La SES no responde
Es de público conocimiento que la Universidad Austral de Chile, atraviesa una delicada situación financiera que pone en riesgo su existencia.
Ello ha llevado ya a la renuncia de dos de sus últimos rectores, forzadas por el Consejo Superior Universitario (CSU).
La Subsecretaría de Educación Superior obligó a las autoridades a presentar un plan de recuperación financiera, que -a mi juicio- el vicerrector de gestión y finanzas aplica a su manera, ya que, a ojos vista, es él quien toma las decisiones y no el Rector.
La comunidad permanece al margen y no es consultada. Además, el Sindicato Docente está desintegrándose y prácticamente sin directiva, no pesa nada. Por eso el desapego de la comunidad con el Plan de Recuperación es débil o nulo.
A su vez, los cuerpos colegiados tampoco han contribuido a ayudar. Muy por el contrario, ellos han sido responsables en buena medida del desastre que afecta a la Corporación por su desapego y el escaso cuidado que han puesto en los negocios institucionales y siguen poniendo en riesgo la universidad.
El último grave error -estimo- fue la designación del actual Rector.
Los Estatutos de la Universidad (Art. 50 y 51) encargan exclusivamente la elección del rector al Estamento Académico. Tras la última renuncia del ex rector Hans Richter B., el CSU hizo caso omiso del Estatuto, la Ley y la Constitución (Art. 7°) y, arrogándose competencia que no tiene, nombró por sí y ante sí un nuevo Rector Titular.
Dado que la SES tiene entre sus obligaciones (Art. 3°, c, ley 20.800) hacer cumplir los estatutos de las universidades, con fecha 20 de abril, 2024, denuncié esta irregularidad ante este organismo, el que, desde entonces, con diversas maniobras dilatorias y evasivas, ha ignorado mi reclamo, pese a que incluso he recurrido hasta la Contraloría General de la República para que exija una respuesta clara y de fondo. Pero nada.
En Chile hoy, al parecer, las instituciones ya no funcionan con la eficiencia del pasado reciente.
Sin embargo, al mismo tiempo hemos visto que con gran celeridad la SES obligó a la USS a responder en un plazo perentorio a sus requerimientos y también en breve plazo sancionó a la Universidad Mayor. Bien. Muy bien si fuera ley pareja y si se aplicara a todos por igual. Si no, estamos ante la "justicia del cadí", como nos recordaba el rector Peña hace algunas semanas en su columna dominical. ¿ Por qué, entonces, tanta "manga ancha" con unas y no con otras universidades?
Si una Universidad de prestigio, con la anuencia de sus abogados y juristas, quienes de paso mantienen significativos privilegios institucionales, quiebra la Constitución, y la autoridad llamada a hacer valer la Ley, se pone de perfil, ¿cómo podríamos entonces, oponernos el día de mañana, a que una autoridad pública, invocando "circunstancias extraordinarias" decidiera aferrarse al poder ilegalmente, cuando quienes debieran estar alerta y predicar con el ejemplo, recomiendan hoy una medida como la explicada, abiertamente inconstitucional, ilegal y antidemocrática ?
Elías Juan Carrasco Maira Socio de la Corporación Universidad Austral de Chile Académico retirado UACh
Garantizar alimentación
Entendemos la importancia de velar por la transparencia y la probidad en la gestión de los recursos públicos, especialmente tras los casos de irregularidades conocidos como "caso convenios". No obstante, lamentamos profundamente que en este esfuerzo por regular los procesos, se estén tomando decisiones que perjudican directamente a los niños y niñas más vulnerables.
Tal es el caso del cese de recursos destinados a alimentos, anteriormente otorgados a instituciones colaboradoras a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), dejando sin solución y en riesgo la continuidad del financiamiento de los alimentos al interior de las residencias.
Creemos en el correcto uso de los recursos y por ello, el fin de las asignaciones directas es una medida que celebramos en beneficio de la probidad. Sin embargo, es preocupante que no se desarrolle el concurso anunciado como nuevo mecanismo para entregar recursos desde JUNAEB, pues es negar un derecho a alimentos que es propio de las niñas y niños, declarando incierto el futuro respecto de este aporte, en un contexto donde además, la infancia no ha sido protagonista de la discusión presupuestaria de cara a 2025.
Liliana Cortés, Hogar de Cristo Ignacio Concha, María Ayuda José Manuel Ready, Protectora de la Infancia