencionar que a Elizabeth, además se le condenó por cultivo y cosecha de cannabis, con 3 años y un día.

Finalmente por el delito de microtráfico de drogas, se condenó con 5 años de presidio a Katherine Alarcón y Cristina Rodríguez.

La sentencia fue comunicada ayer por la 2da. sala del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, presidida por el juez Daniel Mercado e integrada por las juezas María Soledad Santana y Cecilia Samur.

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI Valdivia, tras una investigación coordinada con el Ministerio Público, lograron desarticular una estructura dedicada al trafico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego en la comuna de Futrono. En la ocasión fueron detenidos tres hombres adultos de nacionalidad chilena, quienes fueron puestos a disposición de la justicia.

Según antecedentes del prefecto Cristian Chávez, jefe de la Brianco Valdivia, realizaron entradas y registros en tres viviendas ubicadas en los sectores de Dollinco, Santa Filomena y Pellinada Grande de la comuna futronina, incautando cerca de 6 kilos de droga, entre marihuana y clorhidrato de cocaína; además de 5 plantas de marihuana y cerca de un kilo de cafeína pura. También incautaron una escopeta, dos revólver, municiones y 3,4 millones de pesos.

Carabineros de la Primera Comisaría de Valdivia, en la jornada de ayer detuvieron a un adolescente de 15 años, quien previamente, premunido de un arma blanca, realizó un robo con intimidación en una veterinaria en la ciudad de Valdivia (Austral Pet), huyendo con dinero en efectivo y diversas especies.

Según antecedentes policiales, el joven fue detenido en los alrededores del sector Bueras, llevando consigo todo lo sustraído -detallado por las víctimas-, incluído el dinero.

Finalmente, mencionaron que el adolescente registra antecedentes previos por robo con intimidación, y tiene vigente una medida cautelar de arresto domiciliario total, por posesión de armas ilegales.