La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, instituida por el papa Francisco para detener la lacra de los abusos, publicó esta semana su primer informe anual, en el que se exige acabar con la opacidad y acelerar la dimisión de religiosos pederastas, entre otras indicaciones.

El informe es fruto del estudio de 20 iglesias locales en las visitas 'ad limita' realizadas en 2023 al Vaticano, entre estas las de Chile, México y Colombia (los obispados deben viajar a Roma cada cinco años para informar al papa y a la Curia de sus situaciones).

Su objetivo, según se lee, es "brindar la posibilidad de informar sobre sus resultados y recomendaciones" al papa, que creó esta comisión en 2014, pero también a las "víctimas supervivientes" de abusos y a todas las iglesias del planeta.

Entre sus principales conclusiones, el informe reclama una mayor transparencia y una más rápida asunción de responsabilidades.

Estas son algunas de las indicaciones que constan en el documento:

1) Fin de la opacidad. La Iglesia necesita impulsar el acceso de las víctimas a la información para afrontar el "problema" de la opacidad en los procesos canónicos. "Deberían estudiarse medidas que garanticen el derecho de todo individuo a acceder a cualquier información que lo afecte, máxime en los casos y responsabilidad de los abusos" (siempre en respeto de la ley de protección de datos).

2) El concepto de vulnerabilidad. Los casos de abusos no solo son con menores sino que la Iglesia también los reconoce en adultos "vulnerables". Por eso, la comisión aboga por desarrollar "una definición mayormente uniforme de vulnerabilidad".

3) Más rapidez. El documento admite que las víctimas aún sufren procesos civiles y canónicos "difíciles, lentos y fuente de continua victimización". Por eso insta a "garantizar una gestión eficaz, rápida y rigurosa" de cada caso de abuso, aclarando también el rol de cada dicasterio -"misterio"- de la Curia Romana.

4) Dimisión fulminante. Otra reclamación es la de "agilizar y acelerar el proceso de dimisión" de un líder eclesial acusado de abuso "siempre que esté justificado".

5) Compensación. El informe pide "estudiar las políticas de indemnización" para ejercer medidas "rigurosas" de reparación en el proceso de "sanación" de las víctimas.

6) Un magisterio contra los abusos. Asimismo el informe llama a "desarrollar aún más el magisterio de la Iglesia" sobre su deber de protección, promoviendo entre sus clérigos "la dignidad de los niños" mediante una visión "unitaria y teológica-pastoral".

7) Especialización. La iglesia, además, debe impulsar un proceso de "profesionalización" entre sus miembros y brindar a quienes estén en contacto con menores "oportunidades académicas" de formación dotadas con "recursos adecuados".

8) "Faltas preocupantes". El primer análisis de la Comisión constató que, mientras algunas autoridades eclesiásticas demuestran un claro compromiso por la protección, otras solo están "al inicio del ejercicio de asunción de responsabilidades". En algunos casos, de hecho, se detectó una "preocupante falta" de estructuras de denuncia y de acompañamiento de las víctimas, lo que contraviene a lo exigido por el papa en su documento 'Vos estis lux mundi' (2023) sobre las normas contra los abusos sexuales.

9) "Conversión continua". Este año la Pontificia Comisión ha cumplido diez años en los que "se ha asistido a un crecimiento de la conciencia tanto de la realidad de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia como a su mala gestión". La publicación de estos informes pretende "facilitar un proceso de conversión continua" dentro de las instituciones católicas.

10. Un lustro para abarcarlo todo. En el planeta hay en total 114 conferencias episcopales, por lo que la comisión, dirigida por el cardenal estadounidense Sean Patrick O'Malley, se fija el objetivo de estudiar todas en el arco de 5/6 años.

Miembros de la comisión creada por el papa Francisco.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres instó esta semana a nuestro país a intensificar los esfuerzos para sensibilizar a la opinión pública sobre el carácter delictivo de todas las formas de violencia de género, ante el recrudecimiento de este flagelo en Chile.

El comité publicó el martes sus conclusiones tras el octavo examen de la situación de Chile en materia de derechos humanos de las mujeres, en las que expresó su profunda preocupación por la violencia de género generalizada en el país, en especial por las altas tasas de violencia sexual y femicidios.

Solo en el primer semestre de 2024, el 84,83% de las víctimas de violencia sexual en Chile fueron mujeres, mientras que los casos de violación aumentaron un 48% entre 2018 y 2022, según datos del organismo.

Ante esta situación, el comité pidió al Gobierno chileno la realización de campañas en los medios de comunicación para concientizar a la población sobre la violencia de género, cuestionar su legitimación social, dejar de estigmatizar a las víctimas y garantizarles mayor protección al denunciar.

El comité también advirtió un aumento de la violencia contra las mujeres a través del ciberacoso, el hostigamiento o el intercambio no consentido de imágenes íntimas, y pidió sanciones más "explícitas y adecuadas" contra los agresores, así como contra los proveedores de plataformas que no denuncien o eliminen contenidos perjudiciales.

También reclamó una mayor concienciación en el ámbito educativo mediante la eliminación de los estereotipos de género de los libros de texto y los planes de estudio para que éstos sean sustituidos en su lugar por contenido sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género.

Por otro lado, el comité criticó las "bajas tasas de investigación, enjuiciamiento y condena" en respuesta a las denuncias de violación y uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros y otras fuerzas de seguridad contra defensoras de derechos humanos en el marco de la ola de protestas del estallido social de 2019.

Tras estas manifestaciones, que muchas veces derivaron en graves disturbios y causaron más de 30 fallecidos y miles de heridos, la ONU y organismos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) acusaron a Carabineros por violaciones a los derechos humanos y abrieron decenas de causas judiciales.

En este sentido, el comité pidió investigar "sin demora" todas las presuntas violaciones de derechos humanos.

Informe habla de violencia de género "generalizada" en Chile.