Norma de Emisiones para Maquinaria Agrícola
Mónica Oettinger , Presidenta Saval F.G.
La implementación de la Norma 39 sobre emisiones de maquinarias móviles en Chile ha generado un debate intenso en el sector agrícola. Esta normativa, que busca reducir las emisiones de contaminantes provenientes de tractores, cosechadoras y otras maquinarias agrícolas, exige la adopción de tecnologías más limpias y eficientes. Su objetivo es alinear los estándares chilenos con las prácticas ambientales globales, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático y la contaminación del aire.
Sin embargo, esta normativa se enfrenta a un contexto muy distinto al europeo, donde se opera con subsidios a la agricultura para facilitar la transición hacia tecnologías más limpias. En Europa, los subsidios permiten que los agricultores adquieran maquinaria más moderna y ecológica sin que esto repercuta drásticamente en sus costos.
En Chile, la situación es diferente. El 48% de los tractores y cosechadoras que utilizan los agricultores chilenos son importados de Brasil y México, donde los costos son considerablemente más bajos en comparación con los equipos europeos. La implementación de la Norma 39 podría forzar a los agricultores a optar por maquinaria europea más cara, y con mayores costos de mantenimiento, afectando seriamente la economía del sector.El impacto comercial en la cadena de suministro será notable. Los pequeños y medianos productores agrícolas, que ya operan con márgenes de ganancia reducidos, enfrentarán mayores dificultades para adquirir nuevas maquinarias. Esto podría llevar a un aumento en los costos de producción, afectando directamente la seguridad alimentaria del país al encarecer los productos agrícolas y disminuir la competitividad de la agricultura nacional.
SAVAL F.G, como gremio, ha expresado su preocupación ante esta situación. Temen que la falta de subsidios y apoyo gubernamental para la adquisición de maquinaria más ecológica ponga en riesgo la sostenibilidad de muchos productores, especialmente los pequeños y medianos. Además, señalan que el aumento en los costos de producción podría tener un efecto cascada en toda la cadena alimentaria, afectando desde la producción hasta el consumo final.
En definitiva, la implementación de esta norma, sin un apoyo financiero adecuado, podría generar una crisis en el sector agrícola chileno. Es crucial que se consideren medidas complementarias, como subsidios o incentivos fiscales, para mitigar el impacto económico y asegurar que la transición hacia tecnologías más limpias no comprometa la competitividad y la seguridad alimentaria del país.