Cifras de violencia y acoso escolar
Bernardo Berger Fett , Diputado por Los Ríos.
Durante el 2023, la Superintendencia de Educación recibió 206 denuncias relacionadas con maltratos y situaciones de connotación sexual en la comunidad educativa. Estos casos se desglosan en 12 denuncias de maltrato a adultos, 169 a párvulos y estudiantes, y 25 de connotación sexual. Esto plantea una pregunta crucial: ¿Deberían informarse todos los casos a la Superintendencia?
La Ley General de Educación (LGE) define el acoso escolar como cualquier agresión u hostigamiento reiterado, dentro o fuera del establecimiento, perpetrado por estudiantes de forma individual o colectiva. Los establecimientos subvencionados están obligados a constituir un consejo escolar, mientras que los particulares pagados deben crear un comité de buena convivencia escolar. Además, todos deben tener un encargado de convivencia escolar y un Plan de Gestión que incluya protocolos de actuación en casos de abuso, acoso y maltrato.
A nivel de la región de Los Ríos, de los más de 460 establecimientos, 103 presentaron al menos un caso. Valdivia concentra el 57% de las denuncias, con 107 casos en 47 establecimientos. La Unión sigue con el 10%, y el resto se distribuye en otras comunas. Sin embargo, estos son solo los casos denunciados a la Superintendencia. ¿Qué ocurre con los casos que se resuelven internamente en los consejos escolares?
Es interesante cuestionarse si todos los casos, incluidos los resueltos internamente, deberían informarse a la Superintendencia. Informar todos los casos permitiría elaborar indicadores de necesidad de apoyo o intervención, y no solo actuar cuando los casos se agravan y se denuncian. Esto evitaría que las situaciones se conviertan en una "olla a presión" con consecuencias que podrían evitarse.
Una mayor transparencia y registro de todos los casos podría mejorar la efectividad de las intervenciones y políticas educativas, asegurando que todos los estudiantes y miembros de la comunidad educativa se sientan seguros y respaldados. La pregunta queda abierta: ¿Es suficiente la información actual proporcionada a la Superintendencia de Educación, o deberíamos ir un paso más allá para proteger a nuestra comunidad educativa?