El Presidente Gabriel Boric, junto a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, ha promulgado la ley que reforma el Código Procesal Penal, modernizando así el sistema de persecución penal con especial énfasis en la reincidencia.
Este proyecto legislativo, que nace de una moción parlamentaria y fue impulsado por el Ejecutivo, busca endurecer las penas para los reincidentes y dotar al sistema de justicia de herramientas más eficaces para combatir la criminalidad organizada.
Es parte de un "fast track" de 31 proyectos de seguridad, acordado en mayo de 2023 con los presidentes de ambas Cámaras, de los cuales ya se han despachado 23.
Las modificaciones introducidas al Código Penal y al Código Procesal Penal buscan una persecución penal más eficiente, incluyendo la ampliación de técnicas especiales de investigación, como la interceptación y grabación de comunicaciones, destinadas a combatir el crimen organizado.
Además, la iniciativa propone medidas de protección para asegurar la seguridad de todos los involucrados en causas de criminalidad organizada, como fiscales, jueces, víctimas, testigos y policías. Se mejoran las reglas de producción de pruebas para acelerar los juicios orales complejos, se amplían las detenciones en casos de extranjeros involucrados en crimen organizado, y se establece un estatuto para incentivar la cooperación de imputados y condenados.
Asimismo, se modifica la Ley 20.000 para designar a Gendarmería y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de recursos decomisados, y se limita el plazo para que los bancos entreguen información al Ministerio Público.
Este proyecto promulgado es muestra del compromiso y la prioridad que el Presidente Gabriel Boric asigna a la seguridad ciudadana, consolidando una robusta estrategia de seguridad de cinco ejes: fortalecimiento institucional con prioridad en las policías; combate al crimen organizado y control de armas; intervención en territorios con planes concretos y adaptados a sus realidades delictivas; impulso integral a la prevención; y la búsqueda de acuerdos de Estado en materia de seguridad.
