El año 2024 finalizará con un panorama incierto y una gran preocupación para los Gobiernos Regionales de Chile, quienes enfrentamos restricciones severas que han dificultado nuestra capacidad de gestión. La situación financiera de las regiones, particularmente la falta de liquidez y la escasez de recursos, está llegando a un punto crítico que pone en riesgo proyectos emblemáticos, obras públicas fundamentales e incluso la estabilidad de nuestras empresas locales. Es hora de reconocer que no podemos seguir avanzando bajo estas condiciones, y necesitamos un cambio profundo en la forma en que se gestionan los recursos en el país.
Estas dos últimas semanas hemos estado viajando a la capital junto a nuestra Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, para manifestar nuestra preocupación por los recortes presupuestarios sufridos; también fuimos al Congreso a buscar los apoyos para la Ley de Presupuestos 2025.
Estamos enfrentando un escenario muy complejo, que tiene que ver con que desde el Ministerio de Hacienda no se han realizado los depósitos correspondientes a nuestras cuentas, lo que ha generado un desajuste financiero significativo. Este retraso podría impactar nuestra capacidad de ejecutar proyectos, de pagar a las empresas que ejecutan obras públicas en la región y, por consiguiente el riesgo de quiebra para estas empresas, lo que podría resultar en el abandono de proyectos importantes y, lo peor, la paralización de iniciativas emblemáticas.
Esta situación también ha afectado directamente a las tradicionales actividades de verano financiadas con nuestras subvenciones del 8%, que son fundamentales para la reactivación económica.
Ante la grave crisis financiera que enfrentan las regiones, los Gobiernos Regionales, a través de AGORECHI, han decidido tomar medidas urgentes. Esta semana, una delegación viajará a Santiago para exigir al Gobierno Central, especialmente al Ministerio de Hacienda, una respuesta inmediata sobre la escasez de recursos que afecta a todas las regiones. Es fundamental que se comprenda la magnitud de la situación, ya que las regiones no pueden seguir sin los fondos necesarios para cumplir con sus responsabilidades y evitar una parálisis administrativa.
La falta de recursos está deteriorando la calidad de los servicios públicos y frenando las inversiones en infraestructura, lo que pone en peligro las expectativas y la confianza de la ciudadanía en sus autoridades regionales. El Gobierno Regional, que debería ser el pilar más cercano y confiable, se ve impotente ante esta crisis. ¡Esta situación debe terminar! Es urgente que el Gobierno Central actúe para asegurar los recursos necesarios para el correcto desarrollo de las regiones y su gente.
