El 31 de enero debiera entregar sus conclusiones y propuestas la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, convocada por el Presidente Gabriel Boric, encabezada por el senador de La Araucanía Francisco Huenchumilla (DC) e integrada por parlamentarios, académicos y representantes de diversas instituciones y sectores sociales de la Macrozona Sur, incluida la región de Los Ríos.

Su objetivo es avanzar en el abordaje de la relación con los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche; responder a desafíos como la reivindicaciones de tierras y a la violencia rural; además de delinear caminos futuros en este ámbito. Para alcanzarlo, y a lo largo de casi dos años (comenzó en junio de 2023), la Comisión han estudiado el tema, escuchado a diferentes personas en espacios de participación ciudadana y también considerado ejemplos internacionales de países como Canadá, México, Colombia, Noruega y Nueva Zelanda, entre otros, donde los avances en esta materia son reconocidos.

Hasta ahora no hay adelantos oficiales de lo que ese informe final indicará, pero los diversos comisionados han indicado que la labor no se ha desarrollado de manera fácil. Muchos elementos están en juego, muchas miradas diversas, respecto de la realidad actual y sobre la historia, frente a las cuales no logran consensos. Pese a ello, la Comisión busca realizar sugerencias realistas, posibles de llevar a la práctica y que respondan la urgente necesidad de acercamiento entre diversas posiciones, que el tema amerita.

En recientes entrevistas, tanto el senador Huenchumilla como al senadora Carmen Gloria Aravena -también integrante del grupo- han expuesto el desafío nacional que implica un nuevo trato con los pueblos originarios, respetar su diversidad cultural, ampliar su derecho a representatividad cívica y responder a sus demandas, permitiendo la superación de la pobreza en varias de las zonas donde habitan comunidades; pero sin olvidar que Chile es una nación unitaria y que se debe garantizar el Estado de Derecho.

Esta labor, sin dudas que es de alta trascendencia y las iniciativas que de ella surjan podrán dar más luz para alcanzar soluciones y generar cambios que proyecten mejor convivencia en el largo plazo. En tal contexto, desde nuestra región es preciso seguir con atención esta noticia.

Recientemente el Ministerio Público, a través del Fiscal Nacional Ángel Valencia, calificó como "significativa e inexplicable", la disminución presupuestaria para la institución por $7 mil millones.

El fiscal argumentó que, entre otras materias, se trata de fondos destinados para la seguridad de fiscales, seguridad de la Fiscalía, estudios respecto al impacto de actividades que se encuentran desarrollando, además de compras de aplicaciones informáticas para el análisis criminal.

Desde la Comisión de Constitución del Senado, instancia que presido, escuchamos con preocupación la situación, y junto a los senadores miembros de la instancia decidimos enviar un oficio al Presidente de la República, al Ministerio de Hacienda, y también a la Fiscalía Nacional, para que se puedan entregar antecedentes detallados de las razones detrás de la disminución presupuestaria.

En el caso del Ministerio Público, para conocer el detalle del impacto del recorte presupuestario en el funcionamiento de la institución. Resulta preocupante un recorte de tal magnitud, considerando el rol crucial que desempeña el Ministerio Público en la persecución penal.

En un contexto donde la ciudadanía demanda mayor seguridad y eficacia de las instituciones, reducir los recursos destinados a la institución es una señal contradictoria y perjudicial, pues impacta en la calidad de las investigaciones, en peritajes, y en la capacidad del Ministerio Público para llevar a cabo su labor de manera eficiente.

Desde la región de Los Ríos llevamos largo tiempo insistiendo en la necesidad de que se puedan reforzar las funciones preventivas en materia de seguridad, a través de la implementación de un Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Una inversión necesaria para avanzar en la labor preventiva de los delitos, que requiere de recursos y de logística para que se pueda implementar. No podemos, por un lado, estar legislando arduamente para robustecer la legislación en seguridad, al mismo tiempo en que le estamos quitando recursos a la institución para cumplir con sus objetivos.

Esperamos que la medida se pueda corregir en el corto plazo, para que el órgano persecutor disponga de los recursos necesarios para llevar adelante sus diligencias. Desde la Comisión de Constitución estaremos atentos a la respuesta de la información solicitada, y no se descarta citar a las partes para que puedan concurrir a fundamentar la medida.

El fortalecimiento de la seguridad debe ser transversal y coordinado entre los poderes del Estado.

Un total de 127.144 personas cruzaron la frontera entre Argentina y Chile durante el año 1984 a través del paso Internacional Puyehue avanzada de Pajaritos, un aumento significativo en comparación a los 103.944 del año anterior. La cifra fue destacada por las autoridades como una forma de demostrar la importancia de la actividad turística.

40 mil toneladas de astillas

Desde muy temprano comenzaron ayer las faenas para atracar en el puerto de Corral el barco de bandera panameña Regno Marinus, que proviene de su destino anterior, Japón, y cargará 40 mil toneladas de astillas de nuestra nación. Es uno de los mayores embarques realizados.

Aprueban hidroeléctrica

En su segunda etapa se encuentra el proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica Licán, la cual contempla una inversión de 14 millones de dólares y se ubicará en la comuna de Río Bueno, provincia de Valdivia. La Comisión Regional de Medioambiente, dio su aprobación.