El urgente llamado de los gendarmes
Un video de funcionarios de Llancahe pidiendo más personal, obliga a una respuesta clara.
De acuerdo a cifras de Gendarmería de Chile, en enero de 2023 la población penal en el país alcanzaba a casi 132 mil personas; pero en septiembre de 2024, ya llega a 149 mil. En Los Ríos, las mismas estadísticas señalan que el año pasado había 3.398 y que el mes pasado se contabilizaban 3.719.
De ese total, 1.671 individuos se encuentra hoy en el sistema de régimen cerrado, cumpliendo penas principalmente en el recinto de Llancahue en Valdivia, cuyo aumento de demanda ha sido expuesta con inquietud por la comunidad, por parlamentarios y por los mismos funcionarios de Gendarmería, quienes han solicitado reiteradamente aumento de dotación.
Ayer, precisamente, se hizo público un video que muestra a un grupo de gendarmes en el acceso principal del Centro de Cumplimiento Penitenciario, pidiendo al director nacional Sebastián Urra que autorice la llegada de refuerzos para la guardia interna, el equipo que está en contacto directo con los reos.
En la grabación, el vocero del grupo interpela directamente a la autoridad y enfatiza en que a diario reciben "unos veinte nuevos internos" provenientes de otras regiones, pero que están sobrepasados. "Necesitamos más personal, queremos hacer una buena labor; queremos seguir teniendo el control de los módulos", recalca (ver página 6).
En esa última frase es importante detenerse y recordar que la misma institución y el Ministerio Público han alertado en sus informes anuales que a nivel nacional existen bandas organizadas que operan dentro del sistema carcelario chileno, vinculadas principalmente al tráfico de drogas -tanto en las mismas unidades, como desde ellas hacia el exterior- ejerciendo además violencia, extorsión y hasta tortura.
A nivel local, durante este año se ha registrado al menos siete asesinatos de personas que cumplían condena. En algunos casos hubo identificación de agresores; en otros todavía no.
Es de esperar que las peticiones expuestas sean atendidas. En primer lugar por el personal que las realiza; pero también por la tranquilidad de la ciudadanía. No olvidemos que la llegada de más población penal también trae aparejadas otras externalidades que afectan a la seguridad ciudadana. Es decir, no se trata solamente de un problema "intra muros".